Félix Bolaños habla con el secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. EFE
El PSOE y Sumar aplazaron sin fecha la comisión que debía aprobar la rebaja de la tasa pactada por PP y Junts, y puede sumar a ERC para revertirla
El PSOE y Sumar, partidos del Gobierno de coalición en España, suspendieron sin plazo fijo la reunión de la Comisión de Transición Ecológica que debía abordar la suspensión del impuesto del 7% a la producción eléctrica, una medida que fue pactada este miércoles más temprano entre Junts y el PP durante una comisión del Congreso, y que tuvo el apoyo de Vox, ERC y PNV.
La suspensión del impuesto fue introducida por las formaciones de Carles Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo como una enmienda al Proyecto de Ley sobre el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
De aprobarse, el gravamen del 7% pasaría al tipo 0, siempre y cuando no exista déficit de tarifa, lo que significaría una pérdida de 1.500 millones de euros en ingresos para el Estado, según cálculos del Ministerio de Hacienda.
El Gobierno no pudo bloquear la enmienda durante su inclusión en la ponencia debido a la ausencia de uno de los diputados socialistas en la Mesa de la comisión, y el empate permitió que la propuesta avanzara, provocando una nueva crisis política para el Ejecutivo.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, está liderando los esfuerzos del Ejecutivo para encontrar vías legales que permitan revertir la enmienda.
Según fuentes del PSOE, una de las opciones con más posibilidades es presentar un voto particular, un mecanismo que obligaría a los partidos que apoyaron la medida a cambiar su posición para que la enmienda sea eliminada durante el trámite parlamentario.
El reglamento del Congreso permite al Gobierno vetar enmiendas en cualquier etapa de su tramitación si considera que estas pueden causar un daño significativo a las finanzas públicas.
No obstante, este procedimiento depende del respaldo político y de un timing preciso.
Pero el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo en la tarde de este miércoles que no descarta ayudar a revertir la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica que se incluyó mediante la enmienda de PP y Junts.
Tanto PSOE como Sumar buscan ahora la fórmula para revertir esa enmienda y una de las posibilidades es alcanzar un acuerdo con algún socio del bloque de investidura para sacar adelante un voto particular que anule el cambio aprobado en ponencia.
Tanto ERC como el BNG --socios del Ejecutivo--, que tiene todo el voto del Grupo Mixto en la Comisión de Transición Ecológica, se abstuvieron en la votación.
El portavoz de la formación catalana explicó que la abstención de ERC se debe a que no existe una posición clara, pues se tiene que "encontrar el equilibrio" entre no perjudicar a empresas de energía renovable, que pagan el impuesto, y que no afecte al bolsillo del consumidor.
"Nosotros lo único que intentamos es encontrar ese equilibrio", señaló en los pasillos del Congreso Rufián, quien recordó que ese impuesto suprimido fue aprobado por el PP en 2013.
El bloqueo del Gobierno llega en un contexto de creciente tensión política. Por un lado, el PP y Junts defienden que la suspensión del impuesto supondría un ahorro estimado de 400 millones de euros para los hogares españoles. Por otro lado, el Ejecutivo insiste en que la medida pondría en riesgo ingresos fundamentales para el Estado.
Además, este episodio refleja una creciente fragilidad en las alianzas del Gobierno, ya que socios clave como ERC y PNV se mostraron a favor de la suspensión del impuesto, aunque el ERC matizó luego esa posición.
Esta falta de cohesión complica aún más los esfuerzos del Ejecutivo por mantener el control legislativo en temas sensibles.
El futuro de esta medida dependerá de las negociaciones en los próximos días y de la capacidad del Gobierno para utilizar las herramientas parlamentarias a su favor.
Mientras tanto, la suspensión del impuesto del 7% a la producción eléctrica sigue siendo un tema de debate que pone a prueba la estabilidad de la coalición de gobierno y sus relaciones con los partidos aliados.
