Uruguay y una instancia importante en la prevención de lavado

Por Diego Buela Trevisán, contador Público, especialista en Compliance BRAGARD Abogados Uruguay vuelve a tener en primera línea a la Prevención de Lavado de Activos como ha venido pasando en los últimos años, aunque en este momento invisibilizado por la campaña electoral en curso. Se está cercana a aprobar la llamada Estrategia Nacional de Riesgos. De acuerdo a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los países deben hacer sus propias evaluaciones de riesgo, identificando amenazas externas y sus vulnerabilidades internas. Dicho proceso fue culminado el año pasado cuando se aprobó la “Evaluación Nacional de Riesgos “. El paso siguiente es diseñar la “Estrategia Nacional de Riesgos”, proceso similar al Plan Estratégico que llevan adelante las empresas para la consecución de los objetivos. En este caso, los de la lucha antilavado. Previamente, en 2019, Uruguay había pasado por otra instancia crucial en el sistema internacional antilavado, como lo es la Evaluación Mutua por parte del GAFILAT, la Organización que, basada en las Recomendaciones del GAFI, se encarga de su implementación en América Latina. El resultado fue positivo a nivel del cumplimiento técnico (en pocas palabras, la regulación y normativa que tiene el país) pero no así a nivel de efectividad, de los resultados. Uruguay quedó en situación de “seguimiento intensificado” por parte del GAFILAT y en breve tendrá una nueva evaluación, la llamada 5ª ronda (porque será la 5ª instancia en que pasará por dicho proceso). La autoevaluación que realizó al país Alejandro Montesdeoca fue muy autocrítica, tal vez hasta más que la propia evaluación del GAFILAT. Fue realista al considerar que dada la cantidad de procesos judiciales que existen por los delitos que son precedentes del lavado, hay muy pocos casos judiciales por el lavado en sí o por delitos financieros. Y entre las causas se enumeraron varias falencias del propio Estado a la hora de enfrentar las amenazas, como la falta de recursos aplicados a las principales Instituciones involucradas en la prevención del lavado y descoordinaciones entre Organismos Públicos, entre otros. Ante ello se viene diseñando desde finales de 2023 la Estrategia Nacional impulsada por la Senaclaft y a estudio por parte de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos que integran entre otros la Presidencia de la República, la UIAF, la Jutep y otras autoridades. Se intenta entonces tomar medidas por varios frentes. En primer lugar, mejorar la Coordinación y Cooperación entre las autoridades competentes en la materia, y a su vez, de éstos con el sector privado. Muchos sectores han expresado que reiteradas veces son varios los Sujetos Obligados que están pidiendo la misma información a un cliente y debería de poderse compartir de alguna forma la misma. Pero no es algo que sea de fácil implementación. Un segundo capítulo de medidas apunta al fortalecimiento institucional de la Estructura que lucha contra el lavado de activos. Allí se apunta a dotar a la Senaclaft de una estructura formal y presupuestaria que le permita contar con funcionarios estables y propios y no con casi 100% de pases en comisión. También se propone dotar a la UIAF de más recursos humanos y materiales. Por último, fortalecer el proceso de especialización de la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y la Policía en la materia. A nivel de los Sujetos Obligados, robustecer la capacitación no solo vía los tradicionales documentos de Guías y Señales de Alertas, sino con un Centro de Capacitación con actores no solo nacionales sino también internacionales. Muy importante, se plantean hacer nuevas evaluaciones sectoriales de riesgo de las actividades de los sujetos obligados que podrían traer cambios importantes en varios sectores como ser las Zonas Francas, las OSFL y el Sector Inmobiliario. Y se agregarían nuevos sectores obligados como ser los de Trading y los Comercializadores de Autos de Alta Gama. Hay también propuestas de fortalecimiento de la lucha contra delitos financieros, a través de la tipificación de los delitos referentes a corrupción privada. Relativo al incremento de la transparencia, en particular, el conocimiento de los beneficiarios finales de las operaciones, se plantea evaluar el instrumento jurídico de las SAS, que ha sido objetada en los casos donde no intervienen sujetos obligados en su constitución (SAS digitales). Un aspecto muy interesante es el planteo de realizar informes objetivos de ciertas operaciones realizadas por las APNFD en base a umbrales, tipos de transacciones o de clientes, que complementarían la realización de ROS. La Estrategia Nacional toca el tema de la LUC, al plantear una serie de medidas para lograr que los sujetos obligados tengan una mejor percepción de los riesgos que presenta el lavado de activos y que apliquen el enfoque basado en riesgos a la hora de armar sus sistemas de prevención. Se dice explícitamente implementar actividades para permitir la “adecuada interpretación de las modificaciones introducidas por la LUC”. La Estrategia Nacional se aprobará tarde o temprano en este año y sentará las bases para los cambios normativos y de gestión que vendrán en los próximos años. Pero no puede desconocerse que ante un eventual cambio de signo político en la elecciones nacionales de este año, podrían aún profundizarse más los cambios. Por lo cual, es seguro que se vienen cambios y modificaciones, que esperamos mejoren la situación a nivel de efectividad del sistema, o sino el país tendrá problemas cuando llegue el momento de una nueva Evaluación del GAFILAT.