El rechazo oficial. El gobierno británico comunicó formalmente su negativa al arbitraje que Argentina impulsa para frenar la explotación petrolera en Malvinas (proyecto Sea Lion). La notificación llegó a la embajadora argentina Mariana Plaza, y calificó el pedido como un intento de "socavar la prosperidad y la seguridad económica" de los isleños.
Los argumentos de Londres. La subsecretaria Uma Kumaran sostuvo que los isleños eligieron "libre y democráticamente" su futuro y tienen derecho a explotar sus recursos sin interferencias. Afirmó además que la actividad hidrocarburífera se rige por legislación británica "en plena conformidad con el derecho internacional".
Un golpe a la relación bilateral. El Reino Unido le transmitió al canciller Quirno que las trabas argentinas "no constituyen actos de una relación internacional responsable" y que esto "plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio". Kumaran ratificó el respaldo "inquebrantable" a Malvinas.
Rechazo británico a las sanciones. La subsecretaria Uma Kumaran afirmó que las Islas "son británicas" y que sus habitantes tienen derecho a explotar sus recursos naturales. Calificó los cargos argentinos contra empresas e individuos de "inaceptables" y "sin justificación legal", y ofreció respaldo pleno a quienes hacen negocios en el archipiélago.
Una guía previa que marcó la postura. Londres había publicado el 15 de septiembre el documento "Haciendo negocios con las Islas Malvinas", donde sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas y que ningún tribunal extranjero tiene base jurídica para ejecutar las medidas argentinas. También ofreció asesoramiento legal a las empresas bajo presión.
Escalada y respuesta argentina. La Cancillería convocó a los embajadores británico e israelí para entregarles notas de protesta y rechazó la guía, mientras el Gobierno avanza con la Ley de Soberanía Nacional, que extiende las sanciones a cualquier explotación de recursos naturales en Malvinas y prevé penas de hasta 20 años de prisión.