Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
El ministro Óscar López defendió públicamente la propuesta y puso el foco en la protección del poder de compra de los empleados del Estado.
El Gobierno elevó este jueves al 11 % su propuesta de subida salarial para los empleados públicos en el período 2025-2028, una medida que generó reacciones entre los sindicatos y que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió como una garantía para que los funcionarios “no pierdan poder adquisitivo”.
El aumento se negocia en el marco de un nuevo Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya discusión formal comenzó hace tres semanas y que hoy vuelve a reunir a Ejecutivo y representantes sindicales.
La oferta del Ministerio de Función Pública provocó una respuesta inmediata de las centrales sindicales. UGT fue, hasta ahora, el único sindicato que expresó su respaldo a la propuesta.
El sindicato valoró “positivamente” que el Gobierno haya aumentado en 2.000 millones de euros el esfuerzo presupuestario respecto a la oferta inicial, lo que eleva el gasto total previsto en nóminas de empleados públicos hasta 222.000 millones de euros para el período 2025-2028.
En cambio, CSIF mantuvo su posición crítica y calificó el planteo como “insuficiente”, mientras que CCOO aún no fijó una postura definitiva y prefiere esperar al resultado de la reunión de este lunes.
Los sindicatos también presionan por mejoras adicionales en complementos variables. Según un comunicado de CSIF, el Gobierno trasladó que prevé adaptar el complemento de residencia e insularidad, así como las cuantías por manutención y alojamiento, lo que implicaría un aumento extra en la parte variable de los salarios.
La propuesta del Ejecutivo supone una mejora escalonada para todas las categorías de empleados públicos.
En el caso del personal laboral del Grupo 1, el salario anual pasaría de 32.624,20 euros a 36.212,86 euros en 2028, lo que representa un incremento de 3.588,66 euros.
Para los funcionarios del subgrupo A1, la subida del sueldo base sería de 1.941,11 euros en cuatro años, pasando de 17.646,46 euros a 19.587,57 euros, sin contar complementos específicos.
El grupo más numeroso, el C1, percibiría un aumento de 1.307,30 euros, llevando su salario anual de 11.884,58 euros a 13.191,88 euros en 2028, a lo que se sumarían los complementos de destino y específicos.
El ministro Óscar López defendió públicamente la propuesta y puso el foco en la protección del poder de compra de los empleados públicos.
“Hablamos de que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo”, aseguró López.
Según explicó, la oferta del 11 % fue construida en base a las previsiones de inflación incluidas en el cuadro macroeconómico del Gobierno. “Esta propuesta está hecha en base a las previsiones de inflación”, afirmó el ministro.
López también subrayó que el Ejecutivo mantiene su apuesta por el diálogo social: “El Gobierno siempre ha practicado el diálogo social en busca de un acuerdo con los sindicatos”.
Las conversaciones se desarrollan en un contexto de fuerte tensión. Hace tres semanas, los sindicatos iniciaron movilizaciones y llegaron a amenazar con una huelga general en diciembre ante la paralización de la negociación colectiva.
En los primeros encuentros, el Ministerio se comprometió a eliminar “de manera progresiva” la tasa de reposición de funcionarios, agilizar los procesos selectivos para que las vacantes no tarden más de un año en cubrirse —frente a los casi tres actuales— y reservar un 50 % de las plazas para promoción interna mediante concurso de méritos.
Uno de los principales puntos de fricción sigue siendo la distribución del aumento. El Gobierno mantiene que en 2025 y 2026 el incremento no supere el 4 %, dejando el resto para la segunda mitad del período, algo que los sindicatos consideran desequilibrado.
La reunión será clave para definir si CCOO y CSIF se mantienen al margen o si finalmente aceptan continuar en la mesa de negociación junto a UGT y el Ejecutivo.
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