Cardama: luces amarillas que no se advirtieron

La noticia bomba de esta semana fue la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con Cardama –el astillero gallego al que el gobierno anterior le encargó las dos patrullas oceánicas OPV- luego de corroborar que la garantía la estaba aportando una empresa trucha. La decisión trajo una catarata de reacciones y posicionó una vez más a los dos bandos enfrentados. El exministro de Defensa, Javier García, el responsable del contrato con el astillero gallego, encabezó la defensa de lo firmado y atrás se alinearon dirigentes blancos que apuntaron a razones políticas con el fin de pegarle al expresidente Luis Lacalle Pou. Del otro lado, el oficialismo defendió en bloque la decisión tomada por el gobierno, basados en que hay contundentes elementos que dan indicios de un “fraude” al Estado, como dijo el propio Orsi, y apuntaron a que se debe investigar si hubo “complicidad por parte de funcionarios públicos que actuaron”. Más allá del uso político que se haga del tema, la contratación a Cardama estuvo desde el día uno bajo un manto de sospecha, del que te hablaré en esta newsletter EnClave. Certezas y dudas sobre el proceso Cardama La información que dieron el presidente Orsi y el secretario y el prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, en la conferencia de prensa del miércoles es lo suficientemente grave como para, por lo menos, poner un parate al contrato, analizar, investigar, y decidir cómo seguir. El gobierno verificó que la aseguradora que dio la garantía a Cardama, con la que se habilitó la construcción de las patrullas, y la que se pretendió ejecutar ante incumplimientos, es una empresa trucha, como informó Ramiro Pisabarro en esta nota: EuroCommerce declaró una dirección falsa ya que en ese lugar funciona una inmobiliaria. No está registrada ante las autoridades financieras británicas, figura a nombre del ruso Vladimir Suzdalev y está en proceso de disolución desde el 19 de agosto. El dominio web de EuroCommerce fue creado recién en 2022 y su número telefónico publicado correspondía al banco Standard Chartered de Londres. No tuvo ningún empleado entre 2023 y 2024, y tuvo solo uno en 2022. Se supo además que la garantía está redactada en inglés, no se apostilló, no se tradujo y la representación no fue controlada debidamente. En base a esta información y a otros hechos que se dado a conocer en estos días, surgen las siguientes dudas y preguntas para hacerle tanto al gobierno anterior como al actual: Al gobierno anterior: ¿Por qué no se chequeó la garantía? Armando Castaingdebat, quien era ministro de Defensa cuando se aceptó la garantía, dijo que es “accesoria” la garantía y es “miope” centrar el tema en las irregularidades de la empresa, como si fuera algo menor lo que se supo ahora. ¿Cómo fue que se terminó aceptando la garantía de EuroCommerce cuando el estudio Delpiazzo, que asesoró al gobierno, había advertido que no cumplía con las condiciones y esta aseguradora replicaba de forma textual varios de los estatutos de Euro Exim Bank, otra empresa que había sido rechazada como garantía? Está contado en esta nota. Las anteriores autoridades dicen que el estudio Delpiazzo sugirió correcciones que se hicieron y por eso se aceptó a EuroCommerce ¿cuáles fueron esos ajustes? ¿Por qué se fijó un mecanismo de pagos automáticos siendo que la empresa presentaba varias dudas? Castaigndebat dijo que el MEF y el BROU entendieron que la forma más garantista era abrir una carta de crédito en el BROU y Cardama en Deutsche Bank para liberar los pagos luego de que se certificara el cumplimiento de hitos. Al gobierno actual le preguntaría: Considerando que los oficiales que viajaron en mayo a inspeccionar la tarea de Cardama recomendaron \"una renegociación del contrato (...) en las etapas de los pagos\" para que el Ministerio de Defensa tenga \"capacidad de control y autorización” ¿no fue posible acelerar el proceso de investigación en torno a la garantía? ¿Se convocó a Cardama para esa renegociación? ¿Por qué se decidió ejecutar la garantía y no intimar a la empresa a que se pusiera al día con los incumplimientos? Cardama se enteró por la prensa de la decisión del gobierno. Si este era un tema de preocupación ¿por qué la ministra Sandra Lazo omitió hablar del tema de la garantía cuando se reunió con Mario Cardama el 10 de octubre pasado en Montevideo? ¿En qué avance exacto están las patrullas? Mientras Mario Cardama ha señalado que van en el 60% del primer buque, Lazo lo puso en duda: “Una imagen vale más que mil palabras”. Las luces amarillas del largo proceso Una primera alarma que generó este tema fue la dificultad de la empresa para conseguir la garantía, ya que un proceso previsto por el gobierno uruguayo en 45 días, a Cardama le llevó 11 meses. El contrato, firmado el 15 de diciembre de 2023 por el entonces ministro García, establecía que Cardama debía presentar dos garantías —de reembolso y de fiel cumplimiento—. El almirante Jorge Jaunsolo había inspeccionado a Cardama en 2016 y advirtió que lo recordaba como un astillero de menor porte que el Dique Nacional, sin dique seco y destinado a barcos de pesca. El entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, realizó un informe escrito en el que evaluó a las empresas que habían ofertado y consideró que la propuesta de Cardama era la peor por lo que la ubicó en el quinto y último lugar, como dio cuenta Leonardo Haberkorn en esta nota, Al ser elegida, Musso pidió su pase a retiro. Musso había advertido que Cardama no ha construido buques del tonelaje que necesita Uruguay en los últimos seis años, carece de experiencia en la construcción de patrulleros de alta mar en los últimos 15 años y tampoco ha construido al menos un casco de patrullera como el que está ofertando. Advertía que es necesario evitar que la compra de las patrulleras se transforme en “un experimento a costa de los recursos del Estado”. Otra alarma se encendió cuando se conocieron detalles del contrato, en agosto del año pasado, en otra nota de Haberkorn, con el que se develaron que varios aspectos del contrato resultaban perjudiciales para el Estado e incumplían aspectos que se habían promocionado. A modo de ejemplo, del contrato surgía que la velocidad máxima establecida para las patrulleras era de 21 nudos, cuando el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, había manifestado que las patrulleras podrían alcanzar un pico de velocidad de 24 nudos. Además se indica que las patrulleras llevarán motores Caterpillar “o similares”, lo cual no garantiza que sean de esa marca reconocida, tal como se había anunciado. Otras cláusulas de dudoso beneficio para el Estado eran que todos los gastos extras que Cardama tuviera en la construcción de las patrulleras se cobrarían aparte y que el precio final se ajustaría por inflación de España; Uruguay debería pagar el 70% del costo total de ambos buques mucho antes de que estuvieran terminados y se sepa si funcionaban de un modo correcto; y que las dimensiones y características de los buques podrían ser modificadas por Cardama. También fue tema de cuestionamiento que Cardama enfrentaba una situación económica frágil. Y el acuerdo hacía referencia al escenario de que la firma quebrara: “En caso de que el constructor ingrese en un proceso administrativo o judicial de quiebra o en caso de terminación anticipada del contrato por incumplimiento del constructor las partes acuerdan que la propiedad de lo hasta ese momento construido pase al comprador”. Todo este episodio trajo recuerdos del escandaloso caso Pluna con el caballero de la derecha y la empresa fantasma Cosmos. Sólo que acá la que falló fue la garantía (en ese caso la había aportado el Estado y por ello fueron procesados el exministro de Economía y el expresidente del BROU). Cardama existe y, pese a las enormes dudas que deja, está en proceso de construcción de los buques. Pluna dejó un enorme agujero al Estado. Lo último fueron los US$ 30 millones más intereses, que el Estado le debió pagar al socio privado en un juicio internacional que llevó más de 12 años, casualmente la misma cifra que el Estado lleva desembolsado para unas patrullas que seguramente no tengamos. Este viernes el gobierno entregó la denuncia penal en fiscalía que apuntará a verificar si existieron delitos entre las autoridades que llevaron adelante la contratación. Cardama por su parte, anunció que intentará subsanar el tema conversando con las autoridades pero también podría reclamar al Estado uruguayo el incumplimiento del contrato. Asimismo Uruguay podrá presentar acciones en Reino Unido y España si prueba una participación de Cardama en el fraude. A la vista está que tendremos varios años por delante de juicios y demandas cruzadas, mientras las costas uruguayas seguirán desprotegidas.