El Gobierno hará "todo lo posible" para que el hijo de Juana Rivas no tenga que regresar con su padre
Así lo expresó Yolanda Díaz, quien calificó al padre del menor como "un maltratador". Lo hizo luego de que los abogados de Rivas solicitaran a la Fiscalía medidas de protección internacional para que el niño no vuelva a Italia
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió a hacer "todo lo posible" para que el hijo de Juana Rivas no tenga que regresar con su padre.
"Un maltratador nunca será un buen padre. Desde el Gobierno de España estamos al lado de Juana Rivas y sus dos hijos. Vamos a hacer todo lo posible para que Daniel no tenga que regresar a un clima de violencia", dijo Díaz en un mensaje en la red social X. "Un maltratador nunca será un buen padre. Desde el Gobierno de España estamos al lado de Juana Rivas y sus dos hijos. Vamos a hacer todo lo posible para que Daniel no tenga que regresar a un clima de violencia", dijo Díaz en un mensaje en la red social X.
La representación legal de Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017 y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España, solicitó este martes en la Fiscalía Provincial medidas de protección internacional para su hijo menor, a fin de que no vuelva con su padre tras el periodo de vacaciones navideñas en España.
Un maltratador nunca será un buen padre.
Desde el Gobierno de España estamos al lado de Juana Rivas y sus dos hijos. Vamos a hacer todo lo posible para que Daniel no tenga que regresar a un clima de violencia.https://t.co/PXYRAGPuXF
Las denuncias de Juana Rivas contra Francesco Arcuri
Lo hizo después de que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada se inhibiera en favor del de Violencia sobre la Mujer número 2, donde hay un procedimiento judicial abierto a raíz de una demanda de violencia de género presentada por la madre de Maracena contra el progenitor, el italiano Francesco Arcuri, al solicitarle medidas cautelares para que el menor no viaje.
En una nota de prensa enviada a los medios este martes, el estudio Aránguez Abogados detalló que tomó la iniciativa de escribir una carta para dirigirse a la Fiscalía Provincial de Granada después de no haber obtenido en sede judicial las medidas cautelares pedidas para el niño, que "se encuentra en clara situación de riesgo", y para el que piden "protección internacional por amenazas contra su vida, insistiendo especialmente en la necesidad de que sea escuchado".
Fuentes consultadas por Europa Press en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indicaron que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada acordó inhibirse en favor del de Violencia sobre la Mujer en la demanda presentada por Rivas para que se acordara una "medida de no regreso" del menor con su padre, con el que reside en Italia.
Como ocurre en el presente caso, son los juzgados de la jurisdicción penal los que tienen la preferencia sobre la instrucción en el caso de que coincidan procedimientos semejantes en las dos instancias, detallaron desde el TSJA.
El Juzgado de Violencia de Género acordó recientemente archivar la demanda presentada por la representación de la madre. Sin embargo, el procedimiento sigue su curso dado que la resolución de sobreseimiento fue recurrida por esta parte en reforma y, por lo tanto, aún no es firme.
Gabriel, de18 años, relata con angustia en un video, la situación de su hermano menor, quien aún vive con su padre, Francesco Arcuri, a pesar de las denuncias de maltrato.
El equipo jurídico expresó su preocupación porque el niño de diez años llegará a la corte de Apelación de Cagliari "de la mano de su padre" y piden que se adopten medidas para que declare sin "coacción"
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.