El Gobierno pone en marcha su plan para impulsar el coche eléctrico: autos 'made in Spain' y ayudas directas para la compra

Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas con fuerte inversión pública para expandir la industria de los vehículos eléctricos. Cómo es el plan España Auto 2030 que incluye subvenciones del Estado y apoyo a proyectos industriales.

Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este miércoles un ambicioso paquete de medidas para impulsar la transformación del sector del automóvil hacia la movilidad eléctrica.

El plan, bautizado como España Auto 2030, incluye 25 iniciativas y una inversión pública que supera los 1.200 millones de euros, con el objetivo de abaratar el acceso a los vehículos eléctricos y fortalecer la competitividad industrial del país.

Sánchez defendió que el éxito del vehículo eléctrico pasa por hacer sus precios más accesibles para las familias. En esa línea, anunció una nueva línea de ayudas de 400 millones de euros para la compra de coches eléctricos, que se pondrá en marcha en 2026 bajo el nombre Plan Auto+.

Subvenciones del Estado para la compra de autos eléctricos

Este programa reemplazará al actual Plan Moves III—que finaliza el 31 de diciembre—y tendrá como principal novedad que las ayudas serán gestionadas directamente por el Estado, y no por las comunidades autónomas, con el fin de agilizar los trámites y garantizar igualdad de acceso en todo el territorio.

“El desafío es que España fabrique coches eléctricos tan competitivos como permita nuestro talento y tan asequibles como para que los ciudadanos puedan comprarlos”, afirmó el presidente durante la presentación del plan. Subrayó, además, que no lograr precios “competitivos” sería un error que comprometería la movilidad eléctrica de la clase media. “El desafío es que España fabrique coches eléctricos tan competitivos como permita nuestro talento y tan asequibles como para que los ciudadanos puedan comprarlos”, afirmó el presidente durante la presentación del plan. Subrayó, además, que no lograr precios “competitivos” sería un error que comprometería la movilidad eléctrica de la clase media.

Junto a las ayudas a la compra, Sánchez anunció la creación del Plan Moves-Corredores, dotado con 300 millones de euros, destinado a ampliar los puntos de recarga en las denominadas “zonas sombra”, es decir, tramos de carretera sin infraestructura suficiente para vehículos eléctricos.

El Gobierno también se compromete a reducir “drásticamente” los trámites administrativos para desplegar nuevas instalaciones. “De nada sirve un coche más barato sin infraestructura de recarga. Falta infraestructura y sobra burocracia”, aseguró.

Inversión para impulsar proyectos industriales "made in Spain"

El tercer eje del plan se centra en reforzar la innovación y competitividad del sector automovilístico, para lo que el Ejecutivo invertirá 580 millones adicionales en el Perte VEC, con el propósito de impulsar proyectos industriales que permitan a España mantener su posición como segundo productor europeo y noveno a nivel mundial.

Sánchez insistió en que la industria debe apostar por la innovación y por reforzar el sello “made in Spain” para competir con mercados como el chino.

El Plan España Auto 2030 aspira a movilizar alrededor de 30.000 millones de euros en inversión pública y privada durante los próximos cinco años.

La hoja de ruta es fruto de nueve meses de trabajo conjunto con el sector y busca consolidar un modelo productivo alineado con la sostenibilidad y la electrificación.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó que el plan “confirma la estrategia en la que España lleva trabajando siete años”.

Y el presidente de Anfac, Josep Maria Recasens, celebró las medidas y consideró que el país debe aspirar a incrementar la facturación del sector desde los 85.000 millones actuales hasta los 120.000 millones en 2030, al tiempo que se avanza de forma decidida hacia el vehículo eléctrico.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.