Oscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Hacienda abre una negociación en un marco plurianual para evitar otra pérdida de poder adquisitivo tras el período 2022-2024 donde los empleados públicos quedaron por detrás de la inflación y de la evolución salarial del sector privado.
El Gobierno presentó este miércoles a los sindicatos de la función pública su propuesta para el marco salarial 2026-2028 con una oferta plantea que los incrementos se definan con una parte fija y otra variable.
El objetivo es proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos, según el Ejecutivo que todavía no detalló los porcentajes concretos y aseguró que seguirán la misma estructura de negociación que pactos anteriores.
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, remarcó que la negociación se inscribe en un proceso más amplio de cambios organizativos y servicios públicos orientado a la innovación digital y ambiental.
Las centrales sindicales pidieron precisiones y el Gobierno acordó un calendario de reuniones para avanzar en el texto que irá a la Mesa General.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirmó que el Ejecutivo se comprometió a diferenciar expresamente la suba prevista para 2025, año en el que los salarios están congelados.
Los sindicatos reclaman que este aumento sea retroactivo a enero y exigen condiciones laborales y de empleo más amplias.
La negociación de empleo público comenzará el 11 de noviembre, mientras que el capítulo salarial se abordará como máximo el 19.
CCOO planteó que los incrementos deben superar el IPC, recuperar empleo perdido y revertir recortes de 2010 y 2012. El sindicato suspendió las movilizaciones pero advirtió que las retomará si la propuesta resulta insuficiente.
Desde UGT insistieron en que el aumento de 2025 es condición irrenunciable y que debe aplicarse con retroactividad.
El precedente inmediato fue el pacto salarial 2022-2024, con subas fijas y variables que aseguraban un mínimo del 6,5% y podían llegar al 9,5% si se cumplían determinadas cláusulas ligadas a inflación y PIB.
Sin embargo, los funcionarios perdieron poder adquisitivo: mientras los precios avanzaron un 12,5%, sus salarios crecieron un 9,8%.
El deterioro relativo fue mayor frente al conjunto de trabajadores asalariados y frente a pensionistas, cuyo ingreso quedó blindado por la última reforma.
El impacto económico es el núcleo de la discusión: el Gobierno busca evitar que la próxima etapa salarial vuelva a quedar por detrás de la inflación, mientras los sindicatos presionan para recuperar poder perdido y blindarlo en un entorno de precios aún tensionado.
Es el salario mínimo, el más extendido en España. Luxemburgo, el país que mejor remunera en la UE, paga el doble. La creación de empleos se apoya en el sector turismo, con sueldos un 40% más bajos que el promedio.
La oferta, que abarca puestos en hoteles, restaurantes y bares en regiones como Carintia y Estiria, promete salarios atractivos y beneficios adicionales para los empleados que decidan mudarse temporalmente al país.
