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El Ministerio de Consumo castiga a la compañía por cargar hasta 45 euros a sus clientes tras la tramitación legal del conductor infractor.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha castigado con un millón de euros a la empresa multinacional estadounidense de alquiler de vehículos Avis. La medida responde a la aplicación de prácticas abusivas sobre sus clientes al cobrarles una tasa adicional por la gestión de sanciones administrativas de tráfico.
La compañía de origen estadounidense imponía a los usuarios un recargo fijado entre los 33,88 y los 45 euros bajo el concepto de gastos de gestión en caso de recibir una notificación de tráfico durante el periodo de alquiler. Avis aplicaba esta tasa por tramitar el pago de la infracción y comunicar a la Administración Pública la identidad del conductor responsable.
Sin embargo, la resolución del ministerio concluye que dicha cláusula vulnera los artículos 82, 87.5 y 87.6 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). Consumo sostiene que la cláusula impone el pago de un servicio que corresponde al cumplimiento de una obligación legal de la propia empresa, generando una carga económica desproporcionada que rompe el equilibrio contractual en perjuicio del consumidor.
La normativa vigente, a través del artículo 11 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que la identificación del conductor infraccionado es una obligación legal del titular del vehículo. En el sector del alquiler, dicho trámite se completa facilitando los datos del arrendatario o el contrato correspondiente, por lo que no resulta legal trasladar un coste adicional al cliente.
La actuación de Avis ha sido catalogada como infracción muy grave al concurrir la circunstancia agravante del artículo 48.3c) del TRLGDCU por reincidir en una conducta declarada ilícita con anterioridad. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz ya dictó una sentencia el 22 de septiembre de 2020 en la que declaraba nula esta comisión, condenando a la empresa a eliminarla de sus contratos y a abstenerse de aplicarla en el futuro.
Este procedimiento administrativo se inició tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV). Con la decisión dictada por el ministerio se agota la vía administrativa, si bien Avis conserva la opción de recurrir la decisión ante los tribunales de justicia.
La medida contra la multinacional de alquiler de coches se suma a una serie de actuaciones recientes llevadas a cabo por el departamento que encabeza Pablo Bustinduy contra prácticas abusivas en diversos sectores:
Aerolíneas de bajo coste: Penalizaciones por un valor global de 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Volotea, EasyJet y Norwegian por el cobro de suplementos en el equipaje de mano, reserva de asientos contiguos o impresión de tarjetas de embarque para acompañar a personas dependientes. Estas sanciones a Ryanair y Norwegian Air se encuentran suspendidas de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Airbnb: Castigo económico de 64 millones de euros por publicar anuncios de viviendas turísticas que carecían de la licencia correspondiente.
Alquiler Seguro: Sanción de 3,6 millones de euros por incurrir en prácticas abusivas contra los inquilinos vulnerando sus derechos mediante el aprovechamiento de su posición de dominio en el mercado.
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