Topolansky se equivoca: la verdad nunca es al pedo

1. Cualquiera que haya leído Gavazzo. Sin Piedad sabe que hubo gente que faltó a la verdad en los juicios contra militares por crímenes de la dictadura. Allí está documentado como en el juicio por la muerte de Roberto Gomensoro, un tupamaro de segundo orden llamado Valerio Blanco declaró con total firmeza que él en persona vio como el coronel Juan Carlos Gómez castró primero y luego asesinó a Gomensoro en Paso de los Toros. En realidad, Gomensoro no había sido mutilado, ni había estado detenido en Paso de los Toros. Su muerte en la tortura había ocurrido en el Grupo de Artillería 1, en el Cerro de Montevideo. Años después lo expuesto en el libro en ese sentido se confirmó de boca de los propios implicados: Jorge Silveira declaró en un Tribunal de Honor que fue Gavazzo quien mató a Gomensoro en Artillería 1. Y el propio Gavazzo admitió que él llevó el cuerpo desde ese cuartel hasta el lago de Rincón del Bonete para arrojarlo en aguas del río Negro. 2. Existían fotos del cadáver de Gomensoro tomadas cuando su cuerpo emergió en el río Negro: en ellas se observaban con claridad los testículos, o sea que no había sido castrado. Eso de por sí tornaba inverosímil el testimonio de Valerio Blanco, quien además había caído en otras incongruencias groseras como sostener que Gomensoro era rubio, cuando no lo era. Sin embargo, y en base al testimonio notoriamente falso de Blanco, la jueza mandó a la cárcel al coronel Gómez. Más insólito aún es que un Tribunal de Apelaciones ratificó luego aquel procesamiento. ¿Cómo pudieron magistrados experimentados tomar tales resoluciones existiendo múltiples fotografías que demostraban que el testimonio de Blanco era una fábula? Siempre puede haber alguien que falte a la verdad en un juicio. El asunto es lo que los jueces hacen con esas declaraciones falsas. Gómez estuvo tres años y medio preso por un crimen que no cometió. 3. Por supuesto, lo anterior no significa que otros testigos hayan mentido. Ni que otros jueces hayan cometido errores tan flagrantes. Hay una enorme distancia respecto a lo señalado en Gavazzo. Sin Piedad y los dichos de Lucía Topolansky. En un caso, el libro, se habla de un testimonio falso concreto, de un crimen concreto, de un militar encarcelado en forma injusta concreto. Y se aportaban todas las pistas que apuntaban al crimen de Gavazzo, tal como luego se confirmaría en el Tribunal de Honor. Se buscaba, entonces, aportar a la verdad. En el caso de Topolanksy se habla en forma genérica, sin nombres ni lugares. No hay un aporte a la verdad, sino una sombra de duda sobre todo un universo entero, amplio y doloroso. Topolansky dijo en el libro Los indomables del periodista Pablo Cohen que hubo personas que mintieron con el objetivo de “obtener condenas” de exmilitares. “La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”. ¿Quiénes mintieron? ¿En qué casos? ¿Cuál es el inocente que está preso? No lo dijo y ya anunció que no lo dirá. “Nosotros sabemos quiénes son los que mintieron dentro de la izquierda. Pero no lo vamos a decir”, declara en el libro. “No, porque no somos botones ni traidores”, agrega, mostrando el mismo código exacto que cultivan la inmensa mayoría de los militares de la dictadura. “No vale la pena, es al pedo”. 4. Mientras Gómez estuvo preso, muchos sabían que era inocente. Gavazzo, para empezar. Sin embargo, mintió ante la Justicia, dijo que nunca en su vida había conocido a Gomensoro y dejó que un colega inocente estuviera tres años preso por un crimen que le correspondía. Silveira también sabía, pero no se presentó ante la justicia a aclararlo. Lo mismo otros oficiales del cuartel. No declararon nada. “No somos botones ni traidores”. Topolansky y Mujica caen en la misma actitud condenable de aquellos militares que sabían y callaron: dicen saber que hay inocentes presos, por testimonios falsos que conocen, organizados por un partido político concreto, pero nunca se presentaron ante la Justicia a derribar las supuestas mentiras. Deberían haberlo hecho. 5. Es menor, pero viene al caso. Topolansky le dijo a Cohen que los tupamaros dijeron siempre la verdad en los juicios, y que los que han mentido serían de otras organizaciones políticas. Valerio Blanco, sin embargo, era tupamaro. 6. En forma previsible, Manini Ríos no tardó en salir en respaldo de los dichos de Topolansky. “¿Alguien duda que en el tema ‘pasado reciente’ la justicia dejó de ser tal para transformarse en venganza? Jueces y fiscales prevaricadores y testigos falsos solo son parte del circo bochornoso”, escribió el ex comandante del Ejército en Twitter. Es un discurso repetido: Manini generaliza, como si todos los militares presos lo estuvieran por testimonios falsos y jueces venales, lo cual es falso. Los casos de militares presos por delitos cometidos en la dictadura no son homogéneos. Hay una enorme diferencia entre unos y otros por varias variables, y una de ellas es el grado de prueba acumulada en cada caso. Manini, Topolansky y Mujica deberían saber –y sería bueno que lo admitieran en pro de un debate sano sobre el tema- que en muchos casos las pruebas reunidas ante la Justicia son abrumadoras. Nadie puede discutir, por poner un ejemplo, el reciente procesamiento del coronel Eduardo Ferro por el secuestro de Lilián Celiberti y Universido Rodríguez en Brasil, cuando el propio Ferro ha admitido su participación y se ha explayado al respecto (Ferro, en cambio, se declara inocente en otros casos por los que fue procesado). ¿Y el caso del médico Vladimir Roslik? Son claras las pruebas en contra del oficial Dardo Ivo Morales quien “interrogaba” a Roslik cuando murió en la tortura con el hígado partido, según el testimonio de todos los oficiales de la unidad donde ocurrió el homicidio. Pero Morales no está detenido por la muerte de Roslik, sino por haber torturado a otros habitantes de San Javier. Se fue por ese camino porque la Suprema Corte de Justicia ha impedido que sea juzgado por el homicidio al considerar que el muy benévolo fallo de la Justicia Militar de 1985, que exculpó a Morales por “cumplir órdenes”, cerró las actuaciones. La del homicidio de Roslik no es la única investigación que no avanzó en la Justicia, a pesar de que existían pruebas. Son casos que desmienten las bravatas de Manini en el sentido de que todo el Poder Judicial opera como una máquina de venganza contra los militares. Otra es la de la muerte de Eduardo Pérez Silveira, del cual Topolansky habla en el libro sin nombrarlo, quién sabe por qué. En Gavazzo. Sin Piedad, Gavazzo admitió que le tiró una granada de gas que derivó en que debiera ser llevado al Hospital Militar, donde desapareció. Luego lo volvió a hacer en el tribunal de honor, que Manini no remitió a la Justicia. En esa oportunidad, Jorge Silveira dijo que Pérez Silveira “era un muerto de Gavazzo”. Sin embargo, pese a estas confesiones el caso nunca avanzó en la Justicia y Gavazzo murió sin ser investigado, interrogado, procesado ni condenado por esta muerte. Pérez Silveira sigue desaparecido. Por eso, está claro que hay casos muy diversos. Algunos han avanzado con muchas pruebas, otros con muchas han quedado por el camino. Cuando se generaliza, se desinforma. Cuando se tiran acusaciones al boleo, sin nombres, lo que se busca es un efecto político: lograr liberar a TODOS los detenidos; lograr echar un manto de sospecha sobre TODOS los casos. 7. Hay en cambio, algunos casos en los que las pruebas reunidas son más débiles y eso también es cierto. Son crímenes ocurridos hace décadas, donde muchas veces se operó en forma deliberada para ocultar la verdad y para que la justicia fuera impracticable. Los criterios para los juicios de la dictadura no son los mismos que los que rigen para los crímenes actuales. Un ejemplo: hoy para condenar a alguien por “lesiones graves” tiene que existir un lesionado concreto, con heridas concretas comprobadas. En los casos de la dictadura, no. Si se da por bueno que el militar sometió a un prisionero a un plantón o le hizo el “submarino”, las “lesiones graves” quedan configuradas en forma automática. La Suprema Corte ha validado este criterio del fiscal Ricardo Perciballe: se entiende que estas son prácticas que ponen en riesgo la vida humana y que entonces las lesiones graves van de suyo. No soy abogado, pero hay casos en los que a mí personalmente me generan dudas. Pondré ejemplos concretos, porque hablar en genérico es cobardía. En el caso de la muerte por torturas del militante comunista Julián Basilicio López, Perciballe ha pedido la condena de los coroneles Hugo Garciacelay y Nelson Coitinho. La prueba contra ambos es que sus nombres aparecen en un expediente trucho que se armó en el cuartel justamente para lograr que los asesinos de López quedaran impunes. Se fraguó una caída de una escalera que ya se probó que no existió. Según ese expediente mendaz, Coitinho había interrogado a López y Garciacelay –que era apenas un alférez- era quien lo trasladaba cuando la inexistente caída. En el juzgado ya se demostró que toda esa actuación de la justicia militar fue falsa y sin embargo ambos llevan años presos y podrían ser condenados. Para peor, había un documento que podía salvarlos. Es un memo interno que cuenta que López “se insubordinó” la noche anterior y un soldado de apellido Juayeck lo tomó a golpes y patadas, diciéndole que le había llegado la hora. Pero los abogados del Centro Militar esperaron para presentar ese documento a que muriera el sargento que lo había escrito. Malograron una prueba crucial con tal de salvar a los verdaderos responsables de la muerte de López. Yo publiqué un artículo sobre este caso (La Diaria, 4 de junio de 2022). Fue como oír llover. No existió la más mínima repercusión pública. A todo el mundo le interesa la historia reciente, siempre que sea en blanco y negro. Cuando aparecen los grises ya nadie quiere saber de nada. Otro caso de ribetes confusos es el coronel aviador Enrique Ribero, con condena firme por la muerte de Ubagesber Chaves, incluso ratificada por la Suprema Corte. Tras varios años en la cárcel, Ribero decidió contar lo que había callado en el juzgado. Contó como un oficial de apellido Urban compró cal para enterrar a un prisionero muerto. “Le puse una piedra de cal en cada mano y una en la boca”, le habría dicho. Su testimonio coincide con el del exsoldado Eliecer Perdomo quien, en una entrevista de Georgina Mayo, en 2007, en Canal 5, implicó al mismo Urban y a otro oficial de apellido Cáceres en la desaparición de un prisionero en la misma base. Los libros de vuelo de la Fuerza Aérea que podían probar la inocencia de Ribero, pero llevar a la cárcel al verdadero culpable, desaparecieron del Museo Aeronáutico. Todo eso se publicó (El Observador, 16 de noviembre de 2019). Otra vez: silencio en la noche. Ribero no ganó nada por haber hablado. Recuerda al reciente el caso del coronel Luis Agosto, ahora procesado por sus dichos de 2011 en el libro “Milicos y tupas”. El caso más aberrante de todos es el del capitán Héctor Corbo, oficial del FUSNA y hermano de una de las tupamaras fusiladas en Soca por el Ejército. Recientemente la fiscal Sabrina Flores pidió su procesamiento por haber relatado en el juzgado que participó de una reunión donde el jefe del FUSNA, el capitán Carlos Guianze, les preguntó a todos los oficiales si torturarían a un prisionero. Corbo y otros dos militares tuvieron el coraje y la dignidad de plantarse y decirle a sus superiores que nunca lo harían. La fiscal Flores lo quiere meter preso por eso. Según su modo de razonar, allí supo que se torturaba y se transformó en cómplice. Esto también se publicó (El Observador, 13 de setiembre de 2024) y no he visto que nadie haya salido a manifestarse contra semejante aberración. La fiscal Flores acaba de ser ascendida. 8. Nadie ha tenido más oportunidades que ellos. Y sin embargo Topolansky y Mujica han sido muy pobres contribuyentes a la causa de la verdad histórica. Una y otra vez han eludido las preguntas de fondo, amparados, alentados y aplaudidos por muchos de los que ahora están indignados por sus declaraciones. He entrevistado a muchos protagonistas de los años de violencia y dictadura que han tenido el coraje y la decencia de hablar de sus propios actos y decisiones. A todos ellos les guardo el agradecimiento por haber contribuido a la verdad histórica, que a la larga será lo que nos permitirá sanar las heridas. Con Mujica y Topolansky lo he intentado de mil maneras, siempre sin éxito. Las preguntas en vivo en la TV fueron respondidas con evasivas o promesas de invitaciones a la chacra no concretadas. Estuve allí por última vez hace un par de años para recoger una opinión de Mujica sobre Richard Read, para la biografía del sindicalista que estaba escribiendo. Terminada la charla sobre Read, intenté charlar con Mujica sobre los viejos tiempos. “No hablo más sobre el pasado”, me cortó tajante. Me convidó con whisky, me invitó a la cocina donde Lucía cortaba comida para las gallinas, me regalaron una bolsa de nueces. Muy amables. Pero fue imposible hablar sobre estos temas. En el libro de Cohen, Topolansky relata su penúltima visita a Desayunos Informales. Cuenta que le pregunté algo sobre Pando y ella me dijo que prefería hablar sobre la financiera Monty. Le dije que aceptaba. Me respondió que más adelante. En el libro se mofa y me califica de “obseso”. La última vez que Topolansky vino a Desayunos, hace pocos días, sin embargo, no hubo preguntas sobre pasado reciente. Al terminar y fuera de cámaras, le di una carta manuscrita para Mujica, en un penúltimo esfuerzo por convencerlo de hablar sobre estos temas, apelando al bien que supondría para el Uruguay. No hubo respuesta. Obseso e iluso. Topolansky y Mujica no han demostrado por ahora interesarse demasiado en lo que podría llamarse “verdad completa”. Han preferido el relato épico y los viejos códigos de los ex combatientes: “No somos botones, no somos traidores”. La verdad “no vale la pena, es al pedo”. Las declaraciones en el libro de Cohen hay que entenderlas en esa línea. Veremos qué pasa cuando declare ante el fiscal Perciballe.

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