El Gobierno avanza en la desregulación del mercado eléctrico y habilita nuevos contratos privados
Se permitirá a generadoras comprar combustibles y celebrar contratos directos, con el objetivo de un sistema eléctrico más competitivo.
¿Qué cambios introduce la Resolución 21/2025?
La norma permite a las generadoras térmicas, nucleares e hidroeléctricas gestionar la compra de sus propios combustibles, un rol hasta ahora monopolizado por Cammesa, la empresa mixta estatal. También habilita a nuevas generadoras a celebrar contratos de compra y venta de energía directamente con privados, ampliando un esquema que solo era válido para productores de energía renovable.
La Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, destacó que estos cambios buscan "una transición gradual hacia un entorno más competitivo", priorizando la estabilidad en el abastecimiento y la contención de costos para los usuarios.
¿Cómo funciona actualmente el sistema con Cammesa?
Cammesa, controlada en un 20% por el Estado y en un 80% por asociaciones del sector, gestiona la compra de combustibles para generadoras térmicas y actúa como intermediaria en contratos de abastecimiento entre productores y distribuidoras. Además, juega un rol clave en la compensación de tarifas subsidiadas, cubriendo la diferencia entre los costos reales de energía y lo que pagan los consumidores finales.
El modelo actual centraliza las operaciones y mantiene un esquema de subsidios indirectos, donde las transferencias del Tesoro Nacional financian las diferencias de costo a través de Cammesa.
¿Qué antecedentes tiene esta iniciativa de desregulación?
La propuesta retoma un esquema implementado en los años 90, donde Cammesa operaba únicamente como supervisora del sistema eléctrico, sin injerencia en contratos ni compras. Durante las últimas dos décadas, especialmente bajo gobiernos kirchneristas, la empresa adquirió un rol central para compensar tarifas congeladas mediante subsidios masivos.
En 2024, la Resolución 150 había dispuesto la limitación de Cammesa en contratos y compras de combustible, pero su implementación quedó pendiente hasta la actual gestión, liderada por Javier Milei.
¿Cuáles son las expectativas y preocupaciones en el sector?
La descentralización y la habilitación de contratos entre privados generan tanto expectativas como inquietudes. Según Jimena Vega Olmos, abogada experta en energía, "la libre contratación será clave para fomentar la generación de infraestructura", pero advierte que una implementación acelerada podría generar riesgos en un sistema aún dependiente de subsidios estatales.
Otro punto crítico es cómo se canalizarán los subsidios en el futuro. El Gobierno plantea la posibilidad de asignarlos directamente a las facturas de los usuarios en lugar de gestionarlos a través de Cammesa. Sin embargo, esto implicaría trasladar gradualmente el costo real de la energía al consumidor final, una medida que podría encontrar resistencia social.
¿Qué proyectos futuros anunció el Gobierno?
El plan incluye licitaciones para obras clave:
En el corto plazo, el Gobierno avanzará con licitaciones para reforzar la capacidad de generación y transporte eléctrico, priorizando proyectos en áreas críticas como el AMBA. Paralelamente, Cammesa actuará como garante en las primeras transacciones privadas para minimizar riesgos financieros.
A mediano plazo, la desregulación dependerá de una transición ordenada que permita reducir subsidios sin afectar a los usuarios. La licitación de las centrales hidroeléctricas será un hito clave, con adjudicaciones previstas antes de agosto, marcando un paso decisivo en la modernización del sistema.
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