Por una Fiscalía colegiada, pero no politizada

No hay acuerdo político para designar al Fiscal de Corte. Para ello se requiere venia del Senado otorgada por tres quintos de votos del total de componentes del cuerpo, y esos votos no están. La exigencia de la venia otorgada por una mayoría especial del Senado data de la Constitución de 1934. Desde entonces, nunca se había producido una “impasse” como la que existe desde que el Dr. Jorge Díaz renunció a la Fiscalía de Corte en el 2021. ¿Por qué sucede esto ahora, si nunca antes había sucedido? Porque desde 2017 rige un Código del Proceso Penal que pone la investigación de los delitos a cargo de los fiscales. Estos cobraron así una importancia y un protagonismo mediático que antes no tenían; por eso su jerarca, el Fiscal de Corte, pasó a ser una figura pública relevante. Él es quien propone al Poder Ejecutivo la designación y la destitución de los fiscales; los asciende, los traslada y los sanciona. Él adopta las instrucciones generales que los fiscales deben cumplir. Los fiscales tienen independencia técnica, pero saben que su jerarca los mira y que su destino funcional depende de él. El Fiscal de Corte tiene pues mucho poder. Por eso, ningún partido político quiere dar sus votos para que llegue a ese cargo nadie que no tenga su absoluta confianza. En estos tiempos de crispación política que vivimos, parecería que basta que unos propongan a un candidato para que los otros, automáticamente, desconfíen de él. Y así estamos, con el cargo vacante desde hace tres años. Ante esta situación, claramente inconveniente para el buen funcionamiento del ministerio público y fiscal, es oportuno recordar que la Constitución dice que tiene que haber un Fiscal de Corte y dice también cómo ha de designársele, pero no define las competencias del cargo. Este punto, crucial, queda librado a lo que disponga la ley. Las normas legales vigentes asignan a la Fiscalía de Corte dos tipos de competencias: administrativas y procesales. En el plano administrativo, la ley dice que el Fiscal de Corte es también el Director General, o sea el jerarca, del servicio descentralizado Fiscalía General de la Nación. En el plano procesal, la ley regula la actuación del Fiscal de Corte en determinadas causas que se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia (inconstitucionalidad de la ley, etc.); son estas competencias procesales, no las administrativas, las que le dan nombre al cargo. Pues bien: la ley puede disponer que el servicio descentralizado Fiscalía General de la sea dirigido ya no por un Director General sino por un Directorio colegiado; esto fue propuesto hace tiempo por el diputado Gustavo Zubía, mediante un proyecto de ley firmado además por varios legisladores colorados. Pero pensamos nosotros que para salir del atolladero en el que estamos es preciso ir más allá y establecer que de ese Directorio no ha de formar parte el Fiscal de Corte, quien conservaría las competencias procesales que las leyes vigentes le otorgan pero en el plano administrativo quedaría subordinado al Directorio de la Fiscalía, igual que los demás fiscales. La composición pluripersonal del órgano jerarca de la Fiscalía General replicaría en este ámbito la solución que desde siempre se aplicó en el Poder Judicial, en la justicia Contencioso Administrativa, en el Tribunal de Cuentas y en la Corte Electoral, así como en las empresas públicas. Cuando son varias personas las que deben deliberar y votar para adoptar decisiones, se elimina o por lo menos se reduce sustancialmente el margen para la arbitrariedad, el favoritismo o el capricho, así como la vulnerabilidad del órgano a las presiones que puedan venir de afuera. Para que los fiscales ejerzan su independencia técnica, es claro que un Directorio colegiado ofrece más garantías que un Director General omnipotente. De adoptarse esta solución seguirían siendo necesarios los tres quintos de votos del Senado para designar al Fiscal de Corte, pero sería mucho más fácil obtenerlos. Ese funcionario dejaría de ser el mediático y poderoso jerarca del servicio encargado de la persecución penal, para quedar confinado en el importante pero discreto rol de abogado de la causa pública ante la Suprema Corte de Justicia. El problema político se desplazaría, podrá decirse, a la designación de los miembros del Directorio de la Fiscalía General. Para resolver ese problema no sería aceptable, de ninguna manera, el reparto de posiciones entre los partidos políticos. La politización y partidización del ministerio público y fiscal sería francamente abominable, y si para salir de la situación en la que estamos el único camino fuera ese, sería preferible quedarnos donde estamos. Pero hay otro camino. Para designar a los jerarcas de los servicios descentralizados la ley tiene un margen de maniobra del que carece cuando se trata del Fiscal de Corte. El inciso final del artículo 187 de la Constitución permite que, con una mayoría especial, el Parlamento establezca el procedimiento de designación que considere adecuado. La ley podría pues disponer que los miembros del Directorio de la Fiscalía General sean designados por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado otorgada por tres quintos de votos (criterio del artículo 187, inciso primero), y que en caso de no obtenerse esa mayoría en un plazo determinado, queden automáticamente designados como miembros del Directorio los fiscales de mayor antigüedad en sus cargos (innovación a introducir al amparo del inciso final del art. 187). Se trata pues de extender a la Fiscalía el procedimiento supletorio de designación que la Constitución vigente introdujo para los miembros de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De esta manera se aseguraría la provisión de los cargos en plazos razonables, sin caer en un reparto por cuota política que desnaturalizaría por completo lo que debe ser el ministerio público y fiscal. Soluciones hay, pues; pero tenemos que atrevernos a innovar. Confiemos en que lo hará la próxima legislatura, ya que la Constitución (artículo 229) no permite crear cargos en año electoral.