Mi gran fracaso electoral

Sin que me lo hubiera propuesto, dediqué buena parte del actual período de gobierno a reportar las más diversas irregularidades y actos de corrupción cometidos dentro de las Fuerzas Armadas. Todo comenzó con Roque Mendiola, un suboficial de la Armada que me envió un mensaje a mediados de 2020. Mendiola había denunciado diversos actos de corrupción dentro de su fuerza y había llevado sus denuncias a la Justicia. Había marinos que se quedaban con el dinero de las patentes náuticas pagadas por los dueños de embarcaciones, que canjeaban vales de nafta de la fuerza por whisky en los supermercados, que vendían en carnicerías la carne que era para el personal subalterno y un largo etcétera. Todo se había confirmado como verdadero y varios oficiales habían sido procesados y condenados por groseros robos y estafas. Pero como “premio” por su honestidad, a Mendiola lo habían sancionado hasta enviarlo a un destacamento abandonado, una tapera, sin muebles y sin funciones, en el lago de Baygorria, donde la Armada desde hacía muchos años no cumplía tareas. Fui a Baygorria, conversé con Mendiola y observé como con sus propias manos había reconstruido y amueblado la tapera, logrando que pareciera una oficina. La línea telefónica la pagaba de su bolsillo. A pesar de su dignidad, no tenía allí nada que hacer. Estaba condenado al ostracismo en Baygorria por honesto. La nota se publicó en La Diaria en diciembre de 2021 con el título: “Por denunciar delitos de corrupción, un suboficial de la Armada sólo ha recibido sanciones, indiferencia y deshonores”. La publicación de dicha crónica direccionó mi tarea periodística hasta hoy. Porque desde ese momento comencé a recibir decenas y decenas de mensajes, cartas y llamadas de integrantes de las Fuerzas Armadas denunciando, todos ellos, que habían sufrido o sufrían situaciones análogas a la de Roque Mendiola. Unos cuantos de esos casos los pude investigar, corroborar y también publicar. Otros quedaron por el camino por no tener la capacidad de investigarlos todos. El resultado de ese trabajo fue un extenso catálogo de irregularidades, ilegalidades e indecencias. De boca del teniente Nelson Duarte nos enteramos que el Ejército Nacional, con la venia de sus mandos, usó durante casi dos décadas a sus soldados para instalarle piscinas a la empresa Akesse, sin ningún convenio que lo habilitara, cobrando quién sabe qué, repartiendo el dinero quién sabe cómo. Los soldados eran empleados fuera de toda normativa laboral e impositiva, como si fueran esclavos. Entrevisté a algunos que quedaron lesionados haciendo trabajos en negro que le fueron ordenados por sus mandos: instalar piscinas o talar bosques, actividades que nada tienen que ver con sus funciones militares. Duarte también denunció que en un cuartel le hacían trabajos para la carpintería de un coronel y era cierto. Además, fotografió y filmó cómo se descargaban cargamentos de refrescos, cerveza y whisky, traídos por camionetas del Ejército, con nafta que pagamos todos, en el Comando de Apoyo Logístico. El Ejército Coca Cola. El Ejército Heineken. El Ejército Johnnie. Por supuesto, como ya había ocurrido con Mendiola, las investigaciones internas se centraron en castigar a Duarte, exculpando a los responsables de tales matufias. A Duarte lo sancionaron de mil maneras. Al comandante que recibía los cargamentos, lo ascendieron y lo premiaron con un cargo en el extranjero. El patrón fue idéntico en el caso del capitán de corbeta Gabriel Vega, quien elevó varios memorándums denunciando actos de corrupción que ocurrían a ojos vistas en la Armada. En este caso también, las investigaciones internas se orientaron a castigarlo a él, lo mismo que a Mendiola y a Duarte. Llegaron a tenerlo 22 días preso. En las denuncias de Vega, entre otras irregularidades, se describía cómo algunos integrantes de la Armada cobraban guardias que no cumplían. Otros cobraban a fin de mes suplementos salariales previstos para aquellos que están embarcados, pero no lo estaban. Otros recibían compensaciones extras creadas para aquellos que cumplen guardias en la frontera, o tareas contra el narcotráfico, pero en realidad estaban sentados en alguna oficina en Montevideo. “Hoy en día se ha convertido en un pago discrecional a personal cercano o de confianza”, denunciaba Vega. El Ministerio de Defensa anuló la bochornosa investigación interna que la Armada hizo respecto a estas denuncias, que estuvo –como siempre- orientada a encubrir los hechos y a castigar al denunciante. Pero el Ministerio no hizo lo que hubiera sido lo correcto: enviar las denuncias a la Fiscalía. Y cuando el caso se publicó en las páginas de El Observador, ningún fiscal se interesó. Otra de las denuncias que recibí fue de un vecino del Parque Rodó que estaba cansado de ver como alguien de su cuadra recibía leña traída, con regularidad, por un camión del Ejército. Un día el vecino filmó la descarga de leña. Le envié el video al ministro Castaingdebat. Unas horas después respondió que, según había informado el comandante de la unidad involucrada, había sido una falta, cometida por única vez, inspirada en retribuir una donación hecha por el vecino. Le mintieron al ministro. Poco después pude corroborar que los cargamentos habían sido muchos y no uno, que la donación del vecino no había existido y que la leña se había vendido a cambio de dinero, como se hacía siempre, y no como retribución de favor alguno. Quizás sea un caso menor comparado con otros, pero es ilustrativo de lo que es el Ejército hoy: una institución pública donde hay oficiales que hacen lo que se les antoja y luego mienten para justificarse, incluso al ministro. Cosas no muy diferentes ocurren en la Armada y en la Fuerza Aérea: uno de los casos que tengo pendiente es el de un funcionario de la aeronáutica militar que fue sorprendido con la valija de su auto llena de colitas de cuadril. Y por supuesto: se tapó todo. Esta situación está expuesta a la vista de todo el mundo. No solo por los artículos que relataron estos casos, sino por sentencias judiciales. Roque Mendiola ganó un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que revocó las sanciones que le había impuesto la Armada. También la teniente Claudia Rey ganó un juicio en el TCA luego de que el Ejército le impusiera todo tipo de penas por denunciar un manejo irregular del dinero y las compras en el servicio de cantinas militares. Pero gobernantes, funcionarios, políticos y fiscales eligen hacer como que no se enteran de nada. Esa es mi derrota electoral. Fueron muchas horas de trabajo, al menos 16 artículos publicados, cuatro años dedicados a un infinito rosario de deshonestidades administrativas. Y en la campaña electoral, no hay un solo partido hablando de esto. En la catarata de nuevos cargos y oficinas y funciones que todos prometen, nadie ha reclamado un mecanismo para que los integrantes decentes de las Fuerzas Armadas –que también son muchos- puedan denunciar las ilegalidades que ocurren sin tener que pasar por el calvario que les tocó vivir a Mendiola, Duarte, Vega, Rey y tantos otros. Ese punto no figura en los programas de ninguno de los grandes partidos políticos. Tampoco he escuchado a ningún político señalar que es necesario controlar el manejo discrecional de recursos humanos y materiales, incluyendo mucho dinero, que algunos hacen dentro de las unidades militares. Hay cosas que son delito si se hacen en la Intendencia de Artigas. Pero en las Fuerzas Armadas se puede eso y mucho más. Todos saben. Todos miran para otro lado.

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