Separando los tantos: Romina Celeste frente al caso Orsi y frente al caso Penadés

Después de la reveladora confesión de Paula Díaz en el programa Santo y Seña de Canal 4 sobre que mintió al denunciar al candidato frenteamplista Yamandú Orsi, y las lapidarias pruebas contra Romina Celeste Papasso que se emitieron, es necesario separar los tantos y aclarar algunos puntos sobre los dos casos en los que aparece involucrada la militante nacionalista que fue expulsada del partido. La mujer trans que había denunciado haber sido agredida sexualmente por Orsi diez años atrás en Parque Roosvelt confesó que inventó todo aleccionada por Papasso. En los audios de los intercambios entre ambas, Papasso le decía que cuánto más inventara mejor y le daba letra. Esa prueba es más que suficiente para hacer caer la denuncia que la fiscal de Ciudad de la Costa Sandra Fleitas instruía contra Orsi. Díaz dijo que le mintió también a la fiscal cuando le tomó declaración. Con esta revelación, sustentada por pruebas, no hay “caso Orsi”. Se debe archivar la denuncia. Y debe transformarse en una causa contra Papasso y Díaz por simulación de delito y calumnia, y tal vez algún otro delito. Al ser detenida, lanzó que le pagaron para que mintiera a cambio de obtener una banca como diputada. Otro frente que se abre y que la Fiscalía tendrá que investigar. Y si bien se trata de delitos que tienen penas mínimas bajas (tres meses de prisión a tres años de penitenciaría) y que no ameritarían prisión, el escándalo mediático en torno al caso, y tal vez el dato de que podrían huir de la Justicia, llevaron a la fiscal a tomar la decisión de pedir orden de captura contra ambas y mandarlas detener. Además, Papasso tiene antecedentes porque fue condenada por agredir a una funcionaria municipal cuando vino Lula a Montevideo y es indagada por falsificar chats en el caso Penadés, lo que la expone a la prisión. De Orsi a Penadés las consecuencias de las revelaciones sobre Papasso son distintas. No se pueden meter en la misma bolsa de la sospecha a ambos casos. Como escribió Carolina Delisa, por más que Papasso es “una bomba de tiempo, eso no invalida todo lo demás”. Díaz, la misma persona que admitió en cámara que mintió cuando denunció a Orsi, dijo en la misma entrevista que Papasso mintió cuando denunció a Penadés y que también adoctrinó a menores. Es lógico que ahora el testimonio de Papasso quede bajo un manto de duda. Pero lo afirmado por Díaz, una persona que carece de credibilidad, no puede tomarse en serio. No se puede decir bajo ningún concepto que todo el caso se tambalea. La propia Ghione declaró este lunes a Telemundo que su caso “no se llama Romina Celeste” y luego aclaró que varias de las 10 víctimas no llegaron por intermedio de esta mujer. Esa indagatoria lleva más de un año y Ghione logró reunir pruebas que han sido confirmadas por el tribunal de apelaciones penal del 4o turno en más de una oportunidad (ya lleva al menos tres sentencias sobre el tema). Además otros tres jueces de primera instancia han intervenido en el caso, o sea que hay seis jueces que han validado la investigación de la Fiscalía. El último fallo del tribunal de apelaciones, integrado por jueces de amplia trayectoria como Luis Charles, Ángel Cal y Gabriela Merialdo, argumentó para mantener a Penades y al profesor de historia Sebastian Mauvezin seis meses más en prisión que “los riesgos procesales se mantienen vigentes, esto es, el peligro para la seguridad de las víctimas y el peligro de entorpecimiento de la investigación. Se trata de riesgos de manual, los que no son vagos y genéricos sino por el contrario concretos, específicos y vivos”. “No han dudado en acudir a contactos, obtener información reservada, realizar pesquisas secretas como estrategia para conocer la identidad de las víctimas y así acceder a ellas, obviamente con fines espúreos. Por otra parte, el entorpecimiento de la investigación, pues existe la sospecha grave y fundada que pretenden obstaculizar la misma”, afirmaron. Los ministros se refieren a la trama de corrupción que se probó por la cual Penadés pagó miles de dólares para usar el aparato del Estado en pro de obtener información sobre los menores que lo denunciaron. Por esta trama fueron condenadas seis personas que admitieron los hechos, incluido el exdirector de inteligencia carcelaria, Carlos Taroco. Y antes de esto, hace exactamente un año, en mayo de 2023, el caso pasó por el Parlamento, que tuvo que levantar los fueros sin lo cual el senador no hubiera podido ser juzgado. En ese escrito además de aportar el testimonio de ocho víctimas, la fiscal aportó datos de escuchas telefónicas, de videos y fotos que las víctimas le entregaron, investigó las redes sociales de los implicados. Por último, como consecuencia de este escándalo, enseguida llegaron cuestionamientos a la ley de violencia de género, sobre todo por dos aspectos que son recurrentes: las denuncias falsas y la realización de las pericias. Comparto que hay aspectos de la ley que hacen que se le dé el mismo tratamiento a una denuncia falsa que a una verdadera porque el texto parte de la base de que hay que creerle a la víctima, sin mirar las pruebas –la ley dice que alcanza con que la denuncia tenga cierta verosimilitud–. También recuerdo las palabras de una experta en psiquiatría infantil que evaluó que en el actual sistema “la diferencia entre evaluar y validar ha quedado totalmente desvirtuada”. Sin dejar de señalar puntos débiles de la ley, también es verdad que ha dado herramientas de protección a las víctimas que antes no existían. Y que los últimos tiempos han demostrado que muchas denuncias falsas se terminan cayendo o matando los casos. Por lo que a la hora de hablar de modificaciones se debe tener en cuenta los aspectos que realmente pueden ocasionar daño y no hacerle modificaciones al barrer. También hay que separar los tantos y no pretender hacer política con un tema tan sensible.