La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La reforma aprobado por el Gobierno está diseñada para beneficiar a trabajadores de profesiones especialmente peligrosas o insalubres, cuyas condiciones laborales afectan directamente su salud y calidad de vida a largo plazo.
La reforma que permite la jubilación anticipada desde los 52 años en España sin recortes en la pensión está diseñada para beneficiar a trabajadores de profesiones especialmente peligrosas o insalubres, cuyas condiciones laborales afectan directamente su salud y calidad de vida a largo plazo.
1. Profesiones de riesgo o con alta carga física o psicológica, entre ellas:
Albañiles y operarios de la construcción, expuestos a trabajos duros y accidentes.
Camioneros y conductores profesionales, con largas jornadas y desgaste físico.
Camareras de piso y personal de limpieza, afectados por sobreesfuerzo físico repetitivo.
Auxiliares de vuelo, sometidos a turnos rotativos, presión y condiciones físicas adversas.
Bomberos, policías y otros cuerpos de seguridad, ya contemplados en regímenes especiales pero que se ampliarán.
Personal sanitario en áreas críticas o de gran exposición.
2. Colectivos que acrediten una exposición prolongada a condiciones laborales nocivas, como:
Manipulación de productos tóxicos.
Ambientes de alta presión sonora, térmica o de fatiga acumulada.
Turnos nocturnos sostenidos o rotación horaria extrema.
3. Trabajadores con contratos de larga duración en los sectores afectados, donde no es posible realizar adaptaciones razonables del puesto (según justifique la empresa o los sindicatos).
A partir de los 52 años, siempre que se cumplan los requisitos de cotización y justificación de condiciones laborales penosas.
La solicitud debe pasar por una comisión de evaluación y puede presentarse de forma colectiva (por convenio o acuerdo sectorial) o individual, si se acredita la exposición.
Se requiere un informe técnico-laboral y certificaciones médicas o administrativas que avalen la penosidad del trabajo.
Reconocimiento institucional a los trabajadores que más sufren el desgaste laboral.
Mayor justicia social en el sistema de pensiones, al adecuarse a la realidad de profesiones con menor esperanza de vida laboral útil.
Una redistribución del coste: el Estado cubrirá parte del gasto y las empresas pagarán un extra en cotizaciones por empleados en sectores de riesgo.
El Ministerio de Transportes ha establecido que se realice al menos el 50% de los servicios, Madrid cumplirá el 80% y Cataluña un 40%.
El sistema español dará un paso importante para garantizar que las personas que no pueden continuar trabajando por razones de salud tengan acceso a una pensión lo antes posible.