Las nuevas medidas impulsadas por la Agencia Tributaria amplían el cruce de datos, aumentan la vigilancia de los pagos digitales y podrían ajustar de forma automática las cotizaciones de los autónomos.
El comienzo de 2026 trajo consigo un endurecimiento generalizado de los mecanismos de control fiscal en España, con nuevas medidas impulsadas por Hacienda y la Seguridad Social que amplían el cruce de datos, refuerzan la trazabilidad de los pagos digitales y ajustan de forma automática las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales.
Uno de los ejes centrales de este refuerzo es la activación del cruce sistemático de información entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. A partir de ahora, Hacienda remite a la Seguridad Social los rendimientos netos declarados por los trabajadores por cuenta propia para determinar si la base de cotización aplicada durante el año fue correcta. En función de esos datos, la Administración podrá exigir pagos adicionales o proceder a devoluciones, cerrando así el proceso de regularización anual del nuevo sistema de cotización por ingresos reales.
Este intercambio de información convierte en definitivo el modelo de control posterior, en el que las cuotas ya no dependen de previsiones del autónomo sino de los datos fiscales consolidados, y reduce el margen de discrepancia entre lo declarado y lo cotizado.
A este control contributivo se suma un refuerzo del seguimiento de los pagos electrónicos, que amplía de forma significativa la información que reciben los servicios de inspección. Desde este año, las entidades financieras y plataformas de pago están obligadas a comunicar mensualmente a Hacienda los ingresos obtenidos por empresarios y profesionales a través de sistemas como Bizum, tarjetas u otros medios digitales, sin que exista un umbral mínimo por operación.
El Gobierno aclaró que esta medida no afecta a los intercambios entre particulares que no estén vinculados a una actividad económica. Los pagos ocasionales entre amigos o familiares quedan fuera del control fiscal, mientras que los cobros asociados a negocios, servicios o trabajos profesionales pasan a estar plenamente monitorizados a través de la información suministrada por los bancos.
En paralelo, Hacienda ha comenzado a remitir comunicaciones a autónomos de todo el país con los datos que servirán para determinar sus bases de cotización definitivas, anticipando un aumento de las regularizaciones y ajustes en los próximos meses.
Con este conjunto de medidas, la Administración consolida un sistema de control más automatizado y transversal, en el que los ingresos declarados, los pagos digitales y las cotizaciones sociales quedan interconectados, reduciendo los espacios de opacidad y reforzando la capacidad de supervisión fiscal desde el inicio del ejercicio.
Este lunes se reunirán sindicatos, patronales y asociaciones de autónomos en una mesa de diálogo social con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El organismo subrayó que "solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España" y quedan excluidos los particulares.
En una sentencia fechada el pasado 27 de noviembre, la sala de lo contencioso estima los recursos de un particular contra sendos fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2023 y del Tribunal Económico-Administrativo de Valencia de 2022.
Seguridad Social había planteado una suba significativa de las cuotas en los 15 tramos del sistema implantado tras la reforma de 2023, con aumentos que de entre 11 y 206 euros mensuales, pero no prosperó por la negativa de las asociaciones.