Colectivos AMBA
El conflicto se originó en el reclamo de las compañías por la actualización de los ingresos reconocidos por el Estado, los subsidios y los costos operativos. Según advirtieron, el desfasaje financiero "dificulta" la normal prestación de servicios.
Las cámaras empresarias del transporte automotor iniciaron el lunes una reducción progresiva de las frecuencias nocturnas de 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con distintos puntos del conurbano bonaerense.
El conflicto se originó en el reclamo de las compañías por la actualización de los ingresos reconocidos por el Estado, los subsidios y los costos operativos. Según advirtieron, el desfasaje financiero "dificulta" la normal prestación de servicios.
El planteo fue presentado por cuatro entidades: la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).
"Hay empresas que no pueden comprar combustible por la deuda que tiene el Estado nacional con las empresas nacionales", señaló el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Tenisci, en diálogo con Radio 10.
En la misma línea, el dirigente agregó: "Podría ocurrir en algunas empresas menos unidades, porque esto va a ser una racionalización de servicios".
Las empresas de colectivos del AMBA reclaman una compensación por un desfasaje de ingresos estimado en $ 40.000 millones, producto de la diferencia entre la recaudación prevista y el dinero que efectivamente ingresó al sistema.
De acuerdo con el titular de la CEAP, el Estado reconoció un error de cálculo. "Hay empresas que no pueden comprar combustible por la deuda que tiene el Estado nacional con las empresas nacionales", señaló Tenisci en Radio 10.
En dirigente también explicó que las compañía todavía no tienen precisiones sobre cómo se compensarán los montos: "Nos dijeron que nos iban a reponer este dinero, pero todavía hasta el día de hoy no sabemos cómo, si va a ser en cuotas".
El reclamo no se limita a la deuda acumulada. Las cámaras empresarias piden también una actualización de los costos operativos, que incluyen combustible, mantenimiento, renovación de unidades y salarios. En ese sentido, Tenisci cuestionó: "Las líneas nacionales tienen el boleto más bajo, los subsidios siempre tenemos problemas".
Con una primera jornada de reducción de frecuencias nocturnas, el Gobierno nacional recibirá este martes a las firmas para intentar destrabar el conflicto por los costos del servicio.
La reunión se realizará a las 9 en la Secretaría de Transporte y contará con representantes de las cámaras CETUBA, CTBPA, CEAP y AAETA.
El recorte alcanza a las líneas nacionales que unen la Ciudad de Buenos Aires con municipios bonaerenses.
Líneas de colectivos alcanzadas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
Fallo. La jueza Loretta Preska cerró formalmente el expediente en primera instancia y dejó sin efecto su fallo de 2023, que condenaba a la Argentina a pagar más de U$S 16.000 millones por la expropiación de YPF.
Esperable. La decisión cumple con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que en marzo revocó la condena y falló a favor del Estado argentino.
Lo próximo. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta el pedido de Burford Capital para revisar el fallo. No está obligada a tratar el caso y no hay plazos definidos.
Otro reclamo. En paralelo, Burford inició acciones ante el CIADI, dependiente del Banco Mundial, por el reclamo vinculado a la expropiación de 2012.