El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha dictado un auto por el cual ordena la detención y posterior presentación judicial de la actriz Elisa Mouliaá. La medida coercitiva se ha adoptado tras registrarse este lunes su tercera incomparecencia consecutiva en calidad de investigada dentro del procedimiento penal abierto por presuntas calumnias vertidas contra el expolítico Íñigo Errejón.
Según consta en la resolución judicial, el juez instructor fundamenta el arresto argumentando que la encausada ha demostrado una "clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia". Al haber sido previamente advertida de las consecuencias legales que acarrearía un nuevo desplante, el juzgado ha procedido a activar las órdenes correspondientes para forzar su comparecencia.
El auto judicial: detención, declaración y posterior puesta en libertad
El mandato emitido por el juez Zamarriego decreta formalmente la "detención y presentación" de la intérprete ante los juzgados de la capital con el único y estricto objeto de ser oída en declaración en calidad de investigada. El texto aclara los cauces de la ejecución de dicha orden, señalando que "una vez realizado lo anterior, póngase en libertad a la investigada si de ella no estuviere privada por otra causa o motivo legal". Asimismo, el instructor ha detallado de manera expresa que esta orden de busca, captura y presentación mantendrá una vigencia legal establecida por un plazo de cinco años.
Origen de la querella: las acusaciones de extorsión a testigos en redes sociales
Este procedimiento en específico se deriva directamente de una querella interpuesta por el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, motivada por una serie de publicaciones realizadas por Mouliaá en sus perfiles de redes sociales. En dichas manifestaciones públicas, la actriz imputaba de forma directa al exdiputado haber ejercido presiones y extorsiones sobre dos testigos clave de un proceso judicial paralelo en el que ambos están involucrados.
La defensa de Errejón consideró que el contenido expuesto en el entorno digital resultaba constitutivo de un delito de calumnias, lo que dio inicio a esta investigación penal independiente. Cabe destacar que este litigio transcurre de forma paralela, pero completamente separada, a la causa por agresión sexual en la que el exdirigente político está procesado a raíz de la denuncia previa de la propia Mouliaá.
Justificaciones de la actriz: contratos en el extranjero y motivos de salud
Días antes de la fecha fijada para esta última citación de este lunes, Elisa Mouliaá ya había comunicado públicamente a través de la red social X su intención de no acudir a la sede judicial. La actriz argumentó que se halla inmersa en un proyecto profesional de carácter internacional fuera de España, fundamentado en un contrato laboral previo suscrito con anterioridad.
De acuerdo con la versión ofrecida por la investigada, su ocupación laboral dio comienzo el pasado 8 de junio y se extenderá hasta el término de la temporada estival. Las labores profesionales la obligan a trasladarse de forma itinerante entre Dubái y diversas regiones del Mar Rojo, áreas geográficas donde la intérprete aseguró que las conexiones y comunicaciones resultan extremadamente limitadas o del todo inexistentes. Sin embargo, el juzgado mantuvo la citación formal bajo la advertencia de las consecuencias legales correspondientes.
Esta incomparecencia no constituye la primera ocasión en que el juzgado debe suspender su declaración. Con anterioridad, la actriz eludió otra de las comparecencias oficiales presentando un parte de baja médica condicionado por un cuadro de ansiedad. En aquella ocasión, ante la imposibilidad manifiesta de tomarle testimonio, el magistrado instructor ordenó formalmente la realización de un informe del médico forense para evaluar si la paciente reunía las facultades psicofísicas idóneas para participar en el procedimiento penal.
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La actriz dijo que no borrará sus publicaciones en redes en las que acusa a Errejón de extorsionar a testigos en el marco del proceso judicial por agresión sexual, luego de que el dirigente exigiera una indemnización de cien mil euros por calumnias.
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