Crece el número de españoles que quiere prohibir las redes sociales a los menores de 14 años
Según el último Monitor de Educación de Ipsos, es el 82% de los consultados, 9 puntos más que el año pasado.
Según el último Monitor de Educación de Ipsos, es el 82% de los consultados, 9 puntos más que el año pasado.
Un 82% de la población española se muestra a favor de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años, tanto dentro como fuera de las aulas, según un reciente estudio del Monitor de Educación de Ipsos.
Esta cifra representa un aumento significativo de 9 puntos en comparación con 2024, situando a España entre los países con mayores apoyos a esta medida, al igual que Francia (85%) e Italia (83%).
El estudio revela que las mujeres son quienes más respaldan esta medida, con un 85% a favor, frente al 78% de los hombres. Este aumento en la preocupación por el uso de las redes sociales por parte de los menores refleja una creciente inquietud por los efectos negativos que estas plataformas pueden tener en el desarrollo de los más jóvenes.
El estudio también incluye un análisis de las percepciones en otros países, donde España se posiciona junto a naciones europeas que muestran un alto grado de consenso sobre la necesidad de regular el acceso a las redes sociales para menores.
Además, el estudio revela que un 70% de los encuestados en España está a favor de prohibir el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, un incremento de seis puntos con respecto al año pasado. Esta postura es apoyada especialmente por las generaciones más mayores: el 83% de la generación Baby Boom y el 77% de la generación X se muestran favorables a esta medida, mientras que solo un 41% de los jóvenes entre 18 y 34 años comparten esta opinión.
A pesar de estas cifras, se observa una división generacional en cuanto al uso de la tecnología en las aulas. Los votantes de derecha tienden a ser más partidarios de estas prohibiciones que los de izquierda, lo que refleja una brecha ideológica también presente en otros temas relacionados con la educación.
El estudio también aborda la cuestión de la inteligencia artificial (IA) en el aula, tema que genera una notable división en la sociedad española. El 39% de los encuestados opina que el uso de la IA en las aulas debería ser prohibido, mientras que un 34% está en desacuerdo con esa prohibición y un 28% se muestra indeciso. Esta falta de consenso es particularmente evidente entre los votantes de diferentes partidos políticos, con un mayor apoyo a la prohibición por parte de los votantes de derecha.
En cuanto a la calidad del sistema educativo español, los resultados no son alentadores. Solo el 29% de los encuestados califica el sistema como bueno, frente a un 37% que lo considera malo.
La brecha generacional se hace evidente: los menores de 35 años tienen una visión más positiva (39%) que los mayores de 50 años (22%). Además, las diferencias ideológicas también influyen en la percepción del sistema, siendo los votantes de derecha los más críticos.
Los encuestados identifican varios problemas clave en el sistema educativo español. El 35% menciona un plan de estudios obsoleto como el mayor desafío, seguido por la falta de financiación pública (32%) y la sobrecarga en las aulas (23%).
Estos problemas varían según la ideología política de los encuestados, con la izquierda enfocándose en la falta de recursos y la derecha en la formación del profesorado y la neutralidad ideológica.
La reconocida psiquiatra abordó un tema cada vez más preocupante: la hiperestimulación provocada por las redes sociales y su impacto en la salud mental.
El objetivo principal es crear mecanismos obligatorios en la Unión Europea que permitan verificar la edad de los usuarios, así como un software de control parental para todos los dispositivos con acceso a internet en el mercado.
El rapero enfrenta una pena de un año y medio de prisión, deberá pagar una multa y una indemnización de más de 30 mil euros.
La iniciativa, que se someterá a consulta pública por 30 días, forma parte del desarrollo del Estatuto del Artista que rige desde 1985.