El Gobierno presentó la apelación sin esperar la resolución sobre la suspensión del fallo y deberá participar de una reunión judicial el lunes próximo para destrabar el conflicto
Argentina apeló formalmente la decisión de la jueza federal Loretta Preska que obligaba al país a entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar la millonaria sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012. La presentación se realizó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, sin esperar la resolución de la magistrada sobre el pedido de suspensión del fallo que había solicitado la Procuración del Tesoro días atrás.
La decisión sorprendió a los especialistas en el tema, quienes esperaban que el Gobierno aguardara la respuesta de Preska antes de apelar. Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en el caso, explicó que "este paso que la Argentina da ahora era esperado en una, dos o tres semanas, no ahora. La teoría dicta que deberían haber esperado a que la jueza Preska diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo".
El fallo condenatorio, que asciende a US$ 16.100 millones más intereses, beneficia principalmente a los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos para litigar del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi. La sentencia se basa en que Argentina debería haber lanzado una oferta pública de adquisición por todas las acciones de YPF cuando expropió el 51% que pertenecía a la española Repsol.
El plazo original impuesto por la magistrada para que Argentina depositara las acciones en un banco de Nueva York vencía el lunes 14 de julio, pero la apelación presentada podría modificar este cronograma dependiendo de las decisiones judiciales posteriores.
En paralelo a la apelación, la jueza Preska convocó a una audiencia de descubrimiento para el martes 15 de julio a las 10:00 horas locales en la sala 12A del tribunal federal del distrito sur de Nueva York. La reunión tiene como objetivo destrabar la disputa por la entrega de información sobre presuntas relaciones de "alter ego" entre el Estado argentino y varias empresas públicas.
Los beneficiarios del fallo buscan obtener datos sobre Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para demostrar que estas entidades actúan como extensiones del Estado. Si logran probarlo, podrían embargar los bienes de estas empresas como parte del proceso de ejecución de la sentencia.
Maril detalló que "cuando Milei asumió como Presidente, Alberto Fernández había apelado el fallo de Preska de los USD 16.000 millones. La jueza le ofreció al nuevo Gobierno poner una garantía para poder apelar y no arriesgar embargos. Milei, por motivos obvios, porque estaba recién asumido, decide no poner garantía por lo que empezaron los embargos".
La audiencia se produce pocos días después de que el país presentara su apelación, y los demandantes ya respondieron oponiéndose a la solicitud argentina de suspensión del fallo. El Gobierno envió dos escritos el martes por la noche para contrarrestar los argumentos de los fondos.
El presidente Javier Milei había anticipado vía X que el Estado apelaría el fallo, argumentando que "no tiene aplicación en Argentina porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir".
Los argumentos centrales de la defensa argentina incluyen la naturaleza excepcional del caso, el daño irreparable que causaría la ejecución inmediata de la orden, y la imposibilidad legal de cumplimiento sin la aprobación del Congreso. La Procuración del Tesoro sostiene que la ejecución de la orden obligaría a Argentina a violar su propia legislación.
El caso también generó tensiones internas, ya que desde la Procuración señalaron que en el escrito de los demandantes se cita la conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof de la semana pasada, "quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina". El Gobierno sostiene que hay "buitres domésticos" que operan contra los intereses del país.
Fuentes oficiales confirmaron que la estrategia será puramente judicial, sin negociaciones. "No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales", aseguraron desde Casa Rosada.
El Estado también planea solicitar la intervención del Gobierno de Estados Unidos para que opine en el caso, siguiendo el precedente del año pasado durante la presidencia de Joe Biden.
Un fallo judicial refleja una cultura política que no registra límites y gestiona el país como si fuera una fiesta sin resaca.
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