El Departamento del Tesoro de EEUU ha remitido a Santander y otros cuatro grandes bancos brasileños (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú y BTG) un requerimiento en el que les solicita información sobre la aplicación del régimen de sanciones internacionales.
En la comunicación, recogida por Reuters y avanzada por medios brasileños, las autoridades estadounidenses solicitan datos sobre las medidas que los bancos han tomado o prevén poner en marcha en relación a la Ley Magnitsky, dirigida contra autores de graves abusos contra los derechos humanos en todo el mundo.
En aplicación de esta legislación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU sancionó a finales de julio al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, instructor de la causa actualmente en curso contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.
"Como resultado de la medida de hoy -recordó la OFAC en la comunicación emitida tras la sanción al magistrado-, todos los bienes de la persona designada que se encuentren en EEUU o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse". "Además, las instituciones financieras pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas", reiteró.
Sede de Santander en Brasil
En paralelo y tras las sanciones de EEUU a De Moraes, jueces brasileños han remarcado en las últimas semanas que las leyes extranjeras no se aplican automáticamente a los ciudadanos brasileños dentro del país.
Brasil y EEUU, inmersos actualmente en un escenario de tensión comercial y política, son dos mercados clave para Santander.
Brasil es la segunda filial del grupo y la primera en América. EEUU, por su parte, es uno de los países en los que Santander cree que tiene más recorrido y donde actualmente está concentrando los esfuerzos de crecimiento.
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