Elecciones en México: política, mercados y todo lo que hay que saber

Preparado por Sun Capital Valores. Claudia Sheinbaum, la ex alcaldesa de Ciudad de México, se convirtió en la primera mujer presidenta de los mexicanos después de arrasar en las elecciones por un margen de unos 30 puntos. Esta diferencia fue la mayor en una votación presidencial desde las elecciones de 1982, cuando México era prácticamente un Estado de partido único. En ese entonces, el presidente de seleccionaba a su sucesor, que normalmente ganaba las elecciones casi sin oposición. Eran los tiempos del todopoderoso PRI (Partido Revolucionario Institucional) que gobernó el país durante 71 años (1929-2000). Si bien el resultado era esperado, las encuestas previas a las elecciones le daban una ventaja menor, aproximadamente de 20 unos puntos. La votación reflejó una rotunda muestra de apoyo al gobierno de López Obrador, un nacionalista populista que llegó al poder en 2018. Además de la victoria en las presidenciales, el partido Morena sumó una gobernación estatal a las seis que ya gobernaba, de las nueve que estaban en juego. Pero más importante aún, con los votos obtenidos, el partido Morena y sus aliados quedan muy cerca de conseguir la super mayoría de dos tercios en el Congreso. En detalle, la coalición de Morena, PT y PVEM obtuvo 82 escaños de 128 en el Senado, menos de los 85 necesarios para hacer cambios en la Constitución. Mientras que en la cámara baja, la coalición tendrá unos 370 de los 500, donde superan cómodamente los dos tercios. Esta es la mayoría más amplia que un líder mexicano tendrá en el Congreso desde principios de la década de 1990. Esto último es lo que más preocupa a los analistas políticos y a los mercados financieros, ya que con estas “supermayorías” el gobierno mexicano, podría llevar adelante una serie de polémicas reformas que el partido promueve y muchos consideran una amenaza considerable a la institucionalidad y la democracia mexicanas (incluso el propio presidente López Obrador podría llevarlas a cabo en septiembre antes de dejar el poder). Si bien la presidente electa aún no se ha pronunciado sobre todas estas iniciativas y puede haber espacio a la discusión política, algunas de las reformas consistirían en lo siguiente: Eliminar la representación de diputados y senadores plurinominales en el Congreso, concentrando aún más el poder en el partido dominante Habilitar que los consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral) sean elegidos por voto popular. Eliminar varios órganos constitucionales autónomos como la Cofece, el Ifetel, el INAI, el Coneval y los dos reguladores en materia energética: la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos Refundar los 33 poderes judiciales, mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte, entre otros elementos (todo esto comprometería severamente la independencia del poder judicial). Consolidar la militarización del país, aumentando la presencia de las Fuerzas Armadas en las aduanas, puertos, aeropuertos, migración, etc. Se habilitaría a la Guardia Nacional, a realizar actividades de investigación de delito, lo que modifica el proceso penal, así como el vínculo entre el poder civil y militar. Un dato muy importante es que incluso sin la supermayoría, el gobierno electo podrá aprobar muchas reformas por mayoría simple, ya el 1 de diciembre habrá un nuevo ministro de la Corte, en sustitución de Luis María Aguilar que concluye su mandato. Con otro nombramiento de la 4T (Cuarta Transformación), la Corte no tendrá los votos necesarios para declarar una ley inconstitucional, y los cambios realizados, esencialmente, entrarán en vigor. En su discurso de victoria, Sheinbaum afirmó que su administración respetaría la inversión privada, mantendría la disciplina fiscal y la independencia del banco central. Esto fue reiterado por el Ministro de Finanzas, Rogelio Ramírez de la O, que aceptó permanecer en el cargo durante la nueva administración. A su vez, agregó que seguirá apoyando a Pemex. Con respecto a Estados Unidos, Sheinbaum dijo que tendrá relaciones amistosas y de respeto mutuo. La administración entrante también tendrá que ocuparse de la revisión del Acuerdo entre EEUU, México y Canadá (T-MEC), prevista para 2026. En este sentido, vale decir que la estrechísima relación comercial que mantiene México con los Estados Unidos, representa en cierta medida un “dique de contención” a las iniciativas más populistas que el gobierno pueda pretender adoptar en materia de comercio e inversiones, entre otros elementos. En el frente nacional, Sheinbaum se comprometió a continuar con los populares programas de bienestar social de López Obrador. Estos programas incluyen ayudas bimensuales en efectivo de unos 350 dólares para los ancianos, becas mensuales de unos 50 dólares para los estudiantes y subvenciones reforestación en las zonas rurales. Si bien el discurso de victoria de la presidenta fue conciliador y logró calmar marginalmente a los mercados, el tono general es de desconfianza, a la espera de mayores novedades y detalles. Desde que se conoció el resultado de las elecciones, el peso mexicano se depreció cerca de un 8% frente al dólar, si bien recordemos que en los últimos años ha sido de las monedas más fuertes del mundo. Mientras tanto, a nivel del equity (las acciones), el ETF que sigue las acciones mexicanas ha caído cerca de un 12% en dólares. A pesar de todo, existe una buena posibilidad que Sheinbaum aplique políticas favorables para el sector corporativo mexicano. Su deseo de mayor inversión extranjera y buen relacionamiento con Estados Unidos son buenas señales. El 50% de las inversiones provienen de Estados Unidos. En abril Sheinbaum propuso diversas iniciativas para el sector empresarial: 1) agilizar procesos regulatorios, 2) mejorar infraestructura aduanera, 3) reforzar medidas de seguridad, 4) promover planificación financiera, y 5) fomentar inversión extranjera. Sin embargo, a corto plazo, hay desafíos y vemos que la tarea más complicada para la presidenta entrante será reducir el déficit fiscal que su predecesor aumentó en su último año en el cargo para completar proyectos de infraestructura y aumentar el gasto en bienestar social. De hecho, la próxima administración va a heredar uno de los mayores déficits fiscales que ha tenido México. El gasto, sobre todo en programas de bienestar, será difícil de frenar sin dañar la popularidad del gobierno. La otra opción es subir los impuestos, pero Sheinbaum ha dicho que no tiene planes para una revisión fiscal que aumente los ingresos. En números, 2023 cerró con un déficit fiscal del orden del 4.3% del PBI que se ampliaría al 5.9% este año, para caer fuertemente el próximo año a alrededor del 3% según estarían proyectando en hacienda. Si esto es así, la relación deuda/PIB aumentaría al 50.2% del PIB, cifra superior al 48.8% proyectado en el presupuesto. No son cifras escandalosas, pero si no se producen ajustes, los riesgos de un gran déficit y una creciente relación deuda/PIB podrían crear tensiones en la calificación crediticia de México. En nuestra evaluación, el mayor riesgo que enfrentan los mercados es más de tipo “institucional”. Particularmente, creemos que la reforma judicial debilitaría el marco institucional del país, lo que implica, entre otras cosas, que las empresas del sector privado ya no podrían recurrir a un poder judicial independiente para impugnar posibles acciones de futuras administraciones gubernamentales cuando crean que están actuando dentro del marco legal. No hay muchos antecedentes en el mundo en este sentido, siendo Bolivia el único país que elige a la mayoría de sus jueces mediante voto popular. Esto último no es muy alentador. En este sentido, este lunes Sheinbaum, presentó los resultados de tres encuestas que encargaron para conocer la opinión ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial. Las mediciones, aplicadas durante el fin de semana por el partido oficialista Morena y dos firmas privadas, apuntan a que más del 80% de los encuestados estaría de acuerdo en una transformación en ese poder. Dependerá de la vigilancia atenta de los mercados, así como de otros actores de la sociedad civil mexicana, evitar un deterioro del estado de derecho en México, lo cual afectaría, no solo a la economía y los mercados financieros, sino también a la buena salud de la democracia mexicana.

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