El exfuncionario de Mauricio Macri aseguró que “la sentencia de YPF es gravísima” porque “estaríamos perdiendo las acciones que tiene el Estado argentino en la compañía”.
La magistrada rechazó suspender la orden de entregar las acciones. El país debe recurrir a la Corte de Apelaciones antes del 17 de julio.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de Argentina para suspender la orden que obliga al Estado a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes. La decisión complica el panorama para el país, que ahora tiene tres días para presentar una apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York y evitar entrar en desacato.
El fallo de Preska, conocido en las últimas horas, mantiene vigente la orden de transferir las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios de una sentencia que condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF en 2012.
El cronograma que enfrenta Argentina es extremadamente ajustado. Según explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, el 17 de julio es la fecha límite para entregar las acciones de YPF. "De no hacerlo, puede haber pedido de desacato", advirtió, aunque aclaró que esto "no es seguro aún".
La defensa argentina debe presentar su apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York antes del jueves para solicitar la suspensión que Preska negó. Este tribunal superior podría revisar la validez de la orden y suspenderla hasta que se resuelva la apelación contra el fallo de 2023.
El proceso judicial incluye varios pasos inmediatos. Mañana martes habrá una reunión entre los abogados de los fondos beneficiarios y la defensa argentina. Posteriormente, los beneficiarios del fallo presentarán su oposición al pedido de suspensión el jueves 17 de julio, y Argentina deberá responder el 22 de julio.
"Si los jueces aprueban este cronograma, la Corte de Apelaciones no decidirá si otorga el beneficio del stay hasta, al menos, el 23 de julio", precisó Maril en sus análisis del caso.
En un escrito de cuatro páginas, la jueza Preska fue contundente: "La República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente". La magistrada recordó que en enero de 2024 había concedido una suspensión sin requerir fianza, "con la condición de que la República solicitara una revisión acelerada en la Corte de Apelaciones y ofreciera una garantía mínima".
"Argentina no aceptó" estas condiciones, subrayó Preska, quien agregó que "la República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales".
Sebastián Soler, abogado por la Universidad Nacional de Rosario con master en derecho por Harvard Law School, calificó la decisión como "prematura e irrazonable". El especialista destacó que "no es lógico que se pretenda ejecutar de manera prematura la sentencia de primera instancia" cuando la Corte de Apelaciones ni siquiera ha fijado aún la fecha de audiencia para escuchar los argumentos sobre el fallo de 2023.
Soler enfatizó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya expresó su desacuerdo con la orden de Preska en noviembre de 2023, argumentando que "semejante orden infringiría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos" y "afectaría la soberanía argentina" al obligar al Congreso a modificar la Ley 26.741 o al Poder Ejecutivo a desobedecerla.
La Ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, establece en su artículo 10 que el Estado argentino no puede transferir las acciones sin la previa autorización del Congreso. Este punto es central en la defensa argentina, que argumenta que cumplir con la orden implicaría una violación directa de la legislación nacional.
La defensa sostiene que se trata de un "caso sin precedentes" que involucra un fallo por 16.100 millones de dólares actualmente apelado, y que plantea cuestiones jurídicas complejas. Además, argumenta que cumplir con la orden causaría un "daño irreparable" al país, que perdería de forma irreversible el control de la petrolera.
Los fondos demandantes, por su parte, acusaron al Estado argentino de haber dilatado el cumplimiento del fallo durante más de ocho años. En un escrito firmado por el abogado Paul D. Clement, sostuvieron que Argentina "aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal".
Desde la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de las estrategias legales del país, aclararon que "la Argentina no se encuentra incumpliendo la orden, ya que la propia Preska otorgó tres días más para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones".
El caso involucra además al fondo Bainbridge, que recibiría acciones de la compañía como parte del pago de la deuda en default desde 2001, por un monto de aproximadamente 100 millones de dólares.
Con dos apelaciones de la defensa argentina pendientes ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, el futuro de YPF y las finanzas del país dependerá de las decisiones que tome este tribunal superior en las próximas semanas. Las partes ya presentaron todos los escritos requeridos, y solo resta la designación de los tres jueces que integrarán el tribunal y la fijación de la fecha de audiencia.
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Periodista de El Observador Argentina
Aumento de cortes obligatorios. Este proyecto de LLA elevaría las mezclas mínimas un año después de su sanción, llevando el bioetanol del 12% al 15% y el biodiésel del 7,5% al 10%.
Beneficio para el bioetanol. Un 12% del total de bioetanol quedará blindado en partes iguales para la caña de azúcar y el maíz. Beneficia a Tucumán, Salta y Jujuy.
Progresiva desprotección del biodiésel. Para las PyMEs no integradas, la cuota de mercado reservada descenderá gradualmente hasta llegar a un piso del 3% entre 2031 y 2036, compitiendo con las grandes aceiteras. Gracias a este punto se pierden votos.
Conflicto en el Senado. La disputa rompió alianzas. Legisladores de provincias azucareras enfrentan a los de distritos con fuerte producción de biodiésel (Santa Fe, Buenos Aires, San Juan y La Pampa), quienes exigen congelar el cupo PyME en 3% de forma permanente.
