Las horas extras de la flia Caram y nuestra capacidad de indignación

Había una vez un reino no tan lejano en el que la familia real disponía del destino de sus vasallos, siempre con su bienestar en la mente. La familia Caram reinaba en armonía con su pueblo, que padecía grandes necesidades pero confiaba en sus reyes y princesas. Podría ser el comienzo de un cuento de niños, pero en el Uruguay de 2024 es un cuento de terror: el de las horas extras de la familia Caram. Pero es mucho más que un mal manejo administrativo y ético de horas extras; es una fábula de abuso de poder, de secretos tapados por la familia y por muchos más. Es, también, una moraleja a tener en cuenta por la ciudadanía: ¿está nuestra capacidad de indignación en declive? Esta semana fueron condenados por delitos de corrupción tres dirigentes del Partido Nacional de Artigas: el intendente Pablo Caram, su sobrina, la exdiputada Valentina Dos Santos, y el exsecretario general de la comuna Rodolfo Caram, primo del jerarca comunal. Todos aceptaron un proceso abreviado y así la sacaron barata con tareas comunitarias que los salvan de ir a prisión. El caso en realidad generó cuatro procesamientos: del exintendente Caram por un delito de omisión a los deberes de funcionario público, de su primo Rodolfo, de su pareja Stefani Severo, por fraude, y de la ex diputada Dos Santos por usurpación de funciones. Valentina Dos Santos, algo así como intendenta en las sombras –porque por alguna razón que no tiene que ver con la banca que ocupaba también se encargaba de repartir horas extras insólitas–, dijo luego de su procesamiento en el reino no tan lejano: “Si hice cosas que van más allá de mis tareas como diputada fue simplemente con afán de trabajar por mi pueblo”. La ex diputada tenía planeado asumir como intendenta ayer viernes, luego de que renunciara su tío Pablo Caram. Ni ella asumió ni él renunció. Además de quién será el intendente de Artigas, lo que también quedó en el limbo es la notoria falta de posición oficial del Directorio del Partido Nacional, que ahora espera por lo que decidirá su Comité de Ética sobre Caram. El Partido Nacional estaba al tanto del asunto al menos desde enero de 2023, cuando el caso se hizo público luego de una publicación del diario El País. Poco después, el entonces intendente se presentó ante la comisión de Asuntos Políticos del órgano nacionalista, donde se defendió y dijo que tenía pruebas de que las horas extras y las horas en feriados eran legales. Caram nunca explicó nada, ni siquiera por qué Severo, la empleada municipal del área de Recursos Humanos cobró $93.979 por 196 horas extras en diciembre de 2021, además de $26.861 por trabajar en feriados. La pobre mujer laburaba 15 horas por día, si se calcula todas las horas extras más las reglamentarias. Luego se confirmó a través de una investigación administrativa que desde febrero de 2021 cobró entre 72 y 294 horas extras por mes. A sus horitas se sumaron después las denunciadas penalmente por el edil colorado Daniel Argañaraz, cobradas al menos por 12 personas, incluso cuando estaban de licencia. A pesar de que el intendente no justificó nada, esta semana el Directorio emitió un comunicado en el que hace hincapié en que tanto Rodolfo Caram como Valentina Dos Santos “no fueron inhabilitados por la Justicia para ocupar cargos públicos”. Pero no todo termina en la condena. Valentina Dos Santos habrá cumplido su pena para enero del año que viene, por lo cual podría presentarse como candidata a la intendencia de Artigas, tal como tenía planeado. Hace pocos días, en las internas, la lista que lidera Caram y su sobrina fue la más votada en el Partido Nacional. Los artiguenses ya sabían que la cosa venía mal aunque aún no había procesamientos. Y los nacionalistas que toman las decisiones, también. No se trata en este caso de señalar a uno u otro departamento, porque recientemente hemos sido testigos de irregularidades a nivel departamental y nacional, de todo tipo y color. El exjerarca nacionalista al frente de la Comisión de Salto Grande renunció pero no evito el escándalo de indiscriminadas repartijas de dinero. A fines de 2023 Carlos Albisu comenzó a hacer campaña para ser intendente de Salto, y su lista fue la más votada en las internas. Andrés Lima, actual intendente de Salto por el Frente Amplio, enfrenta una denuncia penal por diferentes movidas clientelistas. Habrá que esperar, pero la lista de irregularidades es opípara: desde la suma de figuras de otros partidos a cambio de cargos en la comuna, hasta la contratación de más de 100 monotributistas bajo la presunta exigencia de militar por él, pasando por la presunta venta de libretas de conducir. También a fines de 2023 fue procesado sin prisión Agustín Bascou, exintendente de Soriano, por conjunción de intereses, acusado de comprar combustibles para la intendencia a una estación de servicio de la que era dueño durante su gestión. Carlos Moreira, que nunca fue procesado por la Justicia pero protagonizó un escándalo aberrante de corte sexual-clientelista, fue elegido en 2020 por cuarta vez como intendente de Colonia. Y hay más. Todo indica que nuestro nivel de indignación es bastante flexible. Lo que necesita un país democrático son muestras claras de que no se transa con la corrupción, ni de los narcos ni de los compañeros de partido. No deberíamos reírnos de las vivezas criollas, que en el caso de Artigas más que viveza es un enorme esquema de clientelismo y fraude por cifras millonarias, manejado por una familia que se consideró tan pero tan impune como para poder hacer algo así en uno de los departamentos uruguayos con más pobreza y desempleo. Álvaro Delgado habló el jueves, a diferencia del presidente Luis Lacalle Pou. “Es una situación donde se detectaron notorias irregularidades y la Justicia determinó algunos delitos”, declaró , y agregó que le quedaron “sensaciones raras” y “mucha frustración”. “Lo que está mal está mal, uno no puede tener dos cristales para mirar estas cosas. El sentimiento personal es muy triste, amargo, una irregularidad que no comparto “. Está bien que Justicia sea la vara más importante a la hora de juzgar irregularidades y presuntos delitos de jerarcas públicos, pero no estaría mal que los partidos y líderes se la jugaran sin peros a la hora de señalar que no va más con este tipo de manganetas. Vivimos en una república de pocos habitantes en la que no deberían existir feudos ni señores feudales que hacen lo que se les canta. No es excusa que un jerarca no sepa que algo es delito o que no tenga “nada que ver”. No es excusa, tampoco, que no haya una condena judicial, porque no siempre existen las pruebas. Pero si ladra y tiene cola, es un perro. Esto corre, también, para nosotros los ciudadanos. El voto no se gasta, señores y señoras. Se invierte. En el futuro de este país.

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