Operativo contra la extorsión en Bogotá
Un informe de Planeación Nacional y Asocapitales revela que este delito camina hacia un récord histórico, concentrado en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Teléfonos móviles ingresados de contrabando, agendas con datos de potenciales víctimas, panfletos intimidatorios y videos amenazantes listos para enviar. Ese fue el inventario que la Policía colombiana incautó en diciembre de 2023 al desarticular la temida banda “Satanás”, en un operativo coordinado entre las calles de Bogotá y centros de reclusión. Si bien el golpe se presentó como una victoria contundente contra la extorsión, la caída de esta estructura criminal apenas rozó la superficie de un delito que escala y se apodera de la cotidianidad en las grandes ciudades.
Así lo demuestra el estudio elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Lejos de tratarse de hechos aislados, la extorsión ha experimentado un crecimiento estructural desde 10,47 casos por cada 100.000 habitantes en 2016 a 25,23 en 2025. La inercia no da tregua: en los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 3.936 casos, un resultado que apunta a un total de 14.502 en el año, lo que superaría el récord de 13.869 casos de 2024.
Entre las modalidades de extorsión destaca la "vacuna" periódica. Comerciantes, transportistas o empresarios son obligados a pagar una cuota diaria, semanal, mensual o anual bajo amenazas. "Con el tiempo se genera una relación de 'normalidad' entre victimario y víctima, en la que el cobro es asumido como un costo operativo inevitable", señala el informe, que identifica esta práctica como la prueba más clara de cómo las bandas controlan un territorio.
También figura la llamada o el mensaje en el que exigen un pago único. Muchas veces el delincuente dice pertenecer a grupos armados como el Clan del Golfo, aunque en realidad suele ser una mentira para asustar más a la víctima y forzarla a pagar rápido.
Otra variante es la devolución de bienes. En este caso la persona sufre un doble golpe: primero le roban su carro, motocicleta, documentos o incluso una mascota, y luego los mismos delincuentes le exigen dinero para regresárselos.
Por último, el informe describe el chantaje dentro del entorno cercano. Ocurre cuando exparejas o personas conocidas que tienen acceso a fotos íntimas o datos personales amenazan con hacerlos públicos si no reciben dinero. Este patrón afecta principalmente a las mujeres.
La sofisticación del delito ha llevado al uso de la inteligencia artificial. "La clonación de voces (que permite replicar con precisión la voz de un familiar usando fragmentos de audio obtenidos de redes sociales) eleva dramáticamente la verosimilitud de los modus operandi de suplantación", alerta la investigación.
El problema golpea con más fuerza en los cascos urbanos. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla acumulan 32.931 de los 60.155 casos registrados entre 2010 y 2025, equivalentes al 54,7% del total. Bogotá concentra por sí sola la cuarta parte de todos los casos registrados en las 32 ciudades capitales, "lo que refleja tanto su mayor peso poblacional y económico como la presencia y diversificación de dinámicas extorsivas de carácter urbano", señala el informe.
No obstante, el fenómeno no es exclusivo de las grandes urbes: entre 2024 y 2025, ciudades intermedias como Cartagena (+93,9%), Tunja (+76,7%) y Sincelejo (+36,6%) registraron aumentos significativos, consolidando nuevos focos de riesgo en el país.
Otro elemento clave es la operación de las bandas desde los centros de reclusión. La investigación precisó que la llamada telefónica sigue siendo el medio más utilizado para extorsionar y, de acuerdo con la Policía, alrededor del 70% de esas llamadas sale directamente de las cárceles. A pesar de estar presos, los internos consiguen celulares de contrabando y aprovechan el hacinamiento carcelario, la falta de personal de guardia y las fallas en los bloqueadores de señal para coordinar amenazas y cobros sin mayores trabas.
Detrás de este crecimiento hay cuatro causas principales identificadas en la investigación. La primera es que para grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y bandas transnacionales como el Tren de Aragua, la extorsión es una forma de diversificar sus ingresos y expandir su presencia en el territorio. Estas organizaciones volcaron sus esfuerzos a cobrar cuotas en las ciudades porque les garantiza ingresos fijos y constantes.
La segunda variable es la crisis en las cárceles. Con un déficit de más de 8.000 guardias, casos comprobados de corrupción y una sobrepoblación donde por cada 100 cupos disponibles hay cerca de 127 reclusos, los establecimientos penitenciarios terminaron convertidos en oficinas de bandas criminales.
El tercer factor es la masificación de las herramientas digitales. El uso extendido de celulares, redes sociales, llamadas por internet y billeteras virtuales permite que los delincuentes amenacen a víctimas en cualquier parte del país sin exponerse físicamente, utilizando el anonimato que dan estas plataformas para esquivar a las autoridades.
Por último, está el control que ejercen las bandas en los barrios periféricos. En zonas donde el Estado casi no se ve, estos grupos armados terminan resolviendo problemas vecinales, vigilando cuadras e imponiendo sus propias reglas. De esta manera, el cobro de la extorsión se mezcla con una autoridad de facto, lo que lleva a que muchas comunidades terminen aceptando las cuotas como algo normal y que muy pocos se atrevan a denunciar por temor a represalias.
En los dos meses y medio que lleva en el poder, el presidente Abelardo de la Espriella ha prometido mano dura contra los grupos armados, enfocándose en poner fin a la política de paz total de Gustavo Petro, quien buscó desmovilizarlos a través del diálogo, y concentrando las operaciones militares en las zonas rurales donde el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo controlan el narcotráfico.
En paralelo, el país ingresó al Escudo de las Américas, la iniciativa de Washington para combatir a los carteles en la región, pero hasta ahora no ha tomado medidas que apunten a combatir la extorsión urbana.
El informe plantea cortar de raíz la extorsión carcelaria mediante un plan para instalar bloqueadores de señal efectivos en los penales, rastrear llamadas en tiempo real e intervenir las finanzas de las bandas. Asimismo, subraya la necesidad de superar la limitación de los alcaldes, quienes enfrentan la presión directa de la ciudadanía, pero carecen de facultades legales para investigar y desarticular estas estructuras criminales.
En las ciudades, la propuesta se centra en fortalecer la presencia en los barrios y mejorar la respuesta institucional. Esto incluye mapear con datos policiales los puntos críticos de cobro, apoyar a los comerciantes con esquemas de protección y acordar con los bancos el bloqueo inmediato de cuentas receptoras de pagos extorsivos.
Además, para vencer el miedo a denunciar en un delito donde la mayoría de los casos queda en silencio, se recomienda masificar canales digitales que permitan reportar de forma anónima y segura.
La iniciativa apunta a ensanchar el poder del Estado para sancionar con mayor severidad a las estructuras armadas en Colombia, cortar sus finanzas y perseguir a sus colaboradores.
El proyecto elimina las mesas de diálogo con las organizaciones a las que cataloga como terroristas, plantea su sometimiento unilateral a la justicia ordinaria y establece un mínimo de 10 años de cárcel para quienes ejercen roles de mando.
En otro capítulo del estancamiento del diálogo, el presidente colombiano ordenó evaluar la suspensión de la negociación con las disidencias de las FARC bajo el mando de “Calarcá”.
