El Gobierno negocia a contrarreloj con PNV y Junts una reforma fiscal integral

El Gobierno trabaja a contrarreloj para diseñar una reforma fiscal que contente a la vez a Bruselas y a sus cada vez más inciertos apoyos parlamentarios. De momento el Ejecutivo ha ganado una semana de margen para lograr la cuadratura del círculo, después de que el Congreso de los Diputados ampliara hasta el 30 de octubre el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que transpone el tipo mínimo global de Sociedades del 15%.

El Ejecutivo, según confirman fuentes oficiales, cuenta como escenario principal con incluir como enmiendas a esta norma la conversión en perpetuos de los impuestos a banca y energéticas, así como otra batería de medidas tributarias que acerquen la recaudación española a la media europea, pero la letra pequeña sigue negociándose con PNV y Junts, lo que mantiene en el aire esta reforma tributaria.

Hacienda tiene doblemente comprometido con Europa abordar una reforma fiscal. En primer lugar, el Plan de Recuperación condicionó la aprobación de una reforma tributaria que acerque la recaudación española al a media europea como principal hito para desbloquear el quinto desembolso de ayudas Next Generation, por 7.200 millones de euros. En segundo lugar, el pasado 15 de octubre, el Ejecutivo planteó a la Comisión Europea la aprobación de una reforma impositiva, que eleve los ingresos públicos de forma estructural en unos 4.500 millones de euros (0,3 puntos de PIB) a partir de 2025, como parte del Plan Fiscal Estructural de reequilibro de las cuentas públicas que busca drenar el déficit y la deuda.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya aclaró que dentro de este paquete de medidas se incluiría la conversión en perpetuos de los impuestos a banca y energéticas. Ambas figuras nacieron originalmente como impuestos extraordinarios de carácter temporal para 2022 y 2023, bajo el concepto de "prestación pública patrimonial no tributaria", y fueron prorrogados por un año más, pero vencen el próximo 31 de diciembre. El llamado impuesto a la banca, que grava al 4,8% el margen de intereses y comisiones netas de la actividad española de las entidades financieras que facturasen más de 800 millones en 2019, obtuvo 1.695 millones. El gravamen a las compañías del sector eléctrico, gasista y petrolero, que afecta a las que facturasen más de 1.000 millones en 2019, aplicando un tipo del 1,2% sobre su cifra de negocio, aportó 1.164 millones.

Desde que se impulsara, el PNV lleva presionando para modular el tributo energético para bonificar la electrificación, algo que el Gobierno se comprometió a recoger en la conversión a permanentes. Pero la redacción final se está complicando más aún ante la presión de las grandes energéticas, y en especial después de que Repsol se haya llevado nuevas inversiones a Portugal en protesta por el tributo y haya advertido que estudia otras deslocalizaciones. El movimiento ha inquietado a Junts, que ve peligrar inversiones en Cataluña y de momento se opone a apoyar su permanencia, mientras que el líder del PNV Andoni Ortuzar alertó de que "no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro". Mientras, la banca presiona para suavizar el tributo financiero y hasta el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pedía esta semana en EXPANSIÓN lograr su neutralidad, permitiendo deducir las provisiones.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendió ayer la mano a todos los grupos para la triple negociación que encara por fases: reforma fiscal, senda de déficit y Presupuestos. "Sin nuestros siete votos no hay Presupuestos", le recordó ayer Junts en el Congreso, mientras el Gobierno intensifica el diálogo, abriéndose a nuevas cesiones, como suavizar los nuevos impuestos para que graven beneficio en lugar de facturación por ejemplo.

A falta de ver si las modificaciones que puedan llegar a pactarse reducen su capacidad recaudatoria, los impuestos a banca y energéticas han aportado este año 2.859 millones. Para cumplir con Bruselas, por tanto, Hacienda necesita aprobar medidas para incrementar la recaudación en al menos 1.650 millones más. Entre las opciones que se barajan están la posibilidad de retomar la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, que España tiene pendiente acometer y casa con los compromisos adquiridos con la UE de avanzar en fiscalidad verde. En paralelo, los socios del Gobierno de coalición coinciden en apostar por una armonización autonómica del Impuesto de Sucesiones (al estilo de la que supuso en Patrimonio la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas), pero difieren en los tiempos: Sumar quiere impulsarla ya mientras el ala socialista prefiere esperar a enmarcarla en una reforma integral del sistema de financiación autonómica.

En cualquiera de los casos, el plan del Gobierno es incluir parte de las nuevas medidas junto a los tributos a banca y energéticas en el proyecto de ley que transpone la directiva europea sobre el tipo mínimo global del 15% a grandes empresas que España debía haber adoptado antes de finales de 2023. Bruselas, de hecho, ha acabado denunciando a España por su demora ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el país se juega una multa comunitaria.

El Gobierno aspira a lograr un acuerdo con PNV y Junts antes del miércoles para incluir el grueso de su reforma fiscal como enmienda a este proyecto de ley, como ya hizo al incluir in extremis el impuesto a las fortunas como enmienda a la creación de los tributos a banca y energéticas. En caso de no lograr el respaldo suficiente, se asume que el Parlamento tumbaría las enmiendas, manteniendo vivo el proyecto exigido por la UE, dejando al Gobierno ante su plan B: seguir negociando un poco más antes de impulsar la reforma fiscal por la vía del Real Decreto-ley, confiando en desbloquear antes de su convalidación el apoyo a la reforma, la senda fiscal y los Presupuestos.