Uno de los desafíos apremiantes del gobierno de Yamandú Orsi y una buena noticia de la transición

Este fin de año nos agarra en plena transición hacia el próximo gobierno. En ese contexto, entre negociaciones y designaciones, con las que cada ministro va perfilando los lineamientos que seguirá en su gestión, la seguridad aparece como uno de los desafíos más urgentes. Y justamente en ese ámbito surgió una buena noticia que demuestra el interés del nuevo gobierno de darle continuidad a algunas de las políticas de seguridad que comenzó a aplicar esta administración, de las que te hablaré en esta última newsletter EnClave del año. La inseguridad desde las causas sociales del delito El presidente electo Yamandú Orsi había dicho en la campaña que no venía con espíritu refundacional y que si había cosas que se hacían bien en la actual administración seguiría aplicando esas políticas. Lo dicho se demuestra en los hechos y esta semana dio una señal en ese sentido. La inseguridad históricamente se ha atacado con represión y con mayores niveles de prisionización, por eso todos los gobiernos, incluidos los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, no han hecho más que aumentar las penas. Así llegamos en la actualidad al récord de personas privadas de libertad (se superaron las 16 mil). Esa cifra da una tasa de 432 presos cada 100 mil habitantes y coloca a Uruguay octavo a nivel mundial y primero en América del Sur en términos de prisionización. Además esas personas viven hacinadas (123 personas cada 100 plazas), solo el 17% accede a oportunidades adecuadas de integración social (trabajo, estudio) mientras que casi la mitad (43%) está sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, según datos del Ministerio del Interior. A la vista está que la política de aplicar más cárcel como la principal medida ha fracasado. Si bien en esta administración han disminuido las cifras de rapiñas y hurtos, no se puede decir que la seguridad haya dado un salto porque no han podido bajar los homicidios ni los niveles de violencia que han seguido escalado. Lo que sí podemos saber hoy es la mayor cantidad de asesinatos no ocurren por disputas entre narcotraficantes o por una rapiña violenta sino por disputas afectivas o vecinales. El \"conflicto interpersonal entre conocidos\" es el motivo más frecuente en los homicidios, demostró un estudio que recogía esta nota de Tomer Urwicz. Dos ejemplos que se conocieron en los últimos días lo confirman: el asesinato al joven de 14 años que jugaba en Montevideo City Torque por una disputa con un vecino que atacó a su madre y al defenderla recibió varios balazos en el pecho. Otro ejemplo lo dio a conocer la colega Paula Ojeda en El País al reconstruir el incendio en el que murieron seis presos en el exComcar un año atrás. La investigación periodística reveló que el motivo por el cual un grupo de reclusos prendió fuego en su celda a seis compañeros fue que uno de ellos le pidió amistad por Facebook a la pareja del otro. Estas situaciones tan dramáticas como reales denotan un deterioro del tejido social que requieren otro tipo de medidas que tienen que llegar a las raíces del problema. Si no se logra que las personas internalicen una disputa con su vecino o conocido no se puede arreglar a los tiros, no se podrán mejorar los niveles de violencia. Fácil es decirlo. Atacar esa desintegración social es uno de los principales desafíos que enfrenta el próximo gobierno y Orsi y sus asesores lo saben. Su principal articulador en seguridad, que será el prosecretario de la Presidencia designado y exfiscal de Corte Jorge Díaz, y el ministro del Interior designado Carlos Negro vienen trabajando en esos temas desde hace años. Por eso en esta campaña Orsi habló del enfoque dual, de combinar represión con políticas de prevención, y eso se parece mucho a las políticas que ha venido aplicando el actual ministro Nicolás Martinelli. Para eso le dio vida en el ministerio a Diego Sanjurjo, un académico que pertenece al Partido Colorado, y con él se vincularon al ministerio otros académicos expertos en crimonología que fueron proponiendo planes que han tenido cabida. Sanjurjo llegó a la política convocado por el excandidato colorado Ernesto Talvi en 2019 y al ganar la coalición en 2020 asumió el cargo de coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, un cargo rentado por el BID. En esta campaña asesoró al precandidato Rober Silva, de Ciudadanos. Cuando todavía estaba Heber en el ministerio le encomendó a Sanjurjo la tarea reunir a representantes de todos los partidos para acordar medidas sobre seguridad. Ese acuerdo que finalmente no contó con el apoyo del Frente Amplio y en parte con Cabildo Abierto, se plasmó en 16 medidas que se empezaron a aplicar. El actual ministro definió que ese era \"el rumbo a seguir\". La buena noticia de la continuidad De esas 16 medidas menciono tres ejemplos que deberían tener continuidad en la próxima administración porque son fundamentales para el futuro porque han demostrado buenos resultados. La primera es el Proyecto de Inclusión Asistida, que fue un plan piloto que se aplicó durante un año en la cárcel de Santiago Vázquez, supervisado por académicos de la Universidad de Montevideo (UM), que buscó bajar las tasas de reincidencia, que son del 65%. En este programa se le proporcionó a los liberados desde antes que salieran asistencia social y al salir una tarjeta Uruguay Social ($1640 mensuales) y boletos durante seis meses, a cambio de participar del seguimiento de la Dinali (dirección del liberado). El plan mostró que al mes de liberados los participantes del programa reincidieron 25% menos que otros reclusos liberados, pertenecientes a un grupo de control que se utilizó para comparar. Otro ejemplo fue la Red Oportunidades, un espacio de coordinación entre el Estado, privados y organizaciones sociales centrado en conseguirles trabajo a las personas liberadas a través de la implementación de subsidios para empresas que contraten personas liberadas. Para trabajadoras mujeres el subsidio salarial es del 80%, y para trabajadores varones, 60%. Las contrataciones tienen un mínimo de 6 meses y un máximo de 12. El tercer ejemplo, que se presentó hace unos días, es el libro blanco de reforma del sistema carcelario. Se trata de una guía para encarar una reforma carcelaria a largo plazo elaborada por la socióloga Ana Vigna con apoyo del BID que apunta a establecer un nuevo paradigma de la reclusión. Dentro del gran paraguas de la seguridad, el sistema carcelario aparece como el desafío más urgente si se advierte cómo “el adentro” incide en “el afuera”. Lo decía Sanjurjo en la introducción de ese libro sobre la reforma carcelaria: “Las cárceles en América Latina son incubadoras del crimen organizado donde bandas criminales menores evolucionan hasta convertirse en organizaciones capaces de disputar la autoridad total abiertamente”. En Uruguay tenemos un ejemplo conocido: el narcotraficante Sebastián Marset se vinculó con bandas internacionales y llegó a ser el \"gerente de la Hidrovía\" como le dicen, gracias a los contactos que hizo cuando estuvo preso. También aunque no son famosos decenas de chiquilines terminan vinculados a bandas barriales por los contactos que hacen en las cárceles. La reforma carcelaria es impostergable. Otras dos de las 16 medidas, que no llegaron a ejecutarse, también están en los planes del gobierno de Orsi y son la creación del Ministerio de Justicia (se deberá crear por ley de presupusto y pasará a asumir la gestión de las cárceles) y la creación de un gabinete de seguridad que asesorara directamente al presidente en Torre Ejecutiva. Esa idea del gabinete es parecido a lo que pretende hacer Jorge Díaz desde la prosecretaría donde comandará todos los organismos vinculados con las políticas de seguridad. En ese contexto fue que este jueves Sanjurjo se reunió con el futuro ministro Carlos Negro y se conversó sobre la posibilidad de que permanezca en el ministerio en el próximo gobierno. La de ayer, aunque se hizo pública, porque al salir lo vieron los periodistas que están apostado en el edificoi de Plaza Alemania, donde el gabinete de Orsi trabaja en la transición no fue la primera. Ya hubo varias, hubo un ofrecimiento concreto, hay un interés y aunque todavía no está cerrado “es muy posible” que ocurra, dijeron personas al tanto de las conversaciones. El futuro secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez dijo sobre el tema: “Ha propuesto un conjunto de medidas, en algunas nosotros estamos de acuerdo y en otras no tanto” pero podría suceder que se sumara. Habrá que ver si la permanencia de Sanjurjo se concreta y si luego otros sectores del Frente Amplio le llevan sus propuestas. Ya pasó que en la comisión interpartidaria se enfrentó al entonces asesor de la coalición de izquierda, Gustavo Leal, quien no aceptó firmar el documento. Pero más allá de la persona concreta, parece una buena señal que se apunte a darle continuidad a planes y propuestas que necesitan ser políticas de Estado. Para eso es necesario que el gobierno del signo contrario al que las propuso sea capaz de ejecutarlas.

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Jorge Díaz dijo que planean crear un organismo en Presidencia para coordinar la seguridad pública

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