El ministro para la Transformación Digital, Oscar López.
El Gobierno cancela a última hora un contrato para Defensa con equipos de la china Huawei
El Ministerio para la Transformación Digital suspendió la adjudicación por diez millones de euros a Telefónica de un contrato para fortalecer la red pública de fibra óptica de Red.es, equipada con componentes del fabricante chino.
El Ministerio para la Transformación Digital canceló un contrato para potenciar las prestaciones de fibra óptica para diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa, con equipos de Huawei, la empresa china que quedó en la mira de Estados Unidos y la Unión Europea.
Red.es, la compañía pública en el ámbito del departamento que dirige Óscar López, había avanzado el pasado lunes en una adjudicación a Telefónica de 10 millones de euros para la instalación de equipos de nueva generación de Huawei en una megarred de fibra óptica pública de más de 16.000 kilómetros, según publicó este viernes el diario El País.
"El contrato se cancela por motivos de estrategia digital y autonomía estratégica. Se va a proceder a elaborar y publicar un nuevo contrato para renovar el equipamiento de una tercera parte de la RedIRIS con nuevo equipamiento dado que el actual está finalizando su ciclo de vida útil", dijeron fuentes de la cartera de Transformación Digital a Europa Press.
El objetivo de la licitación cancelada era ampliar la capacidad de transmisión de la RedIRIS hasta 400 gigabits por segundo (Gbps), frente a los 100 Gbps actuales.
Pero el "cambio de estrategia" del Gobierno en relación con la RedIRIS pasa ahora por renovar un tercio del equipamiento, aunque aún se desconoce si en los pliegos técnicos de la nueva licitación se volverá a exigir que los dispositivos a suministrar sean de Huawei o no. Tanto Telefónica como Huawei rechazaron realizar comentarios sobre esta información.
Pedro Sánchez y Xi Jinping
El "cambio de estrategia" del Gobierno con el contrato de Huawei
Lo que se sabe es que el Gobierno publicará un nuevo contrato para renovar un tercio del equipamiento de la RedIRIS, una infraestructura que en la actualidad se basa en aparatos de Huawei para enviar, recibir, dirigir y asegurar la información dentro de la red, es decir, el denominado equipamiento IP, que incluye ‘routers’ y ‘switches’, entre otros dispositivos.
Las fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública confirmaron que el Ejecutivo lanzará la nueva licitación debido a un "cambio de estrategia" en torno a la RedIRIS, una red de fibra óptica de alta capacidad que da servicio a unos 500 centros académicos y científicos de toda índole, incluso del Ministerio de Defensa, y que cuenta con unos 5 millones de usuarios finales.
Los riesgos para la seguridad y las advertencias de EEUU y la UE
En los últimos meses Huawei se vio envuelta en una polémica por su contratación como proveedor del Gobierno en áreas que afectan a la seguridad del país, como su participación en el equipamiento que se utilizar para el almacenamiento de las escuchas policiales.
El uso de esos equipos por parte del Gobierno español derivó en reacciones en Estados Unidos, donde responsables republicanos pidieron a la directora de la Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, una revisión de sus acuerdos con España en este ámbito.
Ya desde 2023 la UE venía advirtiendo que tanto Huawei como la también china ZTE son proveedores que plantean serios riesgos para la seguridad nacional.
Por su parte, China solicitó a Estados Unidos que no se inmiscuya y garantizó que los productos de Huawei cumplen con las leyes y regulaciones de España.
El gobierno de Donald Trump tomó esa medida por el contrato del Ministerio del Interior para que la tecnológica china opere las escuchas judiciales en España. Crece la preocupación en la OTAN por la política de Sánchez.
La carta de los legisladores republicanos eleva el caso a nivel federal y abre la puerta a posibles sanciones tecnológicas o restricciones comerciales contra España.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.