Cuenta atrás para el desalojo de las ex monjas de Belorado
La decisión llega tras dos resoluciones judiciales que ordenaban el abandono voluntario del recinto en el plazo de un mes.
La decisión llega tras dos resoluciones judiciales que ordenaban el abandono voluntario del recinto en el plazo de un mes.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ha fijado el 10 de febrero, a las 9:30 horas, como fecha para el desahucio de las ocho exmonjas que permanecen en el monasterio de Santa María de Bretonera de Belorado, en la provincia de Burgos. La decisión judicial llega tras varias resoluciones que ordenan el abandono voluntario del inmueble en el plazo de un mes, con apercibimiento de lanzamiento forzoso si no se cumple.
El proceso se apoya en dos documentos clave: un auto de ejecución provisional, dictado el 30 de diciembre de 2025, y un decreto fechado el 5 de enero de 2026.
El primero ordena que las exmonjas dejen el monasterio “libre y expedito” en el plazo de un mes. El segundo fija de forma expresa la fecha y hora del lanzamiento, en caso de que no se produzca la entrega voluntaria.
El Arzobispado de Burgos comunicó que contra el auto de ejecución provisional no cabe recurso, mientras que el decreto de lanzamiento solo admite recurso de revisión, sin efecto suspensivo, por lo que el procedimiento seguirá su curso independientemente de nuevas impugnaciones.
El conflicto judicial se remonta a la sentencia del 31 de julio de 2025, en la que el mismo juzgado reconoció la titularidad del monasterio a la Iglesia católica y ordenó el desalojo de las exmonjas. Inicialmente, el lanzamiento estaba previsto para el 12 de septiembre, pero la jueza accedió a retrasarlo al 3 de octubre para permitir la presentación de recursos ante la Audiencia Provincial de Burgos.
Posteriormente, el procedimiento quedó suspendido mientras se resolvían los recursos interpuestos por las exreligiosas. Tras su desestimación, el juzgado reactivó el proceso, lo que dio lugar a las resoluciones emitidas a finales de diciembre y comienzos de enero.
Con la ejecución provisional de la sentencia, el juzgado ha precisado que el monasterio debe quedar a disposición de las religiosas clarisas del Monasterio de Santa Clara, consideradas las legítimas beneficiarias de la posesión. El plazo de un mes para el abandono comienza a contar desde el día siguiente a la notificación oficial de las resoluciones a las partes.
Si no se cumple ese plazo, el lanzamiento se ejecutará el 10 de febrero, sin que la presentación de nuevos recursos modifique la fecha establecida.
Las ocho exmonjas afectadas fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma, según informó en su momento el Arzobispado de Burgos. Desde entonces, el conflicto ha derivado tanto en el ámbito eclesiástico como en el judicial, especialmente en lo relativo a la propiedad y uso del monasterio.
El conflicto se ve agravado por una investigación penal en curso. El pasado 28 de noviembre, la Guardia Civil detuvo a dos exreligiosas, una de ellas exabadesa del monasterio, y a un anticuario leonés, en el marco de la Operación MIRUM-CID.
La investigación apunta a su supuesta implicación en delitos de apropiación indebida agravada relacionados con bienes catalogados del patrimonio del monasterio de Santa María de Bretonera. Las autoridades detectaron la venta por internet de piezas históricas y localizaron en una tienda de antigüedades de Madrid una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, que ya ha sido recuperada y se encuentra bajo custodia judicial.
En el marco de la operación, la Guardia Civil registró el monasterio de Belorado y el de Santa Clara de Orduña (Bizkaia). En este último se halló un conjunto relevante de obras de arte trasladadas sin autorización desde el cenobio burgalés. Todas las piezas quedaron a disposición de la autoridad judicial, pendientes de inventario.
El anticuario detenido está acusado de un delito continuado de receptación, por adquirir bienes catalogados sin exigir la documentación que acreditara su procedencia legal.
Con las resoluciones ya notificadas, el procedimiento entra ahora en su fase final de ejecución. Salvo que se produzca el abandono voluntario dentro del plazo concedido, el desahucio forzoso del monasterio de Belorado se llevará a cabo el 10 de febrero a las 9:30, conforme a lo ordenado por el juzgado de Briviesca.
Nació en Argentina, se instaló en Roma hace más de 50 años donde vive en una caravana y da atención pastoral los feriantes y al colectivo trans.
En un video enviado a los medios una de las religiosas defiende su ruptura con la Iglesia Católica y se dicen víctimas de sabotaje cibernético y espionaje. Qué pasará con el pedido de desahucio del arzobispo de Burgos
Las exmonjas están involucradas en varias investigaciones judiciales. Una de las principales es la denuncia por estafa indebida, relacionada con la venta de 1,73 kilos de oro en nombre de la comunidad religiosa.
Las ocho ex religiosas que continúan en Belorado, después de que dos de las ex comulgadas abandonasen la comunidad religiosa el pasado verano, llegaron en medio de una gran expectación mediática al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca acompañadas de sus abogados.
La jueza estimó las pruebas de parte aportadas por la defensa del comisario Pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en la vista celebrada el pasado martes en la ciudad burebana.
Enrique García de Viezma, letrado de las exmonjas, destacó que trasladar a las religiosas en contra de su voluntad sería un "atropello" y cuestionó la urgencia del proceso.
El conflicto surge dentro de un proceso judicial que comenzó cuando un grupo de monjas clarisas en Belorado se separó de la Iglesia Católica, en lo que el Arzobispado de Burgos considera un cisma religioso, y adoptó la tutela de un obispo excomulgado, Pablo de Rojas.
La decisión responde a los recursos presentados por la defensa de las exreligiosas contra la sentencia del 31 de julio que las condenaba a desalojar el monasterio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
La Guardia Civil arrestó a Laura García de Viedma tras registrar el convento en Burgos. Es por una nueva causa que se suma a otras dos por estafa y a los pedios de deshaucios pendientes en la justicia tras el cisma con el Vaticano.