Telefónica seguirá prestando el servicio universal de telecomunicaciones en España este año y el próximo al no haberse presentado más candidatos interesados en la consulta pública previa a la licitación convocada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (MTDFP).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explicó en un comunicado que la falta de candidatos hará que la operadora sea designada de forma directa por el Gobierno, como viene ocurriendo en los últimos años.
El servicio universal de telecomunicaciones "garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a internet y a servicios de voz en ubicaciones fijas, con independencia de su localización, a precios asequibles y con calidad determinada".
Actualmente, la velocidad mínima de conexión se fija en 10 megabits por segundo (Mbps) en sentido descendente, pero la CNMC considera necesario elevar este umbral, "dada la evolución tecnológica y las necesidades actuales de los usuarios".
Recomendaciones de la CNMC
La CNMC señala varios puntos clave para mejorar la prestación del servicio universal, entre ellos elevar la velocidad de conexión, que recomienda actualizar a 30 Mbps como mínimo, como establece la Ley General de Telecomunicaciones, y "trabajar para universalizar los 100 Mbps".
Actualmente, más del 93 % de los accesos de banda ancha fija en España ya ofrecen velocidades iguales o superiores a 100 Mbps.
También sugiere revisar el límite de 45 GB por mes para el caso de prestación por tecnologías inalámbricas o satélite y valorar un aumento hasta 150 GB, como ocurre en programas como el de conecta35.
El informe concluye que, aunque lo ideal sería convocar una licitación, la designación directa de Telefónica es adecuada en este momento para garantizar la continuidad del servicio universal.
La medida permitirá mantener la conectividad en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más remotas, donde la rentabilidad de las infraestructuras es menor, explica.
La CNMC insta al ministerio de Transformación Digital y Función Pública a desarrollar cuanto antes un real decreto que actualice las condiciones del servicio universal, de forma que se adapten a las necesidades actuales de la sociedad y del mercado de telecomunicaciones en España.
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