El sacudón de Ferrero a los legisladores: ¡hay que actuar!

La crudeza con la que la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero habló en el Parlamento este miércoles, intentó ser un sacudón a los senadores para que reaccionen. Dijo que no estamos lejos de lo que pasó en Río de Janeiro (Brasil), al día siguiente de que la policía se enfrentara al grupo criminal Comando Vermelho que atacó con drones armados de explosivos. En ese operativo extremadamente violento murieron más de 120 personas, cuatro de ellos policías. Con esas palabras, Ferrero intentó convencer de que le den los recursos que necesita para fortalecer el trabajo de los fiscales, que son los encargados de perseguir a los delincuentes y combatir al crimen organizado con la Policía como auxiliar. En una columna anterior me referí a la necesidad de dotar a la fiscalía de recursos, cosa que no ocurrió en Diputados, donde ya votaron el Presupuesto atendiendo a unos pocos de sus reclamos. Esta vez me centraré en un aspecto urgente en el combate al narcotráfico: las cárceles y el afuera, y las cárceles y la región. Advertencias con fundamento Las advertencias de Ferrero fueron muy claras. Todas son frases textuales tomadas de la versión taquigráfica del miércoles: ¡Miren lo que está pasando en Río de Janeiro! Yo tengo contacto con los colegas de Brasil. ¡Miren lo que está pasando en Ecuador con la gran cantidad de fiscales que han matado! ¡Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros! Es así. ¡Según el informe, por 15 centímetros una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida! Todos podemos ser un daño colateral del narcotráfico. El crimen organizado matándome a mí mandaba un mensaje dentro del crimen: «Lo logramos»; «Miren hasta dónde llegué». Convengamos una cosa: por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual. Lo que tenemos que tratar de hacer es blindar las instituciones; por favor, se los pido. Los fiscales están con temor, y tienen razón (…) les digo que hay que hacer algo. Los narcotraficantes van a empezar a tratar de coimear. Les van a decir a los fiscales que no digan nada porque, si no, mandan un video diciendo: «mirá que estoy viendo a tu hijo». A ustedes les va a pasar también. Van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista. Mucho se habla de que Uruguay está mejor que otros países de la región, que acá los fenómenos demoran en llegar, que tenemos instituciones que son valoradas, y se destaca que los enemigos políticos son capaces de abrazarse y compartir un acto protocolar. Todo eso es cierto pero también es una realidad que los grupos criminales han logrado un poderío y redes internacionales que trascienden al Estado uruguayo. Por eso mismo Ferrero decía que “para golpear al crimen organizado” hay que unirse con los países de la región. “Uruguay solo no va a poder”, advertía claramente. Frente a este panorama, además de mejorar el trabajo de coordinación de la Policía y los fiscales con sus pares de la región para obtener información de calidad, es muy importante darle los recursos a la fiscalía y conseguir los US$ 16 millones que pide en un Presupuesto total de US$ 23 mil millones (los legisladores serán los encargados de investigar de dónde sacar los recursos y seguramente hay mucho gasto para recortar, aunque la sábana sea corta). Pero al mismo tiempo –y ya– hay que trabajar en el sistema carcelario como una primera urgencia, algo que es advertido por varios académicos. Así lo señalaba el investigador chileno Pablo Zeballos en una entrevista con Carolina Delisa publicada días atrás, en la que daba cuenta de que “en los últimos 30 años, casi todas las estructuras más complejas de carácter internacional que han surgido en América Latina surgieron de una cárcel\". \"El PCC en Brasil, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua en Venezuela. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un fenómeno común sucede en diferentes países tan distintos?”. Podemos sumar a la lista a nuestro Sebastián Marset, quien estableció en la cárcel, en la última década, los contactos internacionales que lo llevaron a convertirse en el “gerente de la hidrovía”, como le dicen hoy. Según Zeballos, Marset es un modelo a estudiar muy profundamente porque ha generado “marca criminal” y “goza de una evidente impunidad que le ha permitido no solamente mostrarse. Hacerse un cartel, una ficha, tener una imagen, un nombre, es importante en el mundo del crimen”. Volviendo a las cárceles como proveedoras del crimen organizado, también lo decía Ana Balsa en su columna de este jueves en Búsqueda, en la que mencionaba a las cárceles como uno de los dos principales “aportantes” al crimen organizado en Uruguay. Y señalaba que masificar el encarcelamiento sin control concentra a las bandas y les permite reclutar y coordinarse. (El otro proveedor, decía Balsa, del crimen organizado son los jóvenes que ven allí su única oportunidad al no encontrar una alternativa en el empleo o la educación). Por eso una primera medida que se debería tomar es “clasificar” presos. Si bien existen módulos por tipos de delitos en el exComcar y en Libertad, se siguen conociendo casos de jóvenes que son reclutados en las cárceles por el crimen organizado. También se conoce que desde la cárcel determinados líderes dirigen a las organizaciones y controlan entregas de cargamentos. En Uruguay existe una cárcel de máxima seguridad donde los reclusos están aislados: la Unidad 25, un predio dentro del exComcar. A ella deberían ir todos los narcos que tengan conexiones –la Policía sabe quiénes son-. Es importante evitar que tengan acceso a primarios o a narquitos, esos que admiran a Marset, a los que puedan reclutar. Otro detalle fundamental –y que no fue incluido en el presupuesto- es que en las cárceles debe ser generalizada la capacitación, el estudio y el trabajo. Si hay algo negativo para cualquier ser humano en edad productiva, sea de la clase social que sea, es el ocio –en las cárceles predominan los hombres jóvenes con tiempo de sobra–. Para que empiecen a ser un poco menos nocivas, deben mantener ocupados física e intelectualmente a esos reclusos al tiempo que les permiten aprender un oficio o actividad a la que se puedan dedicar al salir y puedan lograr alejarse del delito. Porque todos salen. Según datos del 2023, el 35% accedió a actividades laborales y el 29% a alguna actividad educativa. Se desconoce cuántos hay actualmente pero se debería llegar al 100%. Además el ministro Carlos Negro dio un panorama tétrico al relatar que frente a un “sistema penitenciario absolutamente colapsado”, el 70% de los 16.500 presos que hay vuelven a delinquir en los primeros tres años posteriores a su salida. Cárceles con un modelo de gestión diferente Es difícil que se logre mejorar las cárceles mientras mantengan el modelo de gestión actual. En ese sentido, el ministro Carlos Negro dio una buena noticia este jueves en el Parlamento al informar que enviará en los próximos días el proyecto de transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para que pase a ser un servicio descentralizado. Dijo que lo dejaron por fuera del Presupuesto para darle el trato adecuado, dada la importancia del tema. Negro adelantó que a través del proyecto de ley se otorgarán “importantes incentivos salariales para cargos directivos de las cárceles, cargos de alta responsabilidad”, lo que es fundamental para repeler la corrupción y que esos oficiales puedan ser “comprados” por el crimen organizado. Por la ley de presupuesto se crearán 1.000 cargos de funcionarios para las cárceles: 500 funcionarios policiales y 500 operadores penitenciarios. El ministro admitió que “gestionar las cárceles en la situación” actual “es prácticamente imposible”, algo que ya había afirmado la directora del INR, Ana Juanche. Un tema que seguro traerá debate es de quién dependerá al INR. Una primera idea era que dependiera del Ministerio de Justicia, que se iba a crear, pero como aún se desconoce cuándo se enviará ese proyecto probablemente se lo hará depender de otra cartera. En el llamado Libro Blanco de Reforma Penitenciaria en Uruguay, coordinado en el período pasado por la socióloga Ana Vigna, quien continuó como asesora de Negro en el tema, se plantea que la descentralización del INR facilitaría orientar la políticas penitenciaria hacia el objetivo de la reinserción social y disminuir la reincidencia. También lo había reclamado el excomisionado parlamentario Juan Miguel Petit en el entendido de que el INR necesita independencia para ejecutar presupuestos, gestionar cargos, planificar políticas o rendir cuentas y no quedar \"supeditado a la infraestructura del Ministerio del Interior”. Como subsistemas del INR se propone sumar tanto la privación de libertad como las medidas alternativas a la prisión, tan necesario que funcione bien como la prisión, para lograr que quienes puedan evitar la cárcel, lo hagan. Sólo si se logra transformar mínimamente el sistema penitenciario se podrán reducir los niveles de criminalidad y evitar la expansión del crimen organizado de la que advirtió Ferrero en el sacudón que le pegó a los legisladores.

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