El Gobierno relanza la licitación de Muface tras el rechazo de las aseguradoras

El ministro Óscar López confirmó que se realizará antes de final de año, tras el fracaso de la oferta previa que quedó desierta

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirmó que el Gobierno lanzará una nueva licitación de Muface antes de que finalice 2024.

Este anuncio se produce tras el fracaso de la anterior oferta, que quedó desierta luego de que ninguna aseguradora se presentara al concurso, a pesar de un incremento del 17,12% en las primas ofrecido por el Ejecutivo.

Un proceso marcado por tensiones económicas

El rechazo de las aseguradoras estuvo motivado por la insuficiencia de la propuesta gubernamental para cubrir los crecientes costos del sector sanitario, que, según datos de DKV, han generado pérdidas acumuladas de 470 millones de euros para las empresas que prestan servicio a los funcionarios.

La mutualidad había planteado un aumento del 24% en las primas, pero el Ejecutivo finalmente aprobó un 17,12%, lo que llevó al portazo de las aseguradoras.

En respuesta, el Ministerio realizó una consulta preliminar para que las compañías trasladaran sus estimaciones de costos. DKV exigió un aumento del 40,6% en las primas para garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque Asisa y SegurCaixa Adeslas no han hecho públicas sus cifras.

Según López, este martes se publicará el informe resultante de dicha consulta, que servirá como base para la nueva licitación.

El ministro Óscar López buscó transmitir calma a los afiliados de Muface, asegurando que “la Ley de Contratos les ampara y asegura el servicio mientras se resuelve la licitación”. Además, reiteró que los mutualistas seguirán contando con cobertura asistencial durante el proceso.

Las cifras detrás del conflicto

La propuesta inicial del Gobierno contemplaba una prima media anual de 1.208,81 euros para 2026, lo que representaría un aumento de 176,69 euros respecto a los 1.032,12 euros actuales.

En términos globales, la financiación propuesta ascendía a 3.521 millones de euros, un incremento de 300 millones respecto a la situación previa. Sin embargo, las aseguradoras consideraron insuficiente este ajuste para mantener la calidad asistencial y la solvencia financiera.

Expectativas para la nueva licitación

Con la publicación del informe preliminar y la posterior convocatoria de la nueva licitación, quedan interrogantes sobre si el Ejecutivo ajustará su oferta a las demandas del sector asegurador.

Mientras tanto, el tiempo apremia para asegurar un acuerdo que garantice el servicio sin interrupciones a los mutualistas, en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno y las compañías aseguradoras.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.