Carlos San Basilio, designado presidente de la CNMV. EUROPA PRESS
El Gobierno nombra a Carlos San Basilio presidente de la CNMV
Paloma Marín será la vicepresidenta de la entidad. Los dos candidatos fueron propuestos por Carlos Cuerpo y reemplazarán a Buenaventura y Martínez Parera
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes sendos reales decretos por los que nombró presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Carlos San Basilio, y vicepresidenta a Paloma Marín, según consta en la referencia oficial.
Los dos candidatos, propuestos por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recibieron el respaldo de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, el pasado 17 de diciembre.
Previamente, el 10 de diciembre, el Consejo de Ministros había aprobado sus candidaturas.
San Basilio y Marín sustituirán en el cargo a Rodrigo Buenaventura y a Montserrat Martínez Parera, que el pasado 16 de diciembre concluyeron sus mandatos.
El saludo de Carlos Cuerpo
En un mensaje en la red social X, Cuerpo dio las gracias a Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez por "su gran labor en la CNMV", "clave para fortalecer la confianza en los mercados financieros", y dio la bienvenida a Carlos San Basilio como presidente y a Paloma Marín como vicepresidenta.
La trayectoria de San Basilio y Marín
San Basilio, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Administración Pública por Kennedy School of Government, Harvard, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1990.
Tras ocupar diversos puestos en el Ministerio de Economía, entre otros cargos fue director de Cofides (2010-2012), director general de Patrimonio del Estado (2012), director de Resolución del FROB (2015-2016), director general del Tesoro (2016-2018) y secretario general del Tesoro (2018 y 2021).
Actualmente, desempeñaba el cargo de director ejecutivo de Estrategia Corporativa del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) con proyectos estratégicos como la ampliación de capital para apoyar a Ucrania o la expansión de actividades del BERD en el África Subsahariana.
Paloma Marín, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y máster en Derecho Europeo por el Colegio de Europa, Brujas (Bélgica), ejerció hasta 2005 como abogada, y desde entonces ha desarrollado sus funciones en el Banco de España.
Entre 2009 y 2011 fue responsable de la unidad de Asuntos Europeos, pasando a ser jefa de la División de Asuntos Europeos hasta el 2015.
Posteriormente ocupó el cargo de coordinadora ejecutiva de asuntos europeos, y desde 2018 a 2024 fue directora del Departamento de relaciones internacionales y europeas.
Hasta ahora era la directora general de Relaciones institucionales, Europeas y Transparencia del Banco de España.
El presidente de la Cámara de Barcelona ha criticado las actuaciones especulativas y ha defendido que la función de la Cámara es apoyar a las empresas catalanas que producen riqueza.
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La Comisión del Mercado de Valores evaluó posible manipulación de mercado de Gotham y GIP en las acciones de Grifols e investiga a la empresa catalana por defectos en sus informes de gestión
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.