Según el informe, España continúa enfrentando un clima de inestabilidad regulatoria que podría desalentar la inversión. A pesar de que la tasa de rentabilidad propuesta es superior a la actual.
La Asociación de Distribuidoras Eléctricas Europeas ha alertado sobre la falta de estabilidad regulatoria en España, un factor que podría afectar negativamente la rentabilidad y el interés de los inversores en las redes eléctricas del país. En un informe conjunto elaborado por E.DSO (la Asociación Europea de Operadores de Sistemas de Distribución Eléctrica) y GEODE, se señala que la tasa de rentabilidad financiera (TRF) propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo regulatorio 2026-2031, fijada en un 6,58%, sigue estando por debajo de los índices de referencia internacionales.
El análisis, que compara las políticas regulatorias de siete países de la UE —Austria, Finlandia, Irlanda, Italia, Polonia, España y Suecia—, destaca que España se encuentra en la peor posición dentro de este grupo, particularmente en lo referente a los parámetros del Coste Medio Ponderado de Capital (WACC), la predictibilidad de los ingresos y el balance entre los gastos de inversión (Capex) y los de operación (Opex). En contraste, Italia y Austria figuran entre los países con mejores valoraciones en los aspectos analizados.
Según el informe, España continúa enfrentando un clima de inestabilidad regulatoria que podría desalentar la inversión. A pesar de que la tasa de rentabilidad propuesta es superior a la actual, se mantiene por debajo de los niveles adecuados para atraer el capital necesario, lo que pone en riesgo las inversiones imprescindibles para el desarrollo de infraestructuras y la transición energética.
La asociación también subraya la inseguridad jurídica que afecta a las distribuidoras eléctricas en España, especialmente debido a la falta de claridad en los planes de inversión para el periodo 2023-2025, que aún esperan aprobación formal. Además, la remuneración de los operadores de sistemas de distribución a partir de 2023 sigue sin publicarse, lo que genera incertidumbre.
En cuanto a los procedimientos regulatorios, E.DSO y GEODE denuncian la existencia de "inspecciones ex post de las inversiones finalizadas sin criterios predefinidos", lo que provoca inconsistencias procesales y retrasa la recuperación de costes. La falta de una metodología estable para la remuneración de las inversiones debilita la confianza de los inversores y ralentiza la ejecución de proyectos clave para la transición energética.
En el contexto de la transición energética, los retrasos y la falta de un marco claro podrían afectar la capacidad de España para realizar las inversiones necesarias en infraestructura energética. La directiva europea 2019/944, que exige la mejora de la distribución eléctrica y la información al cliente, aún no se ha implementado en el país, lo que subraya la distancia entre España y otros países de la UE en cuanto a sus planes de desarrollo en el sector energético.
Con esta situación, las distribuidoras eléctricas europeas llaman a una revisión urgente del modelo regulatorio en España, advirtiendo que la falta de predictibilidad y rentabilidad podría comprometer el avance en la modernización de las redes y en los esfuerzos por cumplir con los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de la Unión Europea.
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