Los expresidentes del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, han comparecido ante la magistrada encargada del caso Negreira en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Ambos se enfrentan a la investigación por los pagos realizados por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y su hijo Javier Negreira, entre los años 2001 y 2018, por un total de 7,3 millones de euros.
En sus declaraciones, tanto Bartomeu como Rosell han rechazado las acusaciones de haber recurrido a prácticas ilegales para influir en los arbitrajes. Bartomeu, al salir de los juzgados, aseguró que "el Barça tenía el mejor equipo del mundo" y que no necesitaba "ninguna ayuda arbitral".
Según el exmandatario, los pagos realizados a Negreira fueron por "servicios de asesoramiento deportivo y arbitral" y no implicaban ninguna intención de manipular las decisiones arbitrales.
Rosell, por su parte, adoptó una línea similar y evitó profundizar en las preguntas de la acusación, limitándose a reiterar que las acciones del club fueron completamente legales.
El contenido de la investigación
La investigación judicial tiene como objetivo esclarecer si los pagos realizados por el FC Barcelona a las empresas de Negreira fueron una forma de obtener favores arbitrales, como sostiene la acusación, o si, como afirman los expresidentes, se trató de un contrato legítimo por servicios profesionales relacionados con el análisis arbitral. La Fiscalía investiga si estos pagos constituyen un delito de cohecho, administración desleal o falsedad documental.
Josep Bartomeu luego de declarar
El testimonio de Javier Negreira
Por otro lado, el hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Negreira, declaró durante más de una hora ante la jueza Alejandra Gil. En su intervención, negó conocer detalles sobre las acusaciones que pesaban sobre su padre y defendió la "verdad" que él conoce, sugiriendo que la información sobre los pagos podría estar siendo distorsionada.
Repercusiones del caso
El caso ha generado gran expectación debido a la implicación de varios expresidentes del FC Barcelona y la relevancia que tiene para la imagen pública del club. Además de las posibles consecuencias legales, el impacto deportivo sigue siendo una preocupación, ya que las autoridades podrían imponer sanciones a nivel europeo, con la UEFA a la cabeza.
El juicio continúa con la declaración de otros exdirectivos del FC Barcelona, entre ellos Òscar Grau y Albert Soler. En las próximas semanas, la jueza determinará si hay suficientes pruebas para continuar con el proceso y decidir qué medidas se adoptarán.
Mientras tanto, el FC Barcelona mantiene que su comportamiento fue en todo momento legal y que no se produjo ninguna manipulación en los arbitrajes. La resolución de este caso podría tener importantes implicaciones para el futuro institucional y deportivo del club, que atraviesa una etapa marcada por la inestabilidad financiera y una constante reflexión sobre su modelo de gestión.
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