Sudamérica y la onda expansiva del conflicto en Medio Oriente

En silencio, y entre sombras, Sudamérica se ha convertido en un nuevo centro neurálgico de una amenaza que parecía lejana: la expansión y refugio de redes vinculadas al terrorismo internacional. Así es que, especialmente durante el último tiempo, varias organizaciones categorizadas como “terroristas” han encontrado en la región terreno fértil no solo para la logística financiera, sino también para el adoctrinamiento y reclutamiento. Desde hace años -décadas-, las agencias de inteligencia que operan en la región han seguido con atención las actividades de estas redes, particularmente en la Triple Frontera. Pero lo que antes era una presencia residual o concentrada en círculos étnicos y comerciales, en la actualidad se ha transformado en estructuras que combinan presencia más sofisticada y asociación con el crimen organizado regional. Hace pocos meses, antes de la guerra entre Israel e Irán, el programa de Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, a través de las embajadas de Estados Unidos en Brasilia, Paraguay y Argentina dio a conocer el ofrecimiento de una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien proporcione información sobre los mecanismos financieros del grupo terrorista Hezbollah en la zona de la Triple Frontera. Según Estados Unidos “Hezbollah financia sus actividades en Sudamérica mediante el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales, el contrabando y otros delitos económicos” y sus redes financieras “también están involucradas en actividades comerciales aparentemente legítimas, como la construcción, el comercio de importación/exportación y la venta de bienes inmuebles”. La “Guerra de los doce días” y la guerra contra Hamás incrementan los riesgos de mayor desembarco de integrantes de esos grupos. Ahora la región también aparece como escenario para el repliegue de cuadros operativos. Consecuencia del conflicto en la región, de los implacables ataques israelíes sobre la infraestructura operativa de Hamás en Gaza y la presión sobre las capacidades operativas de Hezbollah en Líbano, los agentes de todas esas organizaciones tienen la necesidad táctica de dispersarse (seguramente con pretensiones de reconfiguración). En abril de este año el canal saudí Al-Hadath dio a conocer que Hezbollah habría “trasladado” a unos 400 comandantes del grupo, junto con sus familias, a varios países de Sudamérica, incluyendo Venezuela, Colombia, Brasil y Ecuador. Según la información, se trató de una decisión preventiva ante la posibilidad de desmantelamiento por eventuales ataques israelíes o aprensión por servicios de inteligencia internacionales. O sea, habrían activado vías de “exfiltración” para preservar activos humanos claves (se trata de operadores de inteligencia, técnicos en explosivos, coordinadores de propaganda, etc), camuflarlos en espacios seguros y procurar la reconfiguración. Sudamérica reúne -lamentablemente- las condiciones necesarias para que esos cuadros operativos vean atractivo buscar refugio y rearme táctico en nuestros suelos. Esta posibilidad no es meramente teórica, sino que se inscribe en una estrategia de supervivencia y proyección a largo plazo. Fronteras porosas, vacíos de control, corrupción, redes de protección ya instaladas en comunidades culturalmente afines en algunos países, ofrecen la capacidad de ingreso, cobertura y camuflaje que estos cuadros operativos necesitan. Todas esas variables hacen de la región un espacio ideal para el encubrimiento, la regeneración logística y el ocultamiento de estos agentes. Sudamérica es menos visible y expuesta que Europa para lograr esa necesidad de tapadera. Esa presencia “durmiente”, de hibridación estratégica de estos cuadros en la región, incrementa los riesgos para la seguridad continental, porque terminarán extendiendo sus conexiones con los mercados ilegales, el lavado de activos y el tráfico de drogas, armas y personas. Las organizaciones locales como las FARC, ELN, el Primer Comando Capital, y los carteles de droga ofrecen capacidades logísticas y a su vez tienen la posibilidad de “enriquecerse” con las redes de negocios, proveedores y clientes de estos cuadros. No se trata de una amenaza episódica o aislada -ya de por sí peligrosa- sino que además representa un riesgo exponencial. Cuando estos cuadros terroristas se insertan en redes criminales ya activas, lógicamente se produce una convergencia tóxica donde los terroristas consiguen protección y logística y las organizaciones locales acceden a recursos, armas, know-how, y canales internacionales. Por todo lo visto, no solo existe la motivación y la necesidad, sino también las capacidades previas (rutas disponibles, redes locales activas y vacíos institucionales) que permitirían la llegada de nuevas olas de estos peligrosos “migrantes”. En el caso de Uruguay, en julio de 2023 se presentó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo elaborada por el Consultor Alejandro Montesdeoca, En dicho informe, dentro del capítulo “amenazas” se señala que “de acuerdo a la información aportada, nuestro país no presentaría al momento de la confección del presente informe, un riesgo alto de ser escenario de acciones de organizaciones, grupos o individuos de extracción terrorista. Por otra parte, tampoco existe percepción social o política de la posible realización de hechos de terrorismo a llevarse a cabo en territorio nacional y la justicia penal no cuenta con ninguna causa abierta sobre terrorismo. No obstante, no se puede descartar, el uso de territorio nacional como país de tránsito, o reposo con el propósito de contribuir a realizar planificaciones de esta índole. Por otra parte, la principal amenaza puede provenir de organizaciones regionales, y de una eventual conexión con grupos criminales locales, o que operen en el exterior (el resaltado es nuestro).” Según publica El Observador en su edición del 9 de julio, el borrador de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, que se presta a ser aprobada por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, menciona que \"informes de inteligencia manejan una hipótesis de posible corrimiento de algunas actividades ilícitas desde la triple frontera Paraguay/Brasil/Argentina, a la frontera de Santana Do Livramento - Rivera, dada la caracterización geográfica de dos ciudades gemelas con frontera seca, así como la similitud de la existencia de comunidades árabes y comercios fronterizos\". Iguales características presenta la frontera Chui – Chuy. De hecho, en setiembre de 2024 Brasil, (junto a la Secretaria de Antidrogas de Paraguay SENAD) llevó adelante en el Chui la denominada Operación Vagus, en la que detuvo a varias personas y decomisó millones de dólares. Los agentes brasileños y paraguayos investigaban los lazos entre las organizaciones que allí operaban y la posible financiación a grupos como Al Qaeda, Hezbollah y Hamás. En definitiva, este nuevo peligro para la región -que incluye a Uruguay- debe llevarnos a incrementar la cooperación internacional, el trabajo de inteligencia y la colaboración con agencias especializadas en crimen organizado trasnacional y contraterrorismo. Nadie está ajeno al peligro.