El ahorro individual obligatorio: un pilar clave pero mejorable para la seguridad social. Parte 1

Por Nicolás Stanko y Juan Ignacio Briozzo* En el debate sobre la seguridad social en Uruguay, el plebiscito del PIT-CNT propone eliminar el régimen mixto del sistema previsional, prohibiendo el ahorro individual. Este pilar es fundamental, ya que permite al trabajador autofinanciar su prestación, complementando el esquema de reparto y contribuyendo a la estabilidad del sistema. Sin embargo, existen fallas de mercado que afectan su funcionamiento e impiden que los usuarios accedan a mayores beneficios. En Uruguay, los ahorros previsionales individuales son gestionados por las AFAP, entidades financieras supervisadas por el BCU y estructuradas como S.A. El BPS recauda y distribuye los aportes correspondientes al ahorro individual a las AFAP, que cobran comisiones por este servicio e invierten en instrumentos con retornos que benefician a los usuarios. Tras la reforma de 2023, quienes ingresaron al sistema antes del 30 de noviembre deben afiliarse a una AFAP y aportar solo si ganan más de $85.607, mientras que quienes ingresen después deben aportar desde el principio, sin importar sus ingresos. Actualmente solo hay cuatro administradoras en el mercado, una estatal (República) y tres privadas. Se ha observado una creciente concentración de afiliados y fondos en la administradora pública (38,6% y 52% respectivamente para 2023). Esta situación se agrava debido a barreras de entrada como las economías de escala, que dificultan la competencia al permitir que la empresa dominante fije comisiones bajas (el costo por afiliado disminuye con cada nuevo que entra). Además, cuando un trabajador no elige una administradora se le asigna de oficio a la que cobra la menor comisión (República), aumentando aún más su participación de mercado. Para promover la competencia, la reforma modificó el criterio de asignación de oficio. Si el trabajador no elige una AFAP durante los primeros 3 meses de aportaciones se le asigna a la que tenga la menor comisión. Luego de 36 meses, si no optó por una administradora se lo asigna a la de mayor rentabilidad neta. Este enfoque considera 2 dimensiones claves (rentabilidad y comisiones), siendo preferible a asignar solo por menor comisión sin garantía de rentabilidad (criterio previo a la reforma). En adición, algunos países, como Chile, pionero en seguridad social, han implementado subastas sobre comisiones, que, si bien promovieron la competencia, las administradoras con mayor participación no tuvieron incentivos para reducir comisiones. Otro problema se asocia a las restricciones regulatorias que limitan las inversiones en el exterior y en renta variable. Esto resulta en portafolios dominados por títulos de renta fija con riesgo país local, dificultando la diversificación y la obtención de mayores rendimientos. Además, la ley exige una rentabilidad mínima mensual para cada uno de los 3 sub-fondos de inversión (retiro, acumulación y crecimiento), calculada como la menor entre una tasa específica y la rentabilidad real promedio del mercado menos dicha tasa (para el fondo de retiro es 2%). Dado que República administra más del 50% de los fondos, su rentabilidad influye fuertemente en la exigencia mínima, reduciendo la probabilidad de incumplimiento. Esto lleva a que las administradoras privadas imiten su portafolio, adoptando un comportamiento de \"manada\" que perjudica a los usuarios, especialmente cuando la administradora líder no presenta los mejores rendimientos. Flexibilizar las opciones de inversión e impulsar la entrada de nuevos jugadores sería positivo, ya que permitiría a los afiliados elegir mejor según sus necesidades y a las administradoras innovar en estrategias de inversión. En Chile, por ejemplo, las administradoras manejan hasta 5 opciones de fondos con diferentes características de riesgo-retorno. Ampliar las posibilidades de inversión puede no ser lógico si persisten las asimetrías de información. Los afiliados suelen tener acceso limitado y poco claro a la información sobre administradoras y fondos. Algunos son asignados de oficio a una AFAP y, aunque pueden cambiar sin costo, no lo hacen debido a las dificultades para diferenciar entre propuestas. Además, encuentran difíciles de entender los estados de cuenta mensuales, ya que están cargados de información por la regulación. Para reducir las brechas de información, se debería proporcionar al afiliado información clara y asesoramiento de calidad, especialmente al ingresar al sistema. Se sugiere que dicha tarea sea responsabilidad del MTSS, estableciendo estándares mínimos de información para los asesores y ofreciendo tablas comparativas de servicios. Si se liberalizan las opciones de inversión, las AFAP podrían informar sobre los beneficios y la probabilidad de cumplirlos, aumentando la transparencia y priorizando la educación financiera. También se deberían evaluar cambios en las exigencias de información de los estados de cuenta para que sean de comprensión más amigable. El sistema de ahorro previsional individual es fundamental dentro del régimen mixto de seguridad social uruguayo y ha mostrado un buen desempeño desde su implementación. Aunque presenta diversas fallas, éstas son abordables con distintas soluciones. Por ello, sería positivo centrar la discusión en mejorar estos aspectos, en lugar de cuestionar la existencia de un sistema que ha demostrado ser clave en este ámbito. *Segundo Premio Academia Nacional de Economía 2023