En Argentina, aquellos interesados en realizar la transferencia de un vehículo usado o registrar un automóvil 0km deben enfrentarse a una serie de trámites tanto presenciales como online. Según las estimaciones del calculador de costos de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), para un vehículo valuado en aproximadamente $3.000.000, el gasto de transferencia se sitúa alrededor de los $140.000. Además del desembolso económico, el proceso completo puede demorar hasta 20 días.
La diputada nacional Patricia Vásquez, perteneciente a Juntos por el Cambio, impulsa un proyecto de ley que tiene como objetivo principal la eliminación del Registro Automotor, así como la simplificación de trámites obligatorios, entre ellos el grabado de autopartes, junto con modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Una de las propuestas más destacadas es la vinculación de la patente al usuario en lugar del vehículo, permitiendo "tantas patentes únicas como vehículos tenga, siempre unidas al DNI", según afirmó la legisladora.
Este proyecto de ley, ya presentado en la Cámara de Diputados, contempla cambios significativos en la normativa actual. Según fuentes cercanas a la legisladora, cuenta con el respaldo del bloque del Pro, parte de la UCR y un sector de LLA, con expectativas de obtener más adhesiones en los próximos días. La influencia de la opinión pública, potenciada por una intensa campaña en redes sociales, podría desempeñar un papel fundamental en el proceso legislativo de esta ley.
Se prevé una transición de 12 meses para adaptar el sistema propuesto, lo que implica que su implementación será gradual y no inmediata.
Los puntos clave del proyecto que se debatirán en la Cámara Baja:
1. Creación de un registro digital de autogestión: El proyecto propone la eliminación de los registros seccionales mediante la creación del Registro Único Nacional Digital (RUNDA). Este sistema permitiría a los usuarios gestionar sus propias transferencias e inscripciones de vehículos 0km sin intermediarios. El RUNDA sería de acceso libre, público y con datos abiertos, vinculado a diversas entidades para tener información en tiempo real.
Este sistema estaría bajo la supervisión de la DNRPA, dependiente del Ministerio de Justicia, encargada de digitalizar todos los documentos no disponibles online al momento de la promulgación de la ley. La normativa busca eliminar los formatos físicos, incluyendo las cédulas verde y azul.
2. Vinculación de la patente al usuario y no al vehículo: Inspirándose en el sistema de los Estados Unidos, las patentes estarían asociadas a una persona en lugar de a un vehículo. Cada persona física o jurídica tendría una identificación alfanumérica vinculada a su DNI o CUIT de por vida. En caso de adquirir un nuevo vehículo, transferirían esa patente a la unidad, evitando cambios en cada transferencia.
3. Eliminación del grabado de autopartes y pago de patentes y cambios en la VTV: El proyecto propone un arancel único a nivel nacional como "costo de servicio" en cada transferencia de vehículo. Este monto no estaría vinculado al valor del vehículo, a diferencia del actual pago de patentes. Además, se establece un "pago único y anual de la patente que no debe superar el 1% del valor del automotor".
4. Gratuidad de la emisión de cédulas de autorización para conducir: Con la implementación del RUNDA y el sistema de autogestión online, se eliminaría la necesidad de abonar y solicitar cédulas habilitantes. La autorización para conducir se realizaría de forma gratuita ingresando datos en la plataforma, eliminando también el formato físico y quedando únicamente en versión digital.
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- Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
- Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
- Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
- El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
- Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
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