El ahorro individual obligatorio: un pilar clave y mejorable para la seguridad social. Parte 2

Nicolás Stanko y Juan Ignacio Briozzo Las recientes conversaciones sobre el futuro del sistema de seguridad social se han centrado en la etapa de acumulación, dejando en segundo plano la de desacumulación del pilar de ahorro individual. Sin embargo, esta etapa es igualmente relevante y presenta problemas que limitan la competencia e impiden mayores beneficios para los usuarios. Este artículo aborda las principales características de esta fase y sus limitaciones para identificar oportunidades de mejora. En la etapa de desacumulación, los aportes realizados a la AFAP se convierten en una renta vitalicia mensual, pagada por la empresa aseguradora hasta el fallecimiento del afiliado. Esta es la única opción para recibir el monto acumulado en la AFAP, con la excepción de casos especiales. En caso de fallecimiento del afiliado, el beneficiario designado por la ley recibe una pensión sujeta a su nivel de ingresos. La renta vitalicia se determina según los aportes del afiliado, la rentabilidad obtenida y su expectativa de vida. Antes de 2004, las aseguradoras privadas y el Banco de Seguros del Estado (BSE) ofrecían este servicio. Sin embargo, debido a riesgos como la longevidad y el descalce de moneda, así como a la regulación, actualmente el BSE es el único oferente. La existencia de un monopolio en esta fase trae varias consecuencias. Primero, es necesario regular la tasa que cobra el BSE por el pago de rentas para evitar el poder de mercado y primas excesivas, problema que no existiría con la competencia. Además, la falta de esta perjudica a los usuarios, ya que no tienen opciones de empresas con diferentes instrumentos, planes y tasas, limitando sus decisiones. Un tercer problema radica en los riesgos asumidos por la aseguradora. En cualquier sistema previsional existen riesgos inevitables, especialmente el riesgo de longevidad, que es vivir más tiempo del esperado luego del retiro. Este riesgo puede ser asumido tanto por los individuos (quedarse sin ahorros) como por la prestadora (pagarle más tiempo). En nuestro sistema, con rentas vitalicias, el BSE asume totalmente este riesgo. Al ser una empresa estatal, el riesgo se transfiere al estado, lo que contradice el objetivo de un sistema mixto. A medida que la población envejece y más personas empiezan a recibir rentas existe la posibilidad, dado los costos y riesgos, de que la aseguradora asuma pérdidas y comprometa su capital. Esto podría llevar a una intervención estatal mediante capitalización, afectando no solo a los jubilados, sino a la economía en general. El descalce de monedas es crucial para la falta de competencia en el mercado. Actualmente, los pagos mensuales se ajustan por el IMSN (Índice Medio de Salarios Nominales), obligando a las aseguradoras a invertir en instrumentos al menos igual de rentables. La curva de Unidades Previsionales (UP) creada en 2018 se ajusta por la variación pasada del IMS y se han emitido títulos indexados a ese valor, aunque no ha incentivado la entrada de nuevos participantes. De hecho, expertos señalan la carencia de instrumentos profundos para evitar este descalce en las inversiones y las rentas vitalicias. Otra alternativa podría ser ajustar según la variación del IPC, mitigando el riesgo para las aseguradoras y protegiendo el poder adquisitivo de los jubilados. Si bien esto podría interpretarse como una rebaja de los ingresos si la evolución del IMS es superior a la del IPC, además de requerir una reforma de la Constitución para poder realizarse, lo cierto es que podría incentivar el ingreso de nuevos jugadores y diversificar los riesgos del jubilado ya que las jubilaciones del BPS (complementarias al ahorro individual) seguirían atadas al IMS. La escasez de instrumentos afecta la competencia, obstaculizando a las aseguradoras y desincentivando su entrada al mercado. Esto perjudica a los afiliados, que solo tienen una opción de renta vitalicia que no siempre se adapta a sus necesidades. Nuestro sistema previsional mixto podría ser más flexible introduciendo alternativas para las rentas vitalicias y ofreciendo liquidez una vez asegurada una jubilación “mínima\". Sin embargo, esto plantea problemas de riesgo moral y miopía de los agentes, ya que los individuos a menudo tienen dificultades para gestionar ingresos jubilatorios a largo plazo. La poca educación financiera y el riesgo de longevidad también son desafíos, ya que podrían llevar a decisiones inadecuadas o mal uso de la liquidez, dejando a los afiliados sin fondos suficientes para su retiro. Las tablas de mortalidad del BCU para el cálculo de la renta son una limitante significativa. Estas tablas, que contienen la probabilidad de muerte según la edad actual, no distinguen por sexo ni nivel de ingresos, creando subsidios cruzados, ya que mujeres y personas con mayores ingresos suelen vivir más. Los errores en los cálculos de mortalidad implican altos costos para las aseguradoras, que al subestimar la probabilidad de supervivencia pagan rentas más bajas y obtienen menores ingresos. Estos costos aumentan si el beneficiario, generalmente el cónyuge, es más joven que el trabajador pues en el cálculo de la renta se asume que ambos tienen la misma edad, lo que puede llevar a pagos prolongados no previstos tras el fallecimiento. La reforma de 2023 mejoró algunos aspectos, haciendo obligatorio el ahorro individual e implementando tablas dinámicas. Aun así, se podrían usar tablas de mortalidad específicas por sexo, permitir que cada aseguradora use sus propias tablas (supervisadas por el BCU) y ajustar las rentas mensuales ante cambios en los beneficiarios. Desde la reforma de 1995, se ha puesto esfuerzo en mejorar la fase de acumulación, descuidando la de desacumulación, igualmente crucial para el bienestar de los trabajadores. Se observan condiciones de mercado que desincentivan la competencia. Es importante abordar con mayor detalle esta fase para lograr un sistema íntegro y eficiente. [i] Segundo Premio Academia Nacional de Economía 2023