El proyecto oficial de reforma del BCRA lo dejaría como la única entidad de su tipo de la región con responsabilidad penal para sus directores y uno de los pocos enfocado únicamente en la inflación.
Un cuadro comparativo que recorre las reglas de los bancos centrales de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia deja a la vista un dato que no va a pasar inadvertido en el debate: la autoridad monetaria argentina operaría —en caso de que fuera aprobada la propuesta de Javier Milei—, bajo un esquema institucional considerablemente más restrictivo que sus pares de la región.
Según un cuadro comparativo realizado por Juan Manuel Telechea, director de T+1 (consultora económica), tomando la reforma que ya explicó el presidente y comparándola con la que hay en otro países, mientras Uruguay, Brasil y Chile definen mandatos duales que combinan el control de la inflación con la estabilidad financiera (o con "objetivos secundarios" en el caso brasileño), Argentina y Colombia mantienen un mandato acotado a la inflación exclusivamente. La diferencia no es menor: un mandato dual habilita al banco central a intervenir con más margen ante corridas cambiarias, problemas de liquidez bancaria, tasas de interés u otros aspectos que impacten en la economía sin que eso implique salirse de su objetivo estatutario. Argentina, en cambio, quedaría con menos herramientas "legitimadas" para ese tipo de intervenciones.
En el punto que más desvela a la city porteña —el financiamiento monetario del déficit— Argentina, Brasil y Chile comparten la prohibición explícita de adelantos directos al Tesoro. Uruguay es la excepción regional al permitirlo, aunque con un tope. Colombia lo prohíbe salvo decisión unánime, una válvula de escape que no existiría en la ley argentina.
Sin embargo, hay un matiz relevante: la compra de títulos públicos en el mercado secundario está permitida en Argentina, aunque con una salvedad (en referencia a las restricciones específicas introducidas tras la reforma de la Carta Orgánica). Uruguay, Brasil y Colombia lo permiten sin condicionamientos, mientras que Chile es el más estricto: solo lo autoriza en situaciones excepcionales de crisis de liquidez. Es decir, en el papel, el Banco Central de Chile tiene menos margen que el argentino para esta vía de financiamiento indirecto.
Un dato curioso es que Chile es el único país del grupo donde el uso de ganancias contables del banco central está directamente prohibido, mientras que Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia constituyen con ellas un fondo de reserva. Pero dentro de ese grupo, Argentina y Brasil comparten una restricción adicional que Uruguay y Colombia no tienen: las ganancias realizadas solo pueden destinarse al pago de deuda pública, no a otros usos discrecionales.
Acá aparece uno de los contrastes más significativos. Brasil, Chile y Colombia diseñaron mandatos escalonados para sus autoridades monetarias, un mecanismo clásico para evitar que un solo gobierno controle la totalidad del directorio y así blindar al organismo de los vaivenes electorales. Argentina y Uruguay, en cambio, no tienen escalonamiento: el board se renueva de forma más concentrada según el ciclo político, lo que en la práctica ata más la composición del BCRA al signo del gobierno de turno.
En cuanto a la remoción, Argentina exhibiría el mecanismo más complejo: se requiere el aval de dos tercios del Senado y de Diputados, un umbral más alto que la simple "aprobación del Congreso" que rige en Uruguay o Chile, e incluso más exigente que Brasil, donde la remoción queda en manos directas del Poder Ejecutivo, o que Colombia, donde decide el propio directorio del banco central.
El punto más singular del cuadro de Telechea es que Argentina es el único país de los cinco donde el incumplimiento de deberes por parte de las autoridades del banco central puede derivar en acciones penales. En Uruguay, Brasil, Chile y Colombia esa vía no existe.
Este rasgo tiene lecturas encontradas. Por un lado, refuerza mecanismos de rendición de cuentas ante eventuales abusos de poder. Por otro lado, buena parte de los especialistas en diseño institucional advierte que la amenaza penal sobre decisiones de política monetaria —que por naturaleza involucran juicios técnicos bajo incertidumbre— puede generar un sesgo hacia la inacción o decisiones excesivamente conservadoras por parte de los funcionarios, ante el temor a consecuencias judiciales personales.
El resultado es una Argentina con un banco central que compartirá con la región las prohibiciones más "duras" (financiamiento directo al Tesoro, letras intransferibles), pero que se aparta claramente en los mecanismos que determinan cuánto puede blindarse la autoridad monetaria de la política de corto plazo: mandatos no escalonados, remoción politizada y, sobre todo, la exposición penal de sus funcionarios.
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