Los demandantes sostienen que periodistas del grupo recurrieron durante años a métodos ilícitos, como interceptar mensajes de voz, la colocación de dispositivos de escucha y engañar para acceder a registros privados.
El príncipe Harry, el hijo díscolo de la monarquía británica, ingresó esta mañana al Tribunal Superior de Londres para el inicio del juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail, a la que él y otros demandantes acusan de haber vulnerado su privacidad mediante prácticas ilegales de obtención de información.
El duque de Sussex, que reside en Estados Unidos, ingresó a pie al edificio judicial, en el centro de la capital británica, donde lo aguardaban decenas de periodistas. El caso se convirtió en uno de los procesos mediáticos más seguidos del año en el Reino Unido.
Los demandantes sostienen que periodistas y colaboradores del grupo recurrieron durante años a métodos ilícitos, entre ellos la interceptación de mensajes de voz, la colocación de dispositivos de escucha, el engaño para acceder a registros privados —conocido como blagging— y el uso de investigadores privados para obtener información personal.
Estas prácticas, aseguran, vulneraron de forma sistemática su derecho a la privacidad a través de publicaciones en el Daily Mail, el Mail on Sunday y MailOnline.
Associated Newspapers Limited rechaza las acusaciones y defiende que su labor periodística se desarrolló siempre dentro del marco legal. La empresa sostiene que las demandas carecen de fundamento y que los hechos denunciados no reflejan el funcionamiento de su redacción.
Además del príncipe Enrique, que está previsto que declare el jueves, figuran como demandantes el cantante Elton John y su marido David Furnish, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, Doreen Lawrence —madre del joven Stephen Lawrence, asesinado en un crimen racista— y el exdiputado liberal demócrata Simon Hughes.
El proceso busca determinar si el grupo editorial incurrió en prácticas ilegales de forma sistemática y si esas acciones derivaron en una vulneración continuada del derecho a la privacidad de los demandantes.
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