Corruptos en Artigas, una bomba que le explotó en la cara al Partido Nacional

Utilizar los dineros públicos y los aportes de los contribuyentes para beneficiar a correligionarios políticos y familiares es corrupción en cualquier lugar del mundo. Artigas, aunque parezca que está apartado del mundo, no es la excepción. Lo que viene pasando en la administración municipal del norte del país desde hace años, es un hecho gravísimo que fue minimizado o ignorado por el Partido Nacional, y que tiene puntas políticas y jurídicas para tratar, a las que dedicaré esta newsletter Enclave. Se llama corrupción Los hechos que derivaron en las cuatro condenas que la Justicia dictó esta semana se conocen al menos desde enero de 2023 cuando se viralizó en Artigas el recibo de sueldo de Stefani Severo, pareja de Rodolfo Caram, primo del intendente Pablo Caram. En ese momento el secretario general de la intendencia le ordenó a la jefa de Recursos Humanos que le pagara –a su mujer– horas extras que no había trabajado. Al pedir la condena de los jerarcas, el fiscal Federico Rodríguez señaló que Severo se atribuyó “una cantidad de horas extras diarias desmesurada, superando en ocasiones las 200 horas mensuales, lo cual es, de forma notoria, humanitariamente imposible de llevar a cabo”. Además sumó días feriados (12 de octubre de 2021, domingo 1 de mayo y 18 de julio de 2022), así como fines de semana e incluso días en los que estaba de licencia. En el recibo que se viralizó, al sueldo base de $45.188, se le sumaba una compensación de 40% ($18.075) y otros $93.979 por 196 horas extras, de los cuales $26.861 eran por 53 horas trabajadas en feriados, como había dado cuenta Qué Pasa de El País. Lo insólito es que no tenía estudios ni experiencia en el área de Recursos Humanos donde trabajaba (había trabajado en un almacén y como niñera). El fiscal en su acusación señaló que cobró cifras similares durante 16 meses –en marzo de 2021 y entre setiembre de ese año y diciembre de 2022–, por lo que llegó a cobrar $1.115.318 de horas extras (US$ 27.689). Por supuestamente trabajar feriados recibió $258.022 (US$ 6.200), es decir $1,4 millones en total. Sobre Rodolfo Caram el fiscal dijo que cooperó directamente con el delito ya que “constriñó” a la jefa de Recursos Humanos para que aprobase las liquidaciones de su pareja. Y sobre el intendente Pablo Caram dijo que sabía perfectamente lo que pasaba: “Tuvo conciencia de lo que estaba sucediendo en su administración, con anterioridad a que los hechos salieran a la luz por parte de los medios de comunicación” aunque aclaró que “no se involucró directamente en la concreción de la conducta fraudulenta (…), pero si omitió denunciar lo que estaba aconteciendo”. La denuncia la hizo en marzo de 2023. Por último, el fiscal confirmó lo que se dijo siempre sobre Valentina Dos Santos, que era la intendenta “en las sombras”. La exdiputada, que renunció al Partido Nacional tras ser condenada, decidía “quiénes ingresaban, en qué cargo, límites de horas extras, personas que fueron cesadas, modificaciones contractuales”. Por eso le recayó el delito de usurpación de funciones porque siendo diputada daba ordenes en la intendencia de su departamento. Los denunciantes han dicho que el fraude de la intendencia superó los US$ 8 millones pero en la Justicia al momento lo probado es lo de Severo y no está claro si la Fiscalía seguirá indagando los restantes casos, ya que suele pasar que estas investigaciones se quedan en los primeros descubrimientos. Caram sabía muy bien lo que pasaba en su intendencia. Y por esos hechos tuvo que dar explicaciones en el directorio del Partido Nacional en febrero de 2023 cuando fue convocado por el senador de Alianza Nacional, Carlos Camy. En esa reunión que duró poco más de media hora, (importa el tiempo para valorar la importancia que se le dio) Caram dijo que Severo no fue cesada sino que renunció, que la situación era “absolutamente legal” y que las horas extras pagadas fueron “bien dadas” mientras públicamente había dicho que había sido echada por “jopear” a la de RRHH falseando su recibo, según declaró en 12PM de Azul FM. Las explicaciones no cerraron y sus correligionarios le pidieron entonces que aportara la documentación. Caram dijo que la llevaría, mientras que los ediles blancos artiguenses le dieron su respaldo al intendente y aseguraron que la oposición buscaba sacar un rédito político. A la luz de los hechos, el partido no siguió el tema con celo y preocupación y ahora les explotó en la cara. Por eso llevan cuatro días de debates internos tras darse cuenta de que debieron haber actuado a tiempo y no, una vez más, con todo el pescado vendido. Pero Caram siguió y sigue tan campante sin consecuencias. Ahora, luego de ser condenado, decidió pedirle al directorio que pase su caso a la Comisión de Ética. No renunció al partido. Las salidas públicas de los dirigentes han sido muy tibias. El presidente Luis Lacalle Pou tuvo este 18 de Julio en el acto por la conmemoración de la Jura de la Constitución, una buena oportunidad de condenar estos hechos de corrupción pero prefirió no hablar del tema. Cuando los periodistas se le acercaron para consultarlo sobre el tema dijo que “no era momento” y no hizo declaraciones. Fue Álvaro Delgado quien le salió al cruce de los medios en ese momento y se ofreció para opinar. El candidato a la Presidencia dijo que tiene un “sentimiento personal muy triste, amargo” por la \"irregularidad\" en la Intendencia de Artigas y opinó que “no es lo más adecuado” que Dos Santos asuma la Intendencia de Artigas. También salió la candidata a vice Valeria Ripoll, a quien una vez más corrieron con el archivo porque cuando era dirigente sindical había denunciado que en Artigas se habían pagado horas extras irregulares a 50 funcionarios y que los intendentes del interior se comportaban como patrones de estancia. “No voy a defender nunca lo que está mal, mucho menos si lo hace un compañero mío, más allá de que hoy ninguno de los dos está dentro del Partido Nacional\", remarcó ahora aunque se equivocó porque Caram no renunció. El futuro de la intendencia ¿quién asume? Caram tenía pensado renunciar este viernes para dedicarse a la campaña y candidatearse a diputado en octubre. En su lugar estaba previsto que asumiera su sobrina Valentina Dos Santos. Para eso, ella el martes renunció a la banca. Desde el entorno de la Intendencia se aclaró que la fecha de hoy era política y que la obligación constitucional –el artículo 92– determina que para postularse a diputado deba renunciar al cargo tres meses antes, por lo que hasta el 26 de julio podrá seguir al frente de la comuna. Mientras, ella se asesora con expertos para saber si puede asumir. Fue por eso que su defensor, el penalista Jorge Barrera negoció con la fiscalía el delito que le recaería y se preocupó de dejarla afuera del fraude (que se la aplicó a Rodolfo Caram y a Severo) y de otros delitos de corrupción que tienen como penas accesorias la inhabilitación para cargos públicos. Sin embargo, los constitucionalistas en bloque salieron a señalar que a cualquier persona condenada se le suspende la ciudadanía hasta que cumplan la condena. Como consecuencia apuntaron que no pueden votar ni ser electos para cargos, informó El País. El artículo 80 de la Constitución dice que la ciudadanía se suspende, entre otros casos, por ser condenado a prisión por sentencia firme. Justamente, la interpretación que haga la Corte Electoral de ese artículo de la Constitución le puede abrir un salvoconducto a Dos Santos, ya que desde el organismo electoral me explicaron que siempre se ha entendido que cuando no hay prisión, es decir cárcel efectiva, la condena no suspende la ciudadanía. Políticamente puede alegar que ya no pertenece al partido y hacerlo pese a que Delgado le pasó el mensaje de la inconveniencia de que lo haga pero éticamente sería una vergüenza que asumiera al frente de la intendencia una funcionaria condenada por haber permitido que se les pagaran millones en horas extras no trabajadas a allegados políticos o familiares. Es corrupción acá y en la China