El anuncio de reactivación de Bajo de la Alumbrera puso en evidencia un potencial largamente ignorado: el país tiene cientos de yacimientos con infraestructura y mineral remanente.
El reciente anuncio de Glencore sobre la reactivación del yacimiento Bajo de la Alumbrera en Catamarca, después de siete años de inactividad, puso sobre la mesa una pregunta que abre un debate estratégico: ¿cuánto pueden producir las minas abandonadas de Argentina? La respuesta revela un panorama inesperado. El país cuenta con más de 220 minas inactivas distribuidas en provincias como Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta, Mendoza, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, La Rioja, San Luis y Buenos Aires. Estos yacimientos no cerraron por agotamiento de recursos, sino por factores históricos que hoy quedaron obsoletos.
Un relevamiento del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) especificó que solo en La Rioja existen 230 minas que produjeron minerales metálicos hasta la década de 1990 y hoy están abandonadas. Oro, plata, cobre, plomo, zinc, berilo, mercurio, bario y tungsteno fueron los minerales extraídos. Estas minas cerraron por precios internacionales deprimidos en los años 80, 90 y 2000, leyes minerales consideradas bajas para la tecnología de entonces, costos elevados de energía y logística, y ausencia de financiamiento.
El contexto global cambió radicalmente. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el mundo requiere 30% más de cobre y 600% más de minerales críticos para 2040. China, Estados Unidos y Europa compiten por asegurar suministros confiables, posicionando a Argentina como actor clave. José Luis Dalla Gassa, autor de un informe privado sobre el potencial de estas minas, afirmó: "Lo que Argentina llama 'minas abandonadas' en realidad son reservorios estratégicos de metales críticos. El mundo los necesita hoy más que nunca".
La diferencia entre desarrollar un proyecto minero nuevo y reactivar uno existente resulta determinante. Mientras una mina nueva (proyecto greenfield) demanda inversiones de entre US$ 250 millones y US$ 3.000 millones y requiere entre 8 y 14 años, reactivar una mina inactiva (proyecto brownfield) cuesta entre US$ 5 millones y US$ 50 millones y produce en apenas 6 a 12 meses.
Las ventajas son múltiples: caminos de acceso existentes, líneas eléctricas cercanas, estudios geológicos históricos, botaderos con mineral recuperable mediante tecnología moderna, mano de obra local con experiencia y convenios comunitarios previos. El retorno de inversión (ROI) estimado alcanza entre 18 y 36 meses.
Según el análisis de Dalla Gassa, la reactivación se clasifica en tres categorías. La reactivación light requiere entre US$ 500.000 y US$ 3 millones y produce en 3 a 12 meses, ideal para tungsteno, sílice de alta pureza y cobre oxidado en botaderos. La reactivación media demanda entre US$ 5 millones y US$ 15 millones y toma entre 12 y 18 meses. La reactivación full para yacimientos complejos requiere entre US$ 15 millones y US$ 50 millones y se extiende entre 18 y 36 meses.
"Reactivar estas minas no es nostalgia. Es estrategia. Es soberanía. Y es negocio", destacó el analista.
Argentina alberga depósitos clave para la transición energética. El cobre, cuya producción global debe duplicarse para 2035, cuenta con minas inactivas en San Juan, Mendoza y Córdoba que poseen botaderos con concentraciones de 0,30% a 0,70%, viables con flotación moderna. El proyecto El Pachón en San Juan mantiene zonas históricas que podrían repensarse.
El tungsteno se convirtió en mineral estratégico para defensa, con precios que subieron 56% desde 2020 ante la dependencia global de China, que controla más del 80% de la oferta mundial. San Luis y Córdoba concentran minas históricas como Los Cóndores y Cerro Áspero.
El litio presenta salares secundarios en Salta, Jujuy y Catamarca abandonados desde los años 80. El molibdeno resulta ahora valioso para aleaciones y aplicaciones nucleares. El manganeso y vanadio son demandados para baterías con proyecciones de duplicar la demanda para 2030. Las tierras raras tienen proyectos pequeños en Córdoba, Mendoza y Río Negro. La sílice de alta pureza vive un auge gracias a la industria fotovoltaica, con canteras en Buenos Aires (Las Armas y Miramar), San Juan y Catamarca.
Otros yacimientos incluyen Sierra Grande (hierro) y Arroyo Ventana (uranio) en Río Negro; Mina Huemules (uranio) y Mina Angela (polimetálica) en Chubut; Paramillos y San Jorge en Mendoza; y Casposo, Gualcamayo y Hualilán en San Juan.
Si Argentina reactivara el 20% de sus minas inactivas, podría quintuplicar su producción de metales no litíferos con cifras significativas para 2030: 150.000 toneladas adicionales de cobre por año, entre 500 y 4.000 toneladas de tungsteno, 1.500 toneladas de molibdeno, 300.000 toneladas de sílice premium, 5.000 toneladas de manganeso y producción adicional de litio en tres o cuatro salares secundarios.
Este salto se construiría desde la recuperación inteligente de activos olvidados. Países como Chile, Perú, Bolivia y México ya implementaron estrategias similares. La metodología incluye obtener datos del SEGEMAR sobre producción histórica, realizar muestreos geoquímicos modernos, ejecutar ensayos metalúrgicos, estimar costos de capital, verificar requisitos regulatorios y construir modelos económicos.
"La ventana de oportunidad va de 2025 a 2030. Después será tarde", advirtió Dalla Gassa. "Una mina abandonada no es una ruina: es un activo dormido que puede volver a producir con inversión moderada y estrategia sólida".
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