El Gobierno extiende el plazo para convertir empresas estatales en sociedades anónimas
El Gobierno extiende el plazo para convertir empresas estatales en sociedades anónimas
El Ejecutivo prorrogó por 60 días el plazo para la conversión, un paso clave hacia la privatización de empresas públicas.
Lo que importa sobre la extensión del plazo por parte del Gobierno para convertir empresas estatales en sociedades anónimas
El Gobierno extendió por 60 días el plazo para transformar empresas estatales en sociedades anónimas.
La medida busca simplificar el proceso de privatización en el marco de la emergencia económica.
Solo una empresa estatal, Corporación Buenos Aires Sur, completó la transformación.
La Comisión Nacional de Valores facilitó un régimen informativo para la oferta pública de acciones.
Empresas estratégicas como Energía Argentina y AySA están en el foco de las posibles privatizaciones.
Contexto
¿Por qué el Gobierno decidió extender el plazo?: La prórroga se estableció para cumplir con los requisitos de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y otros marcos legales necesarios para completar las conversiones. Según el decreto 1120/2024, “la gravedad de la situación exige su prórroga por el término de sesenta días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido”.
¿Qué implica la transformación en sociedades anónimas?: Convertir empresas estatales en sociedades anónimas es un paso previo a su privatización. Este modelo facilita la venta de acciones en la bolsa y abre la posibilidad de ingreso de capitales privados. Además, busca reducir el gasto público, uno de los objetivos del gobierno de Javier Milei.
¿Qué empresas están incluidas en este proceso?: Aunque inicialmente se planteó privatizar más de 20 empresas, solo seis están incluidas en la Ley Bases tras negociaciones con la oposición. Entre ellas están Energía Argentina (ENARSA), AySA, y Belgrano Cargas. También se contemplan mecanismos para que otras dos compañías reciban capital privado sin perder participación estatal.
¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional de Valores?: La Comisión Nacional de Valores aprobó un régimen contable transitorio que simplifica los requisitos para las empresas que deseen cotizar en bolsa. Este mecanismo se considera clave para facilitar las privatizaciones mediante ofertas públicas de acciones.
¿Qué avances se lograron hasta ahora?: Hasta la fecha, solo una empresa completó el proceso de transformación: Corporación Buenos Aires Sur, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de otras empresas, como la metalmecánica Impsa de Mendoza, las negociaciones avanzan lentamente.
¿Qué críticas enfrenta este proceso?: El enfoque rápido y amplio de privatización impulsado por el gobierno generó resistencias políticas. La reducción de la participación estatal en sectores estratégicos como la energía y el transporte suscita preocupaciones sobre las consecuencias para la soberanía económica y los servicios públicos.
Cómo sigue
El gobierno tiene 60 días para acelerar la conversión de las empresas estatales restantes, según el plazo estipulado en el decreto. Durante este tiempo, se espera que se formalicen más transformaciones, incluyendo potenciales acuerdos de privatización, como el caso de Impsa. A pesar de las resistencias, la administración de Javier Milei busca avanzar rápidamente en la venta de activos estatales, con la intención declarada de achicar el aparato estatal y atraer inversiones privadas al país. Sin embargo, las negociaciones con la oposición y los tiempos del mercado podrían condicionar los próximos pasos.
El jefe de Estado y el ex presidente quieren evitar jugar el rol del "mariscal de la derrota" ante una posible victoria de Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
