Lavado de activos: el valor de disentir y hablar

El debate sobre la ley de lavado de activos mostró una vez más la tensión entre la urgencia y la reflexión. En medio de esa presión, hubo espacio para una decisión distinta, posponer la votación, dar más tiempo al análisis y encontrar un camino de coincidencias que preservara la seriedad del trámite parlamentario. Esa salida no surgió sola. Requirió conversaciones, paciencia y la convicción de que lo importante no era la foto inmediata sino la solidez del acuerdo futuro. Me tocó trabajar por ese entendimiento entre partidos, y lo menciono no como mérito personal sino como prueba de que en la política todavía es posible sentarse a hablar, escuchar razones y encontrar puntos de encuentro. Disentir no significa romper. Al contrario, es disentir lo que nos permite acercarnos porque obliga a revisar, a pensar dos veces, a reconocer que la visión del otro puede enriquecer la nuestra. Y hablar, incluso en los momentos de mayor tensión, es la forma más democrática de construir confianza. Aceptar que parte de la verdad puede estar del otro lado es un ejercicio de humildad y de madurez republicana. No se trata de aplicar la lógica futbolística, de contar goles a favor o en contra. Se trata de comprender que en la vida pública no hay triunfos absolutos y que el verdadero resultado es lograr leyes más justas, decisiones más sólidas y consensos más amplios. Nuestra historia enseña que no hay República sin voces que se enfrentan. En la Asamblea del año XIII, Artigas y sus delegados defendieron la idea de una confederación frente a quienes preferían un poder centralizado. No hubo unanimidad, hubo discusión y desencuentro, pero en esas discrepancias nació una visión política que todavía nos interpela. Lo mismo ocurrió en 1830, cuando la primera Constitución fue fruto de debates intensos entre quienes aspiraban a un poder más fuerte y quienes reclamaban mayores garantías. En ambos casos, lo que nos hizo avanzar no fue callar las diferencias sino animarse a ponerlas sobre la mesa. En un país pequeño como el nuestro, donde las heridas se multiplican cuando no hay diálogo, el silencio no es una opción. Lo que preserva la República no es la unanimidad forzada sino la capacidad de discutir con respeto y de transformar los matices en acuerdos útiles para la gente. La política necesita más de eso, de la humildad de reconocer que nadie tiene la última palabra y de la firmeza de sostener que callar no es prudencia sino renuncia.