Alerta en la industria naval: un astillero español pierde un contrato millonario con Uruguay por presuntas irregularidades

El Gobierno de Uruguay ha anunciado una drástica decisión que afecta al astillero Cardama, con sede en Vigo. Tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, la Administración del presidente Yamandú Orsi ha decidido rescindir el contrato firmado en 2023 para la construcción de dos buques de patrullas oceánicas.

El contrato, que rondaba los 82 millones de euros, se convierte así en un nuevo revés para la empresa viguesa, que ya atraviesa una crisis interna relacionada con su liquidez y su accionariado.

Las acusaciones que marcan el rumbo del conflicto

El anuncio, realizado en una rueda de prensa, menciona que existen indicios de una posible estafa o fraude al Estado uruguayo.

Según Orsi, las investigaciones apuntan a la existencia de irregularidades en las garantías presentadas por el astillero español.

Este caso ha desatado una ola de reacciones en Uruguay, donde las autoridades han decidido iniciar tanto acciones judiciales civiles como penales para esclarecer los hechos. Para la empresa de Vigo, que ya enfrentaba tensiones económicas internas, esta situación puede ser un golpe definitivo.

La crisis financiera de Cardama

El astillero Francisco Cardama SA no atraviesa su mejor momento. Según su memoria anual, la empresa cerró el ejercicio fiscal de 2024 con un rebote en su facturación del 31,3%, alcanzando los 13,3 millones de euros, aunque sus beneficios netos se redujeron considerablemente, pasando de 324.723 euros en 2023 a 99.823 euros el año pasado.

A pesar de este crecimiento en ingresos, la firma sigue sufriendo serias dificultades financieras derivadas de pagos atrasados y préstamos en curso.

El contrato con Uruguay representaba una de las pocas luces de esperanza para Cardama, que había recibido un anticipo en diciembre de 2024 para la construcción de los dos buques de 86,75 metros de eslora.

Sin embargo, los problemas de liquidez derivados de retrasos en otros proyectos, como el C-242 (un buque de inspección pesquera), y el C-243 (un remolcador para Senegal), han complicado aún más la situación.

El astillero vigues ha estado luchando durante años con tensiones de liquidez y un elevado nivel de endeudamiento, lo que ha puesto en duda su capacidad para cumplir con los plazos establecidos en varios contratos internacionales.

El punto de fricción: las garantías cuestionadas

El presidente de Cardama, Mario Cardama, ha respondido tajantemente a las acusaciones, asegurando que la empresa no ha incumplido los términos del contrato firmado con Uruguay.

Según el empresario, las garantías fueron aceptadas y validadas por los asesores jurídicos y bancarios del Gobierno uruguayo, específicamente a través de Eurocommerce Bank, entidad que ahora está en el centro de la polémica. Cardama, en una entrevista con Informativo Carve, subrayó que en sus reuniones previas con la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, no se le mencionó ninguna irregularidad sobre el cumplimiento del contrato.

De hecho, en el momento en que la empresa recibió la notificación oficial de la rescisión, Cardama no había sido informado previamente de ningún posible incumplimiento.

La denuncia de que el banco respaldante de las garantías, Eurocommerce Bank, podría no existir en la dirección declarada, y la implicación de un supuesto director ruso como responsable, ha avivado las especulaciones.

A pesar de estos cuestionamientos, el empresario sigue confiando en que la situación puede resolverse mediante un diálogo directo con las autoridades uruguayas. Cardama insistió en que el 60% de la construcción del primer barco ya está avanzado y que el 90% de los materiales ya están confirmados.

¿Cómo afectará a la industria naval española?

El conflicto entre Cardama y el Gobierno de Uruguay no solo impacta a la empresa viguesa, sino que también pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria naval española en el contexto internacional.

La crisis en Cardama se suma a las dificultades que enfrentan otros astilleros españoles, que, a pesar de tener una importante tradición en la construcción de buques, han debido enfrentarse a retrasos en sus proyectos y a la creciente competencia global en el sector naval.

En el caso de Cardama, la rescisión del contrato con Uruguay podría poner en riesgo no solo la continuidad de la empresa, sino también los empleos de los 500 trabajadores que actualmente forman parte de la plantilla.

Este tipo de situaciones plantea una incertidumbre sobre el futuro de la industria naval en Galicia, una de las regiones más afectadas por la crisis económica y laboral en el sector.

La respuesta institucional y las negociaciones

En medio de esta situación, Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) y el Banco Santander han tenido que intervenir para reestructurar los pasivos de Cardama, intentando aliviar la carga financiera de la empresa. El préstamo de 8,6 millones de euros otorgado en 2018 ha sido clave para la reestructuración, pero la compañía sigue buscando una salida comercial para varios de sus proyectos, como el C-242, que aún no ha sido terminado.

A pesar de las dificultades, Cardama sigue buscando soluciones. El presidente de Cardama ha solicitado una reunión con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, para aclarar la situación y tratar de salvar el contrato. El objetivo es evitar que este problema afecte gravemente a los trabajadores del astillero y a la industria naval española en su conjunto.

El futuro del contrato y las decisiones a tomar

El futuro de Cardama en Uruguay ahora dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. Si bien la rescisión del contrato es un revés considerable, el empresario Mario Cardama sigue confiando en poder solucionar las discrepancias y continuar con el proyecto. La situación, sin embargo, plantea serios interrogantes sobre las garantías bancarias en acuerdos internacionales y sobre cómo las autoridades uruguayas gestionarán las acciones judiciales que ya están en marcha.

En cualquier caso, este conflicto resalta los desafíos de los astilleros españoles al tratar de competir en el mercado internacional de la construcción naval, donde los acuerdos y la solvencia financiera son claves para garantizar el éxito a largo plazo.