El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario.
La justicia neerlandesa ejecuta el laudo de fondos internacionales por los recortes de 2013. El inmueble, valorado en 10 millones, será subastado ante notario.
El conflicto jurídico derivado del recorte a las primas de energías renovables en 2013 ha alcanzado un nuevo hito judicial. El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), tras autorizar la ejecución de laudos arbitrales contra el Estado español. El inmueble, situado en el centro histórico de la ciudad holandesa, cuenta con una valoración de mercado cercana a los 10 millones de euros.
La decisión judicial, fechada el pasado 19 de marzo pero notificada formalmente a España el 20 de abril, responde al impago de las indemnizaciones derivadas del cambio normativo ejecutado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella reforma supuso una reducción retroactiva en la retribución de las instalaciones de energía limpia, lo que desencadenó una ofensiva legal de inversores internacionales ante organismos como el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
El embargo preventivo actual corresponde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, un procedimiento que emana originalmente del caso Eurus Energy, filial del grupo nipón Toyota. Según el documento de los letrados encargados del registro, el activo -registrado a nombre del Instituto Español de Emigración- será vendido ante notario.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han confirmado que el Estado se opondrá a la medida y continuará litigando en defensa de los intereses nacionales. Fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera subrayan que, aunque los inversores reclamaban inicialmente 10.635 millones de euros, España ha logrado reducir esa cuantía en un 85 % mediante diversas instancias judiciales.
Por su parte, fuentes cercanas a los fondos acreedores sostienen que el recurso a la inmunidad soberana tendrá un recorrido limitado. Argumentan que el edificio de Utrecht no es un órgano indispensable para la acción diplomática, sino un ente cultural que alberga eventos comerciales y conferencias, lo que lo hace susceptible de ejecución judicial.
La situación en los Países Bajos no es aislada. En Estados Unidos, siete empresas acreedoras ya han obtenido el reconocimiento de una deuda de 688 millones de euros. Los tribunales norteamericanos han autorizado incluso procedimientos de "descubrimiento de activos" que podrían afectar a la operativa de la selección española de fútbol durante el Mundial de 2026.
A día de hoy, la factura total que España adeuda a las empresas afectadas por la retirada de las primas asciende a 2.309 millones de euros. El escrito de los abogados holandeses reitera que el embargo se produce tras constatar que no se efectuó el pago de la indemnización dentro de los plazos estipulados tras la notificación oficial.
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