El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EUROPA PRESS
El Gobierno aprueba una nueva tasa energética para 2025 y se compromete a convertirla en un impuesto
Lo hizo en el último decreto del año tras la caída del impuesto energético por el voto de PP, Junts y PNV en la reforma fiscal aprobada la semana pasada
El Gobierno ha aprobado un nuevo gravamen temporal sobre las energéticas para 2025, que contará con bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades de descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
La idea inicial del Ministerio de Hacienda era prorrogar el gravamen que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, compromiso que adquirió con ERC, Bildu y BNG.
Pero esa tasa quedó derogada el pasado sábado con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición para ese propósito que consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PP, PNV y Junts.
En este escenario, el Gobierno ha aprovechado el último decreto del año para aprobar un nuevo gravamen energético, que tendrán que satisfacer en el ejercicio de 2025 determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos.
El gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de PNV y Junts en la convalidación del decreto en el Congreso: una es que se introduce una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, algo que el Ejecutivo pactó en un inicio con los catalanes; y otra para convertir el gravamen en impuesto, para atraer el voto de los vascos.
El Ministerio de Hacienda explica que esas inversiones serán consideradas en función de su magnitud para contribuir al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales.
Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
Bildu avisa que ya no hay excusas para el PNV
A su vez, EH Bildu ha confirmado que el decreto incluye una disposición adicional segunda para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de Euskadi y Navarra.
"Este acuerdo garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco", han celebrado los 'abertzales' tras dar a conocer la medida.
Con el compromiso de convertir la tasa en un impuesto, la formación considera que "no existe ninguna razón válida" para que el PNV se oponga a la medida, por lo que ha instado a los nacionalistas a "abandonar las excusas y a apoyar la convalidación del decreto".
"No convalidarlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales", advierte EH Bildu.
El Gobierno sabía que el tributo caería este jueves y se prepara para aprobarlo vía decreto la semana próxima. Pero la alianza es una advertencia para Sánchez. Se mantiene el impuesto a la banca
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.