Javier Milei ganó las elecciones agitando una motosierra y repitiendo que iba a llevar adelante un ajuste del gasto estatal sobre “la casta”. Sin embargo, a 100 días de que asumiera como Presidente, quedó en evidencia cuál es la población que sufrió más recortes: los jubilados y jubiladas. Febrero fue el segundo mes en que las jubilaciones se licuaron de manera sensible y representaron el mayor recorte en el gasto público: en base al último bimestre, los adultos mayores sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de un 33% en el cálculo interanual. Frente a esa situación, este jueves nos enteramos que el Gobierno pretende establecer por decreto una nueva fórmula previsional, una vez más de espaldas al Congreso, con un proyecto que implicaría que los jubilados sigan perdiendo. Hay que decirlo bien claro: actualizar las jubilaciones solo por inflación es pan para hoy y hambre para mañana.
Necesitamos de manera urgente una nueva ley de movilidad jubilatoria, pero que no solo contemple la actualización por inflación, sino que sirva para otros escenarios económicos. La mayoría de las propuestas para modificar la fórmula previsional apuntan a una actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, por inflación. Si bien este cálculo puede parecer adecuado dado el contexto de altísima inflación –más del 70% en tres meses–, no soluciona la situación de manera contundente y estructural, dado que sólo sirve en un contexto particular. Es un ajuste de las fórmulas que no asegura el derecho a la movilidad de las jubilaciones establecido en el artículo 14 bis de la Constitución.
La actualización de las jubilaciones tiene que estar fijada por una ley que contemple distintos escenarios económicos, para que los y las jubiladas siempre mantengan o aumenten su poder adquisitivo. Por ejemplo, en caso de que el aumento esté sujeto a la inflación y la misma sea muy baja, las jubilaciones se estancarían. Algo análogo ocurriría si la fórmula sólo contemplara aumentos sujetos al crecimiento de los salarios y de la actividad económica, porque así las jubilaciones se deprecian en un escenario de recesión.
Luego de contemplar esta situación, presenté un proyecto que atiende los distintos escenarios: mantiene la fórmula actual, pero con el agregado de una cláusula gatillo para corregir automáticamente la pérdida por ajustes por debajo de la inflación. De esta forma, los jubilados no van a perder ante la inflación, pero si la economía crece, si la recaudación y los salarios aumentan en el mediano o largo plazo, tendremos una fórmula que crezca por encima del índice regido por el IPC.
El otro proyecto que presenté apunta a recuperar lo que los jubilados perdieron por inflación desde enero, un aumento único para equilibrar las prestaciones. La situación es urgente: hoy la jubilación mínima está en $ 204.000, mientras que la Canasta Básica Total en febrero fue de $ 223.000 y la Canasta Básica del Adulto Mayor que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de CABA es de $579.000. El poder de compra de los jubilados cayó en marzo un 30,4% según el cálculo interanual, y si seguimos el cronograma vigente el siguiente aumento sería en junio.
Es inadmisible que las personas que trabajaron a lo largo de todas su vida deban ahora sufrir un ajuste brutal, para que el gobierno exhiba como un trofeo la caída del gasto público. Más grave todavía es que el Poder Ejecutivo profundice esta tendencia sin llevar las discusiones al Congreso, que es la institución más democrática y federal de la República. Ante el totalitarismo de la lógica del mercado, vamos a seguir levantando la bandera de la Justicia Social, para que todas las personas puedan acceder a una vida digna.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
