El mensaje implícito en el ataque a Mónica Ferrero y algunas consecuencias

Los delincuentes que atentaron contra Mónica Ferrero sabían a qué iban. Sabían por qué calle y por qué casa baja trepar a las azoteas de la manzana para no ser vistos por la custodia de la fiscal de Corte, dónde colocar el tablón de poco más de 3 metros para saltar de una azotea a la otra y dar con el patio para tirar allí la granada y disparar los tiros. Se habían preparado y es obvio que habían estado en el barrio. También es obvio que no tenían intención de matarla, sino de asustarla y pasarle un mensaje. No sólo a ella sino a todo el sistema de justicia y a la institucionalidad. Este atentado subió un peldaño en la escalada de violencia, porque se concretó un ataque y se hizo en el lugar de mayor intimidad de una persona: el hogar. Y lo hicieron sabiendo que ella estaba ahí junto a su familia. Por eso el caso encendió las alarmas de todo el sistema político e incluso trascendió fronteras generando mensajes y comunicados de solidaridad y apoyo desde los ámbitos más variados. También desnudó varias fallas en la seguridad y en la inteligencia policial, y confirmó la repetida frase de que el crimen organizado va varios pasos por delante de los investigadores. Ese fue uno de los mensajes implícitos: los narcos tienen poder y manejan la situación a su antojo. Ferrero es desde hace 20 años una autoridad en el combate al narcotráfico muy conocida por los narcos, que saben que ha estado detrás de cuanto operativo grande hubo. Estuvo detrás del caso del croata que cayó en 2009 con 2 toneladas de cocaína, el cargamento más grande hasta ese momento que marcó un hito. Más acá en el tiempo fue la fiscal del caso de los montenegrinos vinculados al cartel de Los Balcanes, del caso del narco piloto argentino cuya abogada cooperaba con la organización criminal, del cargamento de los budines y del de los 4,5 toneladas que fueron a Hamburgo con la soja por la que Martín Mutio está cumpliendo una condena de 15 años. Y justamente la semana pasada se archivó la denuncia penal que Mutio había presentado contra Ferrero en la que la acusaba de haber escondido pruebas en el juicio, por lo que también se manejó que el enojo del condenado podría haber motivado el ataque. Si bien las autoridades afirmaron que “nada se puede descartar” dirigieron las sospechas principalmente a Luis Fernández Albín, el narco que tiene línea directa con Sebastián Marset y desbancó del poderío al Betito Suárez en el Cerro y Cerro Norte (se cree que ahora los Suárez trabajan para Fernández Albín). Las autoridades especulan que con las recientes incautaciones, como la de Punta Espinillo, perdieron mucha droga que les hubiera permitido hacerse de millones de dólares. De hecho, las autoridades tenían indicios de que, después de quedar libre el año pasado, Fernández Albín había viajado a Bolivia donde Marset opera a sus anchas. En ese sentido, el periodista Gabriel Pereyra informó en Radio Sarandí sobre un informe de la Brigada Antidrogas que advertía que Fernández Albín traería granadas de Bolivia. Fernández Albín fue, además, quien dio la orden del anterior atentado a las oficinas administrativas del INR, en diciembre pasado, cuando dos personas pasaron en moto, dispararon contra el edificio y dejaron un mensaje dirigido al entonces jefe de cárceles Luis Mendoza: “Los presos se respetan”. En el momento del ataque Fernández Albín había sido trasladado a la Unidad 25, la cárcel de maxima seguridad y aislación donde están Mutio y Ricardito Suárez. Y eso lo enfureció. Luego, por causas que no se conocen ni se comprenden, fue trasladado al Penal de Libertad, donde sí tuvo comunicación con otros narcos, muchos de los que operan bajo sus órdenes, y finalmente se le concedió prisión domiciliaria. De hecho, cuando fue detenido por el atentado al INR estaba viviendo en el barrio privado Colinas de Carrasco. Pese a que la fiscal de ese caso pidió prisión efectiva por atentado, porte de armas y tenencia de arma de fuego con signos de identificación suprimidos, la Justicia le dio la razón a la defensa del imputado, que argumentó que no existían riesgos procesales y pidió que esperara el juicio en su casa. Una resolución inexplicable. Si Fernández Albín hubiera cumplido esa condena de siete meses aislado en la Unidad 25, seguiría preso pero a los siete meses se le descuenta la prisión anterior y la justicia liquidó su pena en julio. Con toda esa información a la mano, ¿nadie sospechó que se podía preparar un atentado? ¿A nadie se le ocurrió poner a trabajar a la inteligencia policial y carcelaria sabiendo que desde las cárceles se dirigen organizaciones? Si se atan cabos, la conclusión o, al menos, la sospecha tiene que ser que existe corrupción policial en algún lugar de la cadena y que ella permitió escalar al crimen organizado dónde está hoy. También cabe preguntarse cómo puede ser que la seguridad de Ferrero consistiera en una única garita policial en la puerta de su casa y que no hubiera cámaras del Ministerio del Interior en esa calle. La Policía tuvo que pedir cámaras a los vecinos para reconstruir el recorrido de los delincuentes. También sorprende que la fiscal siga viviendo en el mismo lugar donde sufrió una confusa rapiña, en la que fue revolcada por el piso y terminó con un hombro dislocado. Para ella ese episodio, fue un atentado. Poco antes de eso, había recibido la conocida amenaza de 2020, al día siguiente de que tiraran una bomba en la brigada antidrogas, investigación que llevó dos años y que terminó con 40 imputados. Hay otras amenazas, más veladas que las anteriores, de las que ha sido blanco la fiscal en audiencias frente a los narcos y sus abogados. En un caso pidió protección para un testigo que había aportado información sobre una empresa sospechosa de lavar dinero para Marset. Pero mientras estaba bajo esa condición, el testigo apareció muerto en un episodio por demás confuso que nunca se aclaró. Ferrero sabía que esto podía pasar. Y hasta que llegó a fiscal de Corte se cuidó de no mostrar su imagen, al punto que no dio entrevistas y las pocas que concedió fueron sin fotos. De todos modos, se ganó la fama de ser una fiscal dura que no se deja amedrentar por los narcos y cuando fue al Parlamento, hace unas semanas a pedir recursos para el Presupuesto, se refirió a su situación: “He sufrido los ataques de organizaciones criminales, y fuertes ¡eh! No solamente sacarme un brazo y estar con todo el cuerpo totalmente negro, y seguir adelante. Es la función, uno tiene que asumirla como ustedes la asumen, y seguir adelante. Así que no es más que el cumplimiento del deber”. Si bien desde que asumió como fiscal de Corte, en diciembre de 2023, ya no está en la primera línea de las investigaciones, sigue asesorando a Angelita Romano, la fiscal de Estupefacientes de 4° turno que subroga su fiscalía. Como Ferrero ocupa un cargo interino no se ha podido designar a otro titular. Un efecto colateral del atentado La forma en la que llegó a ocupar la Fiscalía de Corte le valió críticas del Frente Amplio. Una interpretación promovida por la coalición en la Rendición de Cuentas de 2022 estableció que el fiscal de Corte sería subrogado por el fiscal penal de Montevideo de mayor antigüedad y el Frente Amplio entendió que eso tenía \"nombre y apellido\" para colocar a una persona allegada al gobierno de turno. Ferrero jamás se expresó políticamente y ha pedido imputaciones de políticos de todos los partidos, pero el hecho de que en el gobierno de Luis Lacalle Pou la hayan promovido la posicionó de ese lado del espectro político. A ello se suma que nunca fue una fiscal que formara parte del equipo de los amigos o defensores del exfiscal Jorge Díaz, actual prosecretario de Presidencia. Meses atrás, ante una movida parlamentaria del Frente Amplio para llamarla a pedirle cuentas por algunas designaciones de fiscales, la oposición cerró filas en su defensa. Así como en el gobierno pasado el oficialismo proponía nombres que eran rechazados por el Frente Amplio, ante las críticas los blancos, colorados, cabildantes e independientes se mostraron conformes con la gestión de Ferrero y dijeron no estar dispuestos a dar su voto para sustituirla, para lo que se requieren mayorías especiales del Senado. Este atentado cayó justo en momentos en que el Ejecutivo se proponía redoblar esfuerzos para retomar las negociaciones y parece jugar en contra de esa intención, ya que sería quitarle apoyo en un momento en el que ha sido víctima de un grave ataque. Sabedora de que su cargo genera resistencias políticas y también de un grupo de fiscales –en particular los que dirigen el gremio–, ella se ha definido a sí misma como “un mal necesario” y alguien que ha intentado darle una impronta propia a la gestión. Al menos hasta que se aclare este episodio y caigan los responsables, las negociaciones pasarán a un segundo plano y habrá \"mal necesario\" para rato.

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